Una ley que permita la segunda instancia, la única esperanza de Arias

Luego de su extradición a Colombia, al exministro Andrés Felipe Arias no le queda otra alternativa que encenderle sus velas al Congreso. El Centro Democrático comenzará allí el trámite de una reforma legal que busca abrirle a los aforados una oportunidad para que sus sentencias condenatorias sean revisadas. Aunque la doble instancia y la doble conformidad para congresistas existe a partir de 2018, es reducida la lista de congresistas que tiene derecho a reclamar una segunda opinión judicial sobre sus sentencias. 

Que una iniciativa con estas características pase por el Congreso parece un milagro. Si se abre esta puerta, la Corte Suprema de Justicia tendría que revisar su historial de sentencias condentorias -más de 250 desde 1991- entre las que se encuentran decisiones consideradas como hitos: la parapolítica, la yidispolítica, el proceso 8.000. 

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El debate comienza con una carta en favor de Arias. La Corte Constitucional acaba de enviarle un nuevo exhorto al Congreso para que llene el vacío normativo que existió en Colombia antes del Acto Legislativo 01 del 2018, el cual permitió la revisión de fallos para aforados. No obstante, en la batalla legal que emprendió Andrés Felipe Arias desde hace nueve años cuando fue condenado, no ha conseguido la bendición de los congresistas. 

El proyecto de ley fue anunciado por el expresidente Álvaro Uribe en marzo de este año, cuando aseguró que pediría pista para que se conceda "la doble instancia retroactiva en la Corte Suprema”. Desde ese momento, la iniciativa fue bautizada como: la ley Andrés Felipe Arias.

Paralelo a ello, la defensa del exministro puso a andar una tutela que seguramente llegará a la Corte Constitucional. Lo que pide es que como un acto legislativo creó en el 2018 la doble instancia para aforados en Colombia, en virtud del principio legal de favorabilidad debe cobijarlo también a él aun cuando su condena sea previa. Arias batalla sobre el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que le pidió al Estado colombiano dar garantías judiciales al exministro. Hasta ahora, su petición no ha conseguido eco ni en la Sala Penal ni en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

De hecho, el argumento que le dio la Corte Suprema para negarle su petición es que ni ese tribunal ni ninguna otra instancia de la rama judicial tiene posibilidad de viabilizar su pretensión. Los magistrados dicen que se requeriría una reforma constitucional para "de una parte, suprimir los efectos de la cosa juzgada en casos como el del exministro y, de otra, para crear con carácter temporal un organismo judicial que actúe como superior jerárquico de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia".

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Las cuentas sobre tiempos tampoco le dan mucha esperanza al exministro. El anunciado proyecto requiere por lo menos un año de trámite en el Congreso. Y de ser aprobado tendría que esperar la bendición de la Corte Constitucional para entrar a regir. A esto se debe sumar el tiempo que tome la eventual revisión de su sentencia condenatoria. Así las cosas, es probable que Arias recupere primero su libertad por pena cumplida que por una revisión judicial de su proceso.

A la iniciativa de ley se le auguran ácidos debates en el Congreso por tener nombre propio y porque de prosperar generaría nada menos que un sismo jurídico que afectaría todas las sentencias condenatorias que profirió la Corte Suprema hasta que se creó la segunda instancia. No obstante, esta es una batalla casi que de honor que el uribismo está dispuesto a dar.

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