El cerrojo para los agresores sexuales

Hace un año, el entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, consiguió que el Congreso aprobara una ley para ponerle freno al excesivo uso de los carcelazos en Colombia. Era la norma que imponía nuevos criterios a la detención preventiva, toda vez que en las cárceles colombianas por lo menos 43.000 presos permanecían detenidos sin que se les resolviera su situación y pasaban muchos años tras las rejas sin recibir condena.

Esa ley consagró que ningún colombiano podrá estar privado de su libertad más de un año en la etapa de juicio, en procesos simples, ni más de dos años en casos complejos. También decidió que los términos fuera del juicio comenzaban a contar cuando la Fiscalía presentaba el escrito de acusación, lo cual también redujo esos tiempos de espera.

El Congreso les dio un año a la Fiscalía y a los jueces para evacuar esos procesos pendientes. Sin embargo, ese plazo está por cumplirse el próximo primero de julio, día en que las puertas de las cárceles estarían a punto de abrirse para que algunos presos queden en libertad. Desde ya varias organizaciones han alertado por la posible excarcelación de peligrosos delincuentes, como violadores y agresores sexuales.  

Por eso, el ahora ministro de Justicia, Jorge Londoño, defiende un proyecto de ley que pide extender un año más ese plazo. Este lunes comenzará la discusión en las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara del proyecto de ley que busca frenar la excarcelación masiva de presos.

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical y ponente del proyecto, propondrá en el debate ampliar a tres años el plazo para que los operadores judiciales definan la situación de los presuntos delincuentes sexuales que se encuentran recluidos.

“Los delincuentes sexuales no tendrán posibilidad de quedar en libertad en aproximadamente tres años si así lo considera el juez de garantías”, explica Motoa.

La propuesta es que en casos de delitos sexuales tengan un plazo de medida de aseguramiento o detención preventiva de un año que pueda ser prorrogado por un año más, pero su vigencia inicie a partir del 2017.

Para Motoa esta propuesta evitaría que en julio próximo miles de procesados por acceso carnal violento o abuso sexual de menores salgan a las calles masivamente, pues ese riesgo estaba latente.

“Queremos que esto suceda con los delitos sexuales por la complejidad del asunto, porque involucra diferentes etapas y valoraciones en la investigación, porque cuando la víctima es una niña o niño, el juzgamiento requiere de un mayor análisis por parte de los operadores judiciales”, sostuvo Motoa.

‘Tatequito’ a maniobras dilatorias

Una vez se aprobó la ley de excarcelación, el año pasado, muchos casos apostaron por la dilación de los procesos para encontrar la libertad vía vencimiento de términos.

Con este nuevo proyecto de ley se buscará ponerles freno a estas prácticas. Motoa dijo que propondrá que el tiempo que se pierda durante la etapa de investigación sea sumado a la condena o a la medida de aseguramiento que le sea impuesta a un presunto delincuente.

“Sería tenido en cuenta el número de días, semanas o meses que ese procesado intentó de manera injustificada dilatar el proceso, eso se permite actualmente en la etapa de juzgamiento, pero nosotros queremos incluirlo en la etapa de investigación”.

Este proyecto tiene mensaje de urgencia del Ministerio de Justicia y se tiene que aprobar antes de 20 de junio, de lo contrario, el país está expuesto a la excarcelación masiva de alrededor de 43.000 presos a mitad de año.