Una pelea sin fin en Cauca

Casi un mes después de que los indígenas nasa del norte del Cauca se lanzaron a la Minga por la Liberación de la Madre Tierra, el balance no puede ser peor. Decenas de heridos, cultivos de caña incinerados, daños materiales incalculables y varias haciendas invadidas. Incluso, en medio de la tensión, surgió la controvertida propuesta de la senadora Paloma Valencia para que se dividiera ese departamento en dos, uno para los indígenas y otro para los mestizos, lo que le generó todo tipo de críticas y comentarios.

Indígenas de la comunidad nasa lideran la minga, que también es una protesta contra el gobierno, para quedarse por la fuerza con miles de hectáreas de tierra planas que, según ellos, les pertenecen ancestralmente pero que legalmente son, desde hace décadas o siglos, de reconocidas familias o empresas de Popayán y Cali. Desde 2008 no se registraban unos enfrentamientos tan fuertes entre las fuerzas del orden y los indígenas, que han generado 78 lesionados, uno de ellos por una bala; mientras que entre policías y soldados, hay 68 lesionados, cuatro de ellos de gravedad producto de un machetazo, armas de fuego y el impacto de un volador con pólvora.

Pese a la mediación de la ONU y la Defensoría del Pueblo, la semana cerró con miles de indígenas atrincherados en esas tierras y decenas de hombres del Esmad listos a desalojarlos.

SEMANA recorrió algunas de esas haciendas ocupadas por los indígenas y encontró varios elementos en común. Son tierras muy productivas que surten de caña a los ingenios de Cauca y Valle, se localizan en la parte plana, forman un corredor estratégico Cauca–Valle y están rodeadas por unos 20 resguardos agrupados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), que es la que lidera la Minga por la Liberación de la Tierra.

Las autoridades de Acin esgrimen tres argumentos para justificar las ocupaciones: incumplimientos del gobierno, que esos terrenos les pertenecen ancestralmente y que en varias de las haciendas que hoy ocupan se entrenaron los paramilitares que ejecutaron la masacre de El Nilo, en la que fueron asesinados 20 indígenas en diciembre de 1991. Con los años se sabría que ese acto criminal se ejecutó en contubernio con la fuerza pública. “Ahí hay sangre indígena y nos tienen que devolver esas tierras”, afirmó Feliciano Valencia, coordinador de la minga.

El meollo del asunto está en que después de la masacre de El Nilo, el Estado se comprometió a reparar y garantizar la no repetición de esos hechos de violencia contra la comunidad nasa. El gobierno Pastrana les prometió la entrega de 15.663 hectáreas de tierra como resarcimiento, algo que solo se vino a cumplir en 2013.

Por eso, el gobierno ha dicho que sí les honró los compromisos, pero que las tierras que hoy ocupan los indígenas nunca fueron ofrecidas. Y agrega que han ido más allá otorgándoles autonomía para manejar presupuestos en educación, salud y regalías. “Pese a todo ello, entendemos que hay un problema serio”, aclaró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Sin embargo, este y los dos gobiernos anteriores sí se rajan en la promesa de evitar nuevos actos de violencia contra los indígenas. Desde 2000 hasta la fecha, en el norte del Cauca se cometieron cinco masacres (Naya, Gualanday, San Pedro, San Francisco y Santander de Quilichao), además de decenas de crímenes selectivos contra la comunidad nasa, que dejaron 640 muertos.

Por cuenta de esos actos hoy los indígenas insisten en que deben ser compensados. De ahí la idea que tienen los nasa de exigir otras 20.000 hectáreas de tierra como reparación. Pero no cualquier tierra, sino las ubicadas en el valle. Además, advierten que el déficit de tierra para su comunidad es de 141.000 hectáreas.
 
Otra cosa piensa el gobierno, que considera que nadie se puede tomar por su propia cuenta la reparación ni mucho menos exigirla con medidas de hecho. Menos aún teniendo en cuenta que la figura de la  reparación está garantizada en la Ley de Víctimas. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, intentó negociar antes del día cero de las protestas ofreciendo 3.000 hectáreas de tierra y 2.000 millones de pesos para proyectos productivos. La propuesta fracasó.

Ahora los indígenas quieren varias haciendas emblemáticas de la región, como son La Emperatriz, Canaima, Las Margaritas, La Josefina, Japio, San Vicente, Quebradaseca, Miraflores, Granadita y García Arriba. Todas ellas suman apenas 2.500 hectáreas, pero se convirtieron en un trofeo de la reparación. Pero a la vez, estas son valiosas tierras en las que llegó la expansión de la caña.

Todd Howland, jefe de la ONU en Colombia, cree que el fondo del problema no es la tierra, sino la reparación y la no repetición, ya que “hasta ahora las reparaciones colectivas se limitan a acciones simbólicas”.

La insistencia histórica de los indígenas por esas tierras ha generado varias suspicacias. Por ejemplo, oficiales del Ejército y la  Policía consultados por esta revista coinciden en argumentar que esas haciendas forman un corredor estratégico que podrían usar grupos armados ilegales, ya que “por allí se puede conectar la parte plana de Cauca y Valle, con la cordillera central”, dijo un general del Ejército tras asegurar que por años el sexto frente de las Farc ha intentado sacar de la zona a los ingenios azucareros.

Sin embargo, señalar a los indígenas de favorecer a la guerrilla con la protesta no deja de ser una conclusión facilista, ya que justamente la comunidad nasa y su guardia han dado infinidad de muestras de autonomía y resistencia civil frente a las atrocidades y abusos de las Farc. Incluso históricamente, las Farc se han enfrentado constantemente con los indígenas porque no los han apoyado.

Donde sí parece equivocarse esta comunidad es en su empeño por ocupar a la fuerza tierras que legítimamente adquirieron particulares. Isabella Victoria, directora de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, afirma que “mientras la población indígena crece, la tierra sigue siendo la misma y en ese orden de ideas nos sacarán a todos a codazos”.

Sus palabras se apoyan en que ellos ya son dueños de 721.000 hectáreas de tierra de las 3 millones que componen la región, lo que deja ver que se trata más bien de “una guerra interétnica donde los indígenas están abusando”.

Por su parte, los indígenas dicen que la mitad de la tierra que hoy poseen es de conservación, y por tal motivo “no tenemos dónde sembrar comida. Nos toca buscar en la parte plana, pero todo es caña”, explicó Manuel José Liz, gobernador suplente del resguardo de Corinto.

Ese choque de intereses, fue lo que llevó a la senadora Valencia del Centro Democrático a “promover un referendo o una consulta para que el departamento del Cauca se divida en dos. Un departamento indígena y otro para los mestizos”, lo que terminó por enardecer aún más las posiciones y le generó una lluvia de críticas, incluso del mismo gobierno.

Es claro que la expansión de los intereses de los indígenas de Cauca y Nariño está generando cada vez más una confrontación institucional con el Estado, que no tiene claro, o por lo menos no lo ha querido definir, de hasta dónde llega la autonomía constitucional de esos pueblos. Así como hay fuertes tensiones por la presencia de soldados y policías en esos territorios, ahora esas diferencias se están viendo en la propiedad privada.

Así el gobierno aceptara entregar otras 20.000 hectáreas de tierra que exigen los indígenas, en el norte del Cauca no hay de dónde sacarlas, porque la poca tierra no es de los resguardos y es una tierra de altísimo valor económico. De ahí que muchos digan que la Minga por la Liberación de la Tierra va para largo.