NACIÓN
La increíble tutela que reconoce el derecho a la salud a un perro
Una jueza ordenó a la Secretaría de Salud del Tolima suministrar los medicamentos demandados por la dueña de Clifor, un schnauzer que sufre de epilepsia.
Es de no creer, pero cierto. Un nuevo paso hacia el polémico reconocimiento de los derechos de los animales tuvo lugar en Ibagué. Una jueza penal del circuito tuteló el derecho a la salud de Clifor, un schnauzer que padece de epilepsia idiopática y al que el veterinario le recetó fenobarbital para tratar su condición. La decisión judicial en favor del can se produjo hace poco más de una semana y compromete a las autoridades locales.
Resulta que el medicamento señalado —un agente antiepiléctico— es de circulación restringida y la única entidad con autorización del Ministerio de Salud para distribuirlo en la ciudad es la Gobernación del Tolima, a través de su Secretaría de Salud.
Esta oficina lo venía haciendo con regularidad hasta el pasado mes de junio, momento en que, para infortunio de Clifor, se agotaron existencias. El animal sufre convulsiones espasmódicas algunas veces tan severas que pueden llevarle a perder la conciencia: la epilepsía de tipo idiopático es la de peor pronóstico.
Lina Sofía Lozano, la dueña de Clifor, acudió en dos ocasiones a las instalaciones de la Gobernación con el propósito de encontrar las tabletas medicadas que la mascota requería, pero se encontró con que debido a la pandemia que estremece al mundo no se estaba prestando atención al público.
Ante esa encrucijada, la responsable ama decidió entablar una acción de tutela para que su chucho pudiera "salvar su vida, poder vivir sin sufrimiento y con dignidad". Aunque la rama judicial estaba paralizada en todo el país, las tutelas y las audiencias con capturados seguían operando. Una ventana de esperanza para Clifor.
La jueza le dio 48 horas a la Gobernación del Tolima para conseguir las medicinas que requiere el perro.
Isabel Indira Molina, la jueza a la que le correspondió el sigular caso, recurrió a la jurisprudencia constitucional para resolverlo. Apeló al principio de "solidaridad social", que obliga a las personas a asistir y proteger a los animales y a un sentido amplio de la unidad familiar como derecho fundamental. Luego de hacer consideraciones al respecto, Molina ordenó a la Secretaría de Salud que en un término no mayor a 48 horas se realizaran las gestiones necesarias para que Clifor pudiera acceder a sus tabletas de fenobarbital.
En las averiguaciones del caso, la justicia encontró que existía un atraso en el pago de los contratos a la Dirección Nacional de Estupefacientes por parte de la Secretaría de Salud y el Fondo Rotatorio del Tolima, y que esta era la causa para que el medicamento se hubiera agotado en el departamento.
En la decisión, la jueza hizo un llamado a ambas instituciones para que tomen las medidas administrativas que sean necesarias con el fin de evitar que los usuarios del sistema de salud tuvieran dificultad en el acceso a fármacos de este estilo, tal y como sucedió con Clifor.
Por último, pero no menos relevante, la jueza afirmó que la no entrega oportuna del fenobarbital constituía una vulneración a la preservación del núcleo familiar conformado por la dueña, los padres de esta, su hermana y, por supuesto, Clifor. Este modelo de clan multiespecie —que incorpora un animal a una familia y le asigna reconocimiento legal— puede llegar a convertirse en un hito en materia de derechos de los animales. Mientras los juristas discuten la barbaridad o el avance que el caso entraña, el paciente perruno espera superar su cuadro de epilepsia.