Una vez más, la Judicatura demuestra que es dura de acabar

Es el artículo infaltable en cada reforma a la justicia. La eliminación del Consejo de la Judicatura se ha incluido como propuesta en varios de los proyectos que se han presentado ante el Congreso en los últimos años para reformar la estructura del Estado.

Los escándalos por presuntos actos de corrupción que han involucrado a algunos de sus miembros y su supuesta ineficiencia en la administración de los recursos de la rama, han sido los argumentos que han sacado a relucir los últimos gobiernos para eliminar esta entidad.

Pero sus iniciativas se han chocado con el Congreso e incluso, en los casos en los que llegaron a superar el debate en el legislativo, no han superado el examen de la Corte Constitucional. Hasta ahora, ninguno lo ha logrado. El Consejo de la Judicatura sigue funcionando de la misma manera que siempre.

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Los frustrados intentos de reforma

De la necesidad de eliminar el Consejo de la Judicatura se viene hablando desde hace años.

En el 2012, su existencia se volvió para muchos insostenible, debido a escándalos de supuesta corrupción y carruseles de pensiones en los que se vieron envueltos algunos de sus magistrados. De ahí la reforma a judicial que en ese entonces vislumbraba como uno de sus objetivos la disolución de la entidad.

El proyecto resultó siendo todo un desastre. El acto legislativo se convirtió en lo que muchos identificaron como un salvavidas orquestado por congresistas para salvarse de los líos judiciales en los que estaban implicados. Por eso, el propio presidente Juan Manuel Santos el que instó al Congreso a hundir lo que hasta ahora era un proyecto bandera de su administración. Hasta ahí la primera ‘salvada’ del Consejo Superior.

A pesar de fracasar en ese primer intento, el Gobierno estaba decidido a darle sepultura al organismo judicial. Nunca ocultó sus intenciones y así se lo hizo saber a la opinión pública, a través de las tantas comisiones técnicas que conformó para reformar el poder judicial.

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Luego de infinidad de debates inconclusos, el Ejecutivo encontró la oportunidad perfecta para concretar sus intenciones. Aprovechó el trámite en el Congreso de un acto legislativo que buscaba eliminar la reelección presidencial para, por esa vía, introducir las tan anheladas modificaciones a la justicia, entre ellas la disolución del Consejo Superior de la Judicatura.

Esta vez sí lo consiguió. En julio, la coalición del Gobierno anunció con bombos y platillos la aprobación del proyecto de equilibrio de poderes. La reforma constitucional no sólo le ponía punto final a la reelección inmediata del presidente, también desahuciaba a la más criticada de las altas cortes, que sería reemplazada por dos organismos distintos.

El Consejo de Gobierno Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina asumirían las funciones del Consejo Superior. El primero supliría las funciones de la Sala Administrativa y la segunda, la Disciplinaria. El objetivo era que las tareas administrativas de la saliente entidad empezaran a ser asumidas por el nuevo organismo antes de terminar este año.

El éxito de ese propósito dependía de que el nuevo Consejo de Gobierno estuviera conformado antes de finalizar el 2015. Pero ese cometido no se logró, debido a que el Consejo de Estado suspendió la elección de varios de los integrantes del nuevo órgano administrador de la rama, entre ellos la del representante de los jueces y magistrados y la de los tres expertos con asiento permanente en esta nueva célula.

Eso le dio al Consejo Superior de la Judicatura unos meses más de respiro hasta que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo decidía resolver los expedientes.

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Pero, mientras esa decisión se daba, la Corte Constitucional lo devolvió a la vida. El tribunal declaró inconstitucional la conformación del Consejo de Gobierno Judicial que debía remplazar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Con la decisión, las cosas volvieron a quedar como al principio y el organismo siguió vigente.

Ahora, el Gobierno Duque, que aún no cumple sus primeros días, ya hizo su primer intento de acabar con la Judicatura y también, por el momento, fracasó en el intento.

La plenaria del Senado derrotó este miércoles en la noche la propuesta del Gobierno de acabar con el organismo, de modo que seguirá al frente de la administración de la rama. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aseguró que insistirá con la aprobación de la iniciativa en la Cámara, pero reconoció lo difícil que es acabar la judicatura.

"Yo no sé porqué se resiste. Cuando uno está en todas las reuniones de trabajo, foros, todo mundo dice que es una estructura que es disfuncional, que tiene que cambiarse, que es necesaria una nueva estructura para liderar toda la transformación de la justicia, y cuando llega la hora del cambio no se deja morir. No sé qué pasa, es muy resistente esa estructura", dijo Borrero en una entrevista con RCN Radio.