Capturan a exdirectivos de la Uniautónoma, Ramsés Vargas está prófugo

Desde la madrugada de este miércoles, unidades del CTI de la Fiscalía iniciaron un operativo para dar captura al menos a siete exempleados, entre ellos varios exdirectivos, de la barranquillera Universidad Autónoma del Caribe por el supuesto desangre de recursos de ese establecimiento.

Entre los detenidos está Mario Romero (ex secretario general y ex rector encargado), Pedro Sierra García (ex vicerrector académico), Efraín Maldonado Palma (exgerente de Tecnología de la institución y ex representante legal suplente), Orlando Saavedra (ex director financiero), Jesús Pantoja (ex secretario general), Cindy Soler (extesorera), Laura Utria (auxiliar de egresados) y Laura Laíno (asesora de Rectoría y ex subgerente jurídica). Hay orden de captura contra el exrector Ramsés Vargas Lamadrid.

Los investigadores evidenciaron que en noviembre de 2017 Vargas reformó el estatuto 131-031 del 5 de diciembre de 2003 "para implementar una medida administrativa con la cual se autorizaba el recaudo del dinero en efectivo por gastos pecuniarios". A dichos recursos se les dio presuntamente una administración desleal, incumpliendo el objeto social de la institución.

Al parecer los indiciados, que hacían parte de los órganos de dirección de la universidad (Sala General y Consejo Directivo), la Secretaría de Crédito y Cartera, la Vicerrectoría Financiera, Contabilidad y Tesorería, habrían llegado a un acuerdo para perpetrar una defraudación superior a 16.000 millones de pesos.

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A los indiciados, según su posible responsabilidad, el un fiscal especializado de la Unidad de Administración Pública, Seccional Atlántico, les imputará cargos ante un juez de control de garantías de Barranquilla, por los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documentos, concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y estafa.

Versiones indican que hasta el momento se han hecho dos allanamientos en Barranquilla sin lograr dar con el paradero del exrector Ramsés Vargas Lamadrid, contra quien se expidió orden de captura y sería el principal protagonista de lo que sería una trama para desviar recursos de la universidad hacia el exterior.

Larga crisis

La universidad, luego de la crisis que supuso la administración de la exrectora Silvia Gette (exesposa de Mario Ceballos Araujo, fundador de la institución), quien fue señalada por desviar millonarios recursos a su patrimonio, recayó en manos de Vargas Lamadrid.

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La crisis comenzó a agudizarse a mediados de 2017, cuando profesores y funcionarios administrativos denunciaron el atraso en los pagos de nómina, por periodos de dos y tres meses, hasta llegar a la situación actual de la Universidad, situación que todavía no ha sido completamente normalizada.

La situación en ese entonces llevó a que varias facultades entraran en paro. Los profesores dijeron que no volvían a dictar clases hasta que no les pagaran los salarios atrasados y luego se sumaron los alumnos.

Uno de los cuestionamientos más delicados contra la administración de Ramsés Vargas es el nepotismo que ha caracterizó su paso por la rectoría: sus padres, hermanos, tíos, primos y primas, cuñados de sus primos y familiares en distintos grados de consanguinidad y afinidad, desempeñaron más de 40 cargos en la universidad.

También se le criticó la residencia donde viven su esposa en el sur de la Florida y seis hijos desde junio de 2017 en el sur de la Florida (EE UU), adquirida por tres millones de dólares. Registraba otro predio en Collins Avenue, en Miami, por valor de 330.000 dólares y una tercera propiedad en el condado de Palm Beach, Florida, cuyo valor es similar.

Ante la presión, el rector Vargas Lamadrid renunció el pasado 3 de enero por medio de un video colgado en YouTube, grabado presumiblemente desde Estados Unidos, en el que se fue lanza en ristre contra el Gobierno Nacional y los medios de comunicación.

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En marzo pasado, la vicefiscal María Paulina Riveros visitó Barranquilla para apersonarse del caso y, tras escuchar a una comisión de docentes y estudiantes de Uniautónoma, anunció que se abría una investigación penal. El paso entonces era “determinar si hay méritos en su momento para imputar, acusar y juzgar a las personas que son señaladas de cometerlos”. Ocho meses después esas acciones comienzan a materializarse.