“Unidad de Búsqueda de Desaparecidos está funcionando con 14 personas”

La búsqueda de los desaparecidos a causa del conflicto armado es una de las tareas más complejas que hacen parte de la implementación del acuerdo de paz.

Se calcula que en el país hay unas 82.000 personas desaparecidas, muchas de las cuales son buscadas por sus familiares desde hace más de 30 años. Aunque buena parte de ellas estarían entre los miles de cadáveres sin identificar que están sepultados en el país, otra parte no podrán ser encontradas porque sus victimarios se deshicieron de sus cuerpos.

Es una labor titánica, que hoy realizan de manera dispersa distintas entidades. Para coordinar estos esfuerzos, el acuerdo de paz creó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que debe cumplir esta misión no con un propósito judicial, sino humanitario.

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La entrada en funcionamiento de esta Unidad ha estado, sin embargo, llena de tropiezos.

En primer lugar, la posesión de su directora, Luz Marina Monzón, nombrada por el Comité de Escogencia en septiembre del 2017, tardó casi cinco meses en producirse.

Una vez posesionada, en febrero pasado, el Gobierno expidió unos decretos en los que se crearon, de manera provisional, 14 cargos y se dio un plazo de 5 meses para que la planta de personal y la planta definitiva de la entidad comenzara a operar.

Ese plazo, sin embargo, se venció el 15 de julio sin que hasta el momento se hayan expedido los decretos para crear la estructura definitiva, que debe incluir los recursos y la planta de personal necesarios para operar. “La Unidad está funcionando con 14 personas, 8 de las cuales cumplen labores administrativas”, dice su directora.

“Eso, el efecto que produce, es que la Unidad no está funcionando plenamente. No tiene la capacidad mínima para cumplir su misión, que es la búsqueda de los desaparecidos”, agrega.

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Monzón explica que en febrero se hizo un estudio técnico que determinó que la Unidad necesitaba unas 522 personas para operar, pues su labor debe principalmente desarrollarse en las regiones, no en Bogotá. Se calculó que la entidad debía tener, por lo menos, 18 puntos de presencia en el territorio.

En las reuniones que se llevaron a cabo para discutir ese estudio, dice, el Ministerio de Hacienda sostuvo que la provisión de los cargos debía hacerse de manera progresiva, comenzando por un 30% en 2018, pero haciendo esa salvedad, estuvo de acuerdo en la estructura propuesta. Eso significaba que para este año, la Unidad recibiría 7 mil millones de pesos para operar.

Sin embargo, el decreto en el que debe formalizarse la estructura aún no ha salido y menos de la mitad de los recursos fueron asignados. Ya fue aprobado por el Ministerio de Justicia, pero está pendiente de la firma del de Hacienda.

Monzón advierte que si no se aprueba pronto, con el cambio de gobierno, la entrada en funcionamiento pleno de la Unidad podría tardar incluso un año, pues tendría que iniciarse de nuevo todo el proceso que ya se ha hecho en el actual gobierno.

“La búsqueda de los desaparecidos es un tema clave para la implementación del acuerdo de paz, para generar confianza en las víctimas y garantizar la no repetición”, concluye.