Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas tendrá nuevo director o directora; se priorizará hallazgo de más de 100 mil personas

El Ministerio de Justicia acaba de convocar el Comité de Escogencia del nuevo director o directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, en un plazo inicial de tres meses.

Dicho Comité de Escogencia está integrado por los delegados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Myriam Ávila Roldán; del Secretario General de Naciones Unidas, Marcie Mersky; de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, María Clemencia Castro; de la presidencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, Álvaro Gil Robles, y de la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), María Camila Moreno.

Cabe recordar que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas fue creada a partir del Acuerdo Final de Paz para un periodo de 20 años, como parte del Sistema Integral para la Paz junto a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que en agosto de 2022 entregó al presidente Gustavo Petro su Informe Final y Recomendaciones.

El periodo de cinco años de la actual directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón Cifuentes, vence el próximo 19 de febrero. No es para menos, porque se trata de un. cargo muy importante. De hecho, el Gobierno tiene como meta la búsqueda de más de 100.000 personas desaparecidas en el país, en distintas regiones.

EL COMITÉ DE SELECCIÓN

Del Comité de Escogencia hacen parte la magistrada Myriam Ávila Roldan, delegada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ha trabajado en la Rama Judicial y el Ministerio Público. Se ha desempeñado como magistrada auxiliar y magistrada encargada en la Corte Constitucional, consultora de la Fiscalía General de la Nación, procuradora delegada para la investigación penal, entre otros. Así mismo, ha sido docente en cátedras de Protección de Derechos Humanos, Derecho Penal Constitucional, Derecho Penal Internacional.

Marcie Mersky, delegada del Secretario General de Naciones Unidas. Es experta en justicia transicional y ha participado en procesos de memoria histórica, reconciliación y búsqueda de personas desaparecidas. Se desempeñó como enlace de las Naciones Unidas para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), consejera política de alto nivel en la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el asesinato de Benazir Bhutto (Pakistán), y fue coordinadora del Informe Final de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala.

Álvaro Gil Robles, delegado de la presidencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Es un jurista con amplia experticia en derechos humanos. Se ha desempeñado como Defensor del Pueblo en España, comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, entre otros cargos. En 2017 hizo parte del Comité de Escogencia de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, los comisionados/as de la Comisión de la Verdad y la directora de la UBPD en Colombia.

María Clemencia Castro, delegada de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado. Es profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y directora adjunta del Observatorio de Paz y Conflicto de la misma universidad. Como docente ha participado en diversos procesos de formación e investigación académica sobre temas relacionados con construcción de paz y conflicto armado. Recientemente, dirigió proyectos de investigación relacionados con el trabajo de la UBPD y el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

María Camila Moreno, delegada del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Es la directora de la Oficina del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia desde el año 2012. Bajo su liderazgo, esta organización acompañó y asesoró la mesa de negociación de La Habana y ha brindado apoyo al funcionamiento del Sistema Integral para la Paz. Ha trabajado con comunidades étnicas en la formulación e implementación de políticas públicas en derechos humanos, y la vinculación con instituciones públicas y agencias internacionales.

La petición de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

Hace pocas semanas, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas diseñó un plan estratégico que incluye 23 planes regionales, a lo largo de todo el país, que han involucrado el manejo y abordaje de las fosas y sepulturas donde, eventualmente, tras un detallado análisis, contrastación y verificación por parte de expertos se pueden hallar los restos de las personas cuyos familiares las reportaron como desaparecidas en medio del conflicto armado.

Eso produjo, entre otras cosas, un avance en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios y Sepulturas Ilegales, que ha permitido consolidar la depuración de información de un universo de cerca de 100 mil personas que estarían en esa condición; de hecho, el trabajo adelantado por el Plan Nacional de Búsqueda ya permitió la recuperación de 600 cuerpos y la identificación de ocho personas.