ENCUENTRO

Unidos contra la militarización de Latinoamérica

Más de mil mujeres y representantes de comunidades indígenas y organizaciones sociales se reúnen para dar a conocer la situación que afrontan los pueblos que están en medio del conflicto armado.

17 de agosto de 2010
Enriqueta Anacona, del programa de mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, hace parte de este encuentro.

Martha Figueroa Mier sólo sabe de Arauca lo que las noticias le han permitido conocer. Ella vive en México, pero está en Colombia como asistente al Encuentro internacional de mujeres y pueblos de las américas contra la militarización, y como parte de la comisión que estará en Arauca para conocer, de las voces de los mismos pobladores, los efectos del conflicto armado, especialmente en las mujeres.

Ella es fundadora, en el estado mexicano de Chiapas, de la primera agencia investigadora en delitos sexuales, y además, es presidenta del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem). Pero esta mexicana no es la única. Como ella, cientos de líderes y defensores de los derechos humanos de diferentes países llegaron este martes al país para decir por qué están en contra de la militarización en los países de este continente.

El encuentro se realiza en un escenario que los organizadores señalan de “reposicionamiento imperialista de Estados Unidos en nuestros países”, y que dicen se hace visible en la ampliación de la instalación de bases militares norteamericanas en Colombia y Panamá; el golpe de Estado en Honduras; las amenazas de golpe en Paraguay y la ocupación militar de Haití aprovechando el desastre natural.

Por eso, el objetivo de este evento es claro. Los asistentes al encuentro, divididos en nueve misiones humanitarias, llegarán a las zonas más militarizadas del país con el ánimo de conocer los efectos en las vidas de quienes habitan estos territorios y darlo a conocer en el gran debate que se realizará los días 21 y 22 de agosto en Barrancabermenja, Santander, donde harán presencia la parlamentaria alemana Heike Hansel y las congresistas colombianas Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez.

Este martes, cuando la Corte Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos y decidió devolver el tratado al Gobierno para que este le diera el correspondiente trámite en el Congreso, más de mil personas se reunieron en Bogotá para luego esparcirse por todo Colombia con el único fin de sentar su posición frente a la intervención militar de otros países en el nuestro.

Fue justamente a raíz de que el Gobierno colombiano firmó en 2009 este nuevo acuerdo, que permitía el uso de siete bases militares por parte de Estados Unidos, que decidieron convocar a este encuentro, que en poco tiempo logró reunir a más de mil participantes.

Voces indígenas

Enriqueta Anacona, del programa de mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), también hace parte de este encuentro. Su presencia obedece a su interés por “hacer parte de la construcción de un proceso de unidad con otras organizaciones en la defensa de nuestro territorio, de nuestra vida”.

Según la líder indígena, no basta con la polémica que, por ejemplo, las bases militares despiertan en el país, si no se tienen en cuenta sus efectos en los pueblos.

“Hace falta que se discutan los ‘otros’ efectos que la militarización de nuestro territorio trae: desplazamiento, violación de los derechos de las mujeres y pérdida de la soberanía de los pueblos”, señala la mujer.

Ella, en representación de su pueblo y de su género, también asegura: “la militarización de los territorios ha conllevado a la pérdida de la soberanía, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Somos las mujeres las que sufrimos las consecuencias de la guerra, que ha agudizado la discriminación, la explotación, el reclutamiento forzado, las violaciones sexuales y los feminicidios”.
 
Alexa Conradi, presidenta de Québec Solidaire, se une a la voz de la indígena del Cauca. Ella también hace énfasis en el objetivo del encuentro, que no es más que fomentar la lucha “contra la presencia militar en los territorios civiles", para "crear un movimiento regional para terminar con la coerción de derechos de los pueblos" ejercida por las Fuerzas Armadas.