Suspenden ingreso de nuevos estudiantes a la U. San Martín

La crisis de la San Martín es tan profunda, que los 18.000 estudiantes y 4.000 empleados les pidieron hace algunos días al Gobierno y al Ministerio de Educación que dejen a un lado tantos anuncios e investigaciones y tomen medidas definitivas que los salven de la debacle.

Este miércoles el gobierno nacional tomó cartas en el asunto y anunció las primeras medidas que adoptó el Ejecutivo para intervenir la institución educativa.

A través de una rueda de prensa, la ministra Gina Parody anunció que quienes se encuentran adelantando sus estudios en la institución podrán terminarlos, pues el Gobierno se encargará de garantizarles tal derecho.

Sin embargo, advirtió que por ahora queda suspendido el ingreso de nuevos estudiantes. De manera preventiva, la Universidad no abrirá primer semestre el próximo año en sus diferentes programas.

"Vamos a proteger a los estudiantes actuales. Les vamos a dar calidad y continuidad", aseguró. Las medidas que aplican para todas las sedes que hay en por lo menos 13 departamentos también incluyen la construcción de una fiducia que será de ahora en adelante la encargada de recolectar los dineros de las matrículas, "para que los dineros vayan directamente a lo que debe", indicó la ministra.

Aunque el Gobierno no puede intervenir directamente y remover las directivas de la universidad, Parody confirmó que seguirá la vigilancia administrativa, financiera y académica sobre la entidad que lleva ya ocho sanciones. "Tendremos un grupo de alto nivel para hacer vigilancia a las gestiones financiera y administrativa", dijo.

Son más de 40 días los que completan las protestas de estudiantes y los docentes de la entidad, a quienes no se les ha pagado desde hace dos meses por sus servicios.

Hace algunos días un estudiante denunció ante el Concejo de Barranquilla que dineros de las matrículas se consignaban en una cuenta que no estaba a nombre de la universidad. A él se sumó la senadora Claudia López, quien denunció que la San Martín pidió a sus alumnos pagar sus matrículas en el Fondo para el Fomento de la Educación, que se supone estaba destinado a prestarles dinero a los estudiantes más necesitados.

López demostró que la institución creó “otra entidad jurídica a través de la cual siguen captando matrículas, mientras le dicen al Ministerio de Educación y las demás entidades que no tienen un peso para pagar a los trabajadores y acreedores”.

En este sentido, según la denuncia que ya fue instaurada ante la Fiscalía en Bogotá, el dinero recaudado por concepto de matrículas y demás, a través del Fondo para el Fomento de la Educación, podría no entrar a las arcas de la universidad, sino estarse desviando a tres fondos más.

Por ahora, la Fundación Universitaria estará bajo la lupa del Gobierno y la Fiscalía, quien también entraría a investigar varios delitos que se estarían configurando al interior del complejo como estafa, abuso de confianza calificado y captura ilegal de rentas. "Todas las acciones que el ministerio tome serán para que los estudiantes accedan a educación de calidad", concluyó la funcionaria.