Universidades y colegios vivirían un revolcón por reforma constitucional. Los rectores se elegirían por democracia directa

En Colombia, en casi ningún colegio o universidad, el rector se elige por votación popular. Pero un proyecto para cambiar la constitución le apunta a eso. Lo que propone es sencillo: que el artículo 68 establezca que la “comunidad educativa participe en la dirección y funcionamiento de las instituciones de educación superior en todos los niveles y formas”.

Además, asegura que esa participación se dará de manera “democrática, participativa, pluralista y directa”.

Y especifica que no puede haber ningún sistema que no le apunte a esa forma de elección, casi que por voto popular, pues “se prohíbe cualquier forma de delegación que sustituya la elección directa de los representantes de los estamentos en la comunidad educativa en los órganos de dirección”.

De aprobarse, esto significaría un verdadero revolcón. Implicaría que rectores que llevan años en sus cargos de las universidades más tradicionales deban salir a buscar el apoyo de sus estudiantes uno a uno para refrendar su labor. También abre la puerta a que cualquier persona se pueda postular a ser rector de cualquier universidad con posibilidades de obtener el cargo.

Eso nunca ha sucedido en Colombia, en donde estas posiciones suelen ser elegidas con tradicionales sistemas que en algunos datan de siglos. El tema tiene con los pelos de punta a muchas instituciones.

No menos les preocupa el hecho de que se plantea la creación de una superintendencia de Educación, lo cual le daría un poder muchísimo mayor a los gobiernos para interferir en las actividades de los centros educativos, que hasta el momento han gozado de la protección de la autonomía universitaria.

El proyecto de ley sostiene que esta entidad “ejercerá la suprema inspección, vigilancia y control, como una política pública independiente de la política pública educativa, sobre los prestadores del servicio público educativo en todos los niveles y formas, sean estos públicos o privados”.

Agrega, además, que la superintendencia llevará el registro de los títulos, certificaciones, homologaciones, validaciones y convalidaciones de estudios adelantados en el país o en el exterior. Sobre el alcance del proyecto, también se busca que el estado colombiano garantice la educación desde la primaria hasta la superior.

“El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria desde la educación inicial, entre los cero y los seis (6) años, hasta la educación superior en igualdad de condiciones, inclusiva, de calidad y pertinencia para todas las personas desde las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad”, se puede leer en el proyecto.

Las críticas no se han hecho esperar, por ejemplo, a través de un comunicado dado a conocer por sus canales oficiales, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) mostró su negativa hacia la propuesta.

“En un contexto de desfinanciación de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y debilitamiento de las privadas, la propuesta de crear una nueva entidad encargada no sólo de la supervisión, sino además del control de la educación resulta preocupante. Esta entidad duplicaría funciones ya asignadas a organismos existentes como CONACES, CNA, subdirecciones del MEN, ICFES y secretarías de educación, o funciones que tienen las mismas IES, generando costos adicionales y burocracia innecesaria”.

Dicha propuesta, tiene como trasfondo algunas de las ideas de la fallida reforma a la Educación presentada por el gobierno de Gustavo Petro y que hace poco terminó cayéndose en el último debate en el Congreso de la República en junio en el último día de legislatura, donde ni siquiera fue discutido por los senadores y que tenía como supuesto máximo objetivo garantizar el derecho a la educación para toda la población.

Así mismo, preocupa que el proyecto tenga el apoyo de varios sectores políticos, ya que podría hacer más fácil su trámite en el Congreso de la República. Algunos de los congresistas que han manifestado su respaldo a la iniciativa son Julio Elías Chagüi y Julio Alberto Elías de la U. Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, Germán Blanco y Juan Carlos Wills, Jhon Jairo Roldán del Partido Liberal, Luis Alberto Albán de Comunes, Heráclito Landínez, Pedro José Suárez y Jorge Alejandro Ocampo del Pacto Histórico, Catherine Juvinao de la Alianza Verde, Jennifer Pedraza de Dignidad, Hernán Cadavid y José Jaime Uscategui del Centro Democrático y figuras como Marelen Castillo y Miguel Polo Polo, entre otros varios.