Uno de los seis policías acusados en un caso de tortura y secuestro quiso declarar, pero fue muy tarde

Un escándalo sacude hoy a la Policía Nacional, por cuenta de seis uniformados, que se habrían puesto de acuerdo para tomarse un caso de hurto por justicia con mano propia. Entre los capturados se encuentra el jefe judicial de la Policía de Tránsito, un coronel, quien presuntamente habría sido el cerebro de la acción arrastrando a sus subalternos.

Sin embargo, en la audiencia de legalización de captura, el abogado de uno de los policías detenidos dijo, que su cliente en repetidas ocasiones se habría ofrecido a declarar, pero nunca lo llamó la Fiscalía y por el contrario lo capturó.

Recientemente sorprendió la noticia sobre la captura de varios policías por una secuencia de delitos, tortura, secuestro y concierto para delinquir. La historia, según la contó la propia policía, se trata de seis uniformados se habrían toma el caso de un delincuente por su propia mano.

La razón para hacerlo, al parecer, es que el ladrón se robó la casa de uno de los implicados, del coronel, y luego los uniformados los habría ubicado y en vez de hacer la respectiva denuncia actuaron por su cuenta y por fuera del marco de la ley.

En medio de las audiencias de legalización de captura, el abogado Carlos Peralta, dijo que su defendido, uno de los policías capturado, se puso a disposición en repetidas ocasiones ante la Fiscalía General Nación, pero que el ente acusador lo detuvo.

“Mi defendido de acuerdo a algunos elementos materiales probatorios que allegó al suscrito, y que los tengo en este momento, se hace referencia a que también le comunicó a la señora Fiscal que al parecer si se le requería para alguna clase de investigación él queda a disposición del ente instructor”, señaló el jurista.

SEMANA informó en su momento que entre los capturados estaba, Gavino Humberto Gamboa, coronel de la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía y quien fue víctima de un atraco en su residencia y tras identificar a los responsables, acompañado por cinco subalternos, decidió tomar la justicia por su cuenta.

Según la propia policía que avanzó en la investigación interna, el caso ocurrió el pasado 29 de abril y en la indagación que se encuentra en la Fiscalía Especializada se estableció que el coronel, junto a los cinco uniformados, ingresaron mediante una orden de allanamiento fraudulenta y retuvieron a la persona, que luego se convirtió en denunciante de todo este proceso.

El operativo fue adelantado por el propio Gaula de la Policía en cumplimiento de las órdenes de captura que obtuvo el fiscal del caso y con el objetivo de presentarlos ante un juez de control de garantías por los delitos de secuestro simple, tortura agravada y concierto para delinquir.

Por su parte el director de tránsito y transporte de la Policía, el general Juan Libreros, indicó que luego de avanzar en la investigación conjuntamente con la Fiscalía, se ordenó por parte de un juez de la República la captura en contra de los uniformados.

El oficial explicó, efectivamente que luego de conocerse la denuncia sobre el caso, donde se abordó bajo la premisa de la Fiscalía por los delitos de secuestro, tortura y concierto para delinquir, se abrió la respectiva investigación disciplinaria en contra de los uniformados.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que tienen el material probatorio para demostrar su responsabilidad en los delitos que serán imputados.

Se trata de evidencias que incluyen la denuncia de la víctima, algunos videos de seguridad y audios que fueron grabados justamente por quién fue sometido y privado de la libertad, aparentemente por los uniformados ahora capturados.

La investigación arrancó cuando la supuesta víctima se acercó a la Fiscalía y radicó una denuncia contra el oficial. Dijo que el coronel llegó en un vehículo oficial junto con otras personas, ingresó con una orden de allanamiento y al interior de la casa fue sometido a golpes y tratos crueles, que ahora el fiscal del caso encajó en el delito de tortura.

La captura se dio en horas de la mañana del martes 06.07.2021 y se espera que luego de completar los informes del procedimiento que adelantó la propia Policía, se legalice esa detención, imputen cargos y soliciten ante el juez de garantías en la Uri de Puente Aranda, una medida de aseguramiento en centro carcelario.