Corte Suprema de Justicia respalda al fiscal Francisco Barbosa y niega recusación de Nicolás Petro en su contra

Este jueves, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia negó la recusación presentada hace algunas semanas por Nicolás Petro Burgos en contra del fiscal General, Francisco Barbosa, para que no emita ningún pronunciamiento en medio de la investigación que se adelanta en contra del diputado por el Atlántico por el delito de lavado de activos.

Por unanimidad, la Sala Plena -conformada por todos los magistrados que están activos- declaró infundada la recusación radicada hace unos meses contra el jefe del ente investigador.

En este caso, el fiscal Barbosa ya había pedido que se rechazara la recusación haciendo énfasis en que él no dirige la investigación contra Petro Burgos y que desde su administración se ha hecho énfasis en la libertad e independencia de los delegados. En otras palabras, él no tiene ni voz ni voto en la investigación contra el hijo del presidente Gustavo Petro.

Hace dos semanas trascendió que la ponencia de la magistrada Marjorie Zúñiga es negativa, al considerar que no se cumple ni uno solo de los requisitos para recusar al Fiscal General en este caso, por ende, no es necesario nombrar un fiscal ad hoc como lo pidió la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro.

Se tratara de una decisión apenas obvia, pues aunque Barbosa es el jefe del ente acusador, es claro que el caso fue asignado a un funcionario de la entidad que tiene plena autonomía para realizar el proceso investigativo.

Los abogados del diputado, por su parte, argumentaban que se estaría presentando una vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa puesto que, en varias oportunidades, el Fiscal General ha sostenido debates y discusiones de tipo ideológico con el presidente Gustavo Petro.

Petro Burgos es investigado tras las declaraciones que le entregó en exclusiva su exesposa, Day Vásquez, a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, en la que aseguró que en la etapa final de la campaña presidencial en 2022, Nicolás Petro se reunió con El Hombre Marlboro -extraditado y condenado en la década de los 90 en los Estados Unidos por narcotráfico- y el investigado empresario El Turco Hilsalca. En esa oportunidad les recibió 600 millones de pesos.

Sin embargo, este dinero no habría llegado a las arcas de la campaña sino que fueron utilizados por Petro Burgos para gastos personales (compra de apartamentos y vehículos) así como el pago de deudas.

La respuesta del fiscal Barbosa

Un documento de siete páginas fue remitido del despacho del fiscal general de la Nación a los magistrados de la Corte Suprema. En este, Francisco Barbosa les pide a los togados resolver la recusación que presentó el hijo del presidente en su contra, alegando que existe una animadversión que no permite que avance con imparcialidad su investigación por cuenta de las explosivas declaraciones de Day Vásquez.

En su escrito, Barbosa le recuerda a los magistrados que los impedimentos o recusaciones presentados a un fiscal pueden ser resueltos de plano por el “inmediato superior’', quien puede proceder a reemplazarlo si considera fundada la causal.

También, esgrime las razones por las cuales considera que la petición de la defensa del hijo del presidente es improcedente.

El fiscal comienza en el documento con un breve resumen de la situación de tensión que ha vivido con el presidente las últimas semanas y narra lo que le han manifestado los abogados de Petro Burgos.

“Señalan que tengo una confrontación con el presidente de la República, que conllevó a que responsabilizara públicamente al presidente Gustavo Petro por mi seguridad y la de mi familia, y anunciara que acudiré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares de protección”.

Agrega que, por cuenta de ese episodio, conocido por el país, la defensa del hijo del presidente considera que se presenta la causal de impedimento denominada enemistad grave establecida en el numeral 5 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, “en razón a que abarca el núcleo familiar de los dos funcionarios, y que puede influir el proceso de investigación penal”.

El alto funcionario argumenta que los abogados no tienen razón y enumera tres razones para soportar el caso.

La primera es que las causales de recusación son taxativas y se predican del servidor a cargo del proceso. Y en este caso, el fiscal general de la Nación no es el fiscal a cargo de la indagación que cursa contra Nicolás Petro Burgos.

El fiscal recuerda entonces que “el ejercicio investigativo que adelantan los fiscales delegados se rige por los principios de independencia y autonomía. En este marco, las decisiones jurisdiccionales que adopten los fiscales en los procesos penales a su cargo únicamente están sometidas al imperio de la ley. Al igual que sucede con las decisiones de los jueces en sus providencias”.

En segundo lugar, asegura que la Constitución y la ley garantizan la autonomía y la independencia de los fiscales delegados en la toma de sus decisiones. Barbosa cita varias providencias de la Corte Constitucional y concluye: “Los fiscales son autónomos e independientes en sus decisiones, lo cual permite garantizar la imparcialidad de sus actuaciones. En consecuencia, ni siquiera en mi calidad de fiscal general de la Nación, me está permitido entrometerme de manera específica en las investigaciones que les sean asignadas a los fiscales delegados”.

Por último, agrega que los impedimentos no son institucionales, sino de funcionarios judiciales concretos, “quienes en sus determinaciones solo están sometidos al imperio de la ley y a los medios de prueba recaudados en la actuación”.

El fiscal le asegura a la Corte Suprema que decidió remitir la recusación “con la finalidad de brindar legitimidad al proceso. Esto, con ocasión de la tensa situación que ha provocado la primera magistratura de la Rama Ejecutiva respecto del ente investigador y acusador”.

Nicolás está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación tras el escándalo generado por los chats y la entrevista que publicó SEMANA a su expareja, Day Vásquez, en la que reveló cómo el hijo del presidente había recibido dinero de personas cuestionadas, ostentaba gastos millonarios y estaba haciendo lobby a muy alto nivel con ministros.

La investigación penal se abrió por solicitud del mismo presidente de la República. Días después de conocerse las declaraciones de Vásquez, el primer mandatario emitió un comunicado en el que manifestó lo siguiente:

“El 7 de agosto pasado hice un compromiso con los colombianos y colombianas. Tengo la responsabilidad de ser leal al voto que muchos de ustedes depositaron en mí. Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al fiscal general de la nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”.

Agregó que “mi compromiso con Colombia y con las colombianas y colombianos es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia... Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”.