Ejército ecuatoriano incursiona en territorio colombiano y retiene a gobernador del resguardo San Marcelino, a su esposa y cuatro guardias indígenas

Al medio día de este sábado 29 de julio, miembros del Ejército ecuatoriano volvieron a pasar la frontera en el Putumayo, invadiendo territorio colombiano, y retuvieron al gobernador del Resguardo San Marcelino, a su esposa y, al parecer, a cuatro miembros más de la guardia indígena.

Beyer Peña Gamba, el alcalde de San Miguel en Putumayo, confirmó la noticia a SEMANA e indicó que ya se encuentra en la zona tratando de lograr la liberación de los retenidos.

“No solo invadieron el territorio, tienen al gobernador, a su esposa y aparentemente a cuatro guardias indígenas y en el momento estoy aquí en el punto tratando de resolver porque estamos sobre la tierra, digamos de esta frontera y como está tan álgido el clima, voy a ver si puedo lograr que liberen a estas personas”, dijo el alcalde en exclusiva a SEMANA.

Por su parte, la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos señaló que se trató de una incursión militar violenta del Ejército ecuatoriano que pone en alto riesgo a los indígenas del Resguardo Indígena San Marcelino, situados en La Dorada, Putumayo.

“Alertamos sobre posibles detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos y derechos del pueblo kichwa y sus autoridades”, dice un trino de la fundación en la red social Twitter donde adjuntaron fotos.

Asimismo, pidieron apoyo de la Defensoría del Pueblo y UNP bajo Medidas de Protección Colectiva.

Frente a este hecho, desde la Unidad Nacional de protección revelaron un video del momento en el que la Armada del vecino país conduce al gobernador del resguardo y a su esposa al Ecuador.

Desde la UNP indican “denuncia incursión del Ejército ecuatoriano a resguardo colombiano Beyer Peña Gamba, alcalde de San Miguel, Putumayo, pide presencia de autoridades colombianas en el resguardo Yarinal de San Marcelino en dónde efectivos militares detienen y transportan indígenas colombianos”.

Resaltan que esa Unidad “protege con medidas colectivas a esta comunidad bajo la resolución 7595 del 2021. Este resguardo habita en territorio colombiano, pero hay un islote y cada cierto tiempo el Ejército ecuatoriano hace presencia y afecta la libertad y movilidad de la comunidad”.

Precisamente, el pasado 21 de julio, decenas de familias que residen en la frontera entre el departamento del Caquetá y Putumayo quedaron bajo el fuego debido a los constantes enfrentamientos entre grupos armados. La situación es tan preocupante que, presuntamente, algunas zonas se habrían convertido en fosas comunes.

El hecho se registró, durante varios días, en las veredas La Estrella y 4 de Octubre; allí, el grupo denominado Comandos de Frontera y el frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc, adscrito al Estado Mayor (liderado por alias Iván Mordisco) se estarían enfrentando por el control de los territorios.

De acuerdo con la denuncia hecha por la comunidad, el cruce de disparos, principalmente de ráfagas de fusil, ha cobrado la vida de aproximadamente 15 personas, incluidos menores de edad; sin embargo, la cifra podría ser mucho más alta, teniendo en cuenta que algunos heridos son llevados a zona montañosa y no vuelven a aparecer.

“Uno ve que ellos (los armados) cogen a los que dicen ser su gente y se los llevan pal monte. A muchos se los llevan heridos y uno no los vuelve a ver y hay familiares de ellos que nos cuentan que después les llegan los comandantes y les dicen que no los vuelvan a buscar, que están enterrados en tal o cual parte”, le dijo a El Colombiano Jairo, un habitante de Puerto Guzmán (Putumayo).

En imágenes y videos compartidos en redes sociales por las comunidades, se observan cuerpos tendidos en pastizales con múltiples impactos de bala. Los lugareños, en la medida de sus posibilidades, han tenido que trasladar ellos mismos los cadáveres hasta la orilla del río para que desde allí sean llevados a Medicina Legal.

En otros casos, según denuncian, las víctimas han sido llevadas a Puerto Piro, al sur del Caquetá, y allí han sido enterrados.

Una de las víctimas fue identificada por las autoridades como Jhonatan Guzmán Rodríguez. Él era oriundo del municipio de El Paujíl y su cuerpo permanece en la morgue de Mocoa (Putumayo).

Ante esta violenta situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizó una labor humanitaria y logró recuperar siete cuerpos, los cuales fueron entregados a las autoridades competentes del departamento de Caquetá para su posterior identificación.

“La dignidad de una persona no acaba con la muerte; tampoco acaban los lazos que les unen a sus seres queridos. Por eso, realizamos la labor estrictamente humanitaria de recuperar y trasladar los cuerpos de estas personas fallecidas para que sus familias puedan recibirlos y darles sepultura digna. Cuando ocurre lo contrario y una familia no conoce la suerte o paradero de su ser querido, o no logra recuperar su cuerpo, este se convierte en una persona desaparecida, lo que genera profunda incertidumbre y una angustia inacabable para sus familiares”, dijo Hugo Fiz Palacios, jefe de la subdelegación del CICR en Florencia.