Urgente: fueron militares los que intimidaron a los pobladores de Tierralta, en Córdoba. Los videos son una vergüenza

Un nuevo ataque contra la población civil fue perpetrado. Esta vez, la violenta situación se presentó en el sur del departamento de Córdoba y quedó registrada en video, cuyas imágenes se compartieron en redes sociales.

Hasta la vereda El Manso, ubicada en el municipio de Tierralta, llegó un grupo de uniformados, que en un acto irracional intimidó a campesinos, mujeres con bebés en brazos; incluso, niños presenciaron el hecho.

Los afectados captaron en video el hecho, que ha causado indignación y rechazo entre los habitantes de Córdoba y las autoridades. Este ataque, según denunciaron, habría sido perpetrado por hombres del Ejército.

En la grabación se observa cómo uniformados maltratan verbalmente a los habitantes de la vereda El Manso e incluso a varios de ellos los amenazan con dispararles, poniéndoles las armas en la cabeza. Ante esta situación, algunas mujeres deciden enfrentar a los delincuentes y exigirles respeto.

“En estos momentos no me siento libre, ustedes nos apuntan con esas armas a la cara y nosotros no estamos haciendo nada. Ustedes saben que si nos vamos a la Constitución eso no se puede hacer, eso es violación de derechos humanos”, se escucha decir a uno los lugareños.

Enseguida una mujer, evidentemente molesta, les exige a los sujetos que digan a qué grupo armado pertenecen y les pregunta: “¿Por qué nos atropella?”. Ante los reclamos, uno de los hombres carga su arma y camina apuntando hacia la mujer.

“Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. A ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros que no tenemos cómo defendernos”, dijo la mujer, mientras al fondo se escucha el llanto de varios menores de edad, quienes están atemorizados.

En la grabación, cuya duración es de 4 minutos y 14 segundos, se muestra a la comunidad acorralada en un quiosco, mientras los uniformados les apuntan con sus fusiles e intimidan.

Tras conocerse esta situación, Orlando Benítez, gobernador de Córdoba, afirmó inicialmente que los presuntos responsables de este hecho serían integrantes del quinto frente de las disidencias de las Farc y por ello le exigió “al Gobierno Nacional plenas garantías para nuestro territorio en el marco de la estrategia de la ‘paz total’”.

“Siempre he defendido la posición (de) que se debe propender por la paz, pero con total acompañamiento de la institucionalidad por la seguridad, libertad, orden y convivencia. La ‘paz total’ no puede construirse sin garantías de protección para nuestra gente”, sostuvo en ese momento el gobernador Benítez.

Sin embargo, luego se conoció que no fueron disidencias, sino hombres del Ejército.

Así mismo, les hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa Iván Velásquez, sobre “las acciones necesarias para proteger las vidas de los ciudadanos intimidados, la tranquilidad de la región y blindar el proceso electoral para que se garantice el derecho a elegir”.

Procuraduría rechaza el reclutamiento de niños

La Procuraduría General de la Nación emitió una enérgica condena contra el reclutamiento y secuestro de diez menores de edad en Arauca.

Según información de las autoridades, estos menores habrían sido inicialmente reclutados por el ELN y posteriormente secuestrados por disidencias de las Farc.

El Ministerio Público reiteró su llamado a la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Esto, para que tome medidas urgentes y efectivas para aplicar la política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra menores, con el objetivo de proteger a los niños y adolescentes colombianos de esta grave amenaza.

Además, instó a los gobiernos locales, incluyendo alcaldías y gobernaciones, en colaboración con la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas, a activar equipos de acción inmediata.

Esto tiene como fin prevenir la vulneración de los derechos de los menores en las áreas donde el reclutamiento forzado es una amenaza significativa. También “se busca brindar apoyo psicosocial a las familias que se han visto indirectamente afectadas por estos actos violentos”.