El procurador Luis Escandón denunció que la Supersalud no entregó expediente para soportar intervenciones a Sanitas y Nueva EPS

La Procuraduría se está convirtiendo en el muro de contención para las decisiones que viene tomando de forma casi que arbitraría el gobierno del presidente Gustavo Petro, frente a las EPS, y justo cuando su polémica reforma a la salud naufragó en el Congreso de la República. De un plumazo, a través de la Superintendencia de Salud, echó mano de Sanitas y Nueva EPS que quedaron bajo administración del Gobierno.

Esta vez la polémica se inició después de que la Procuraduría, vigilando la temeraria intervención a la EPS Sanitas, llegó hasta la SuperSalud a verificar el soporte de la decisión que hoy tiene en vilo cerca de 5.7 millones de afiliados.

En medio de esa inspección, el procurador Luis Ramiro Escandón denunció que la entidad no contaba con ningún expediente para soportar el acto administrativo que dejó por fuera a las directivas de la Entidad Promotora de Salud. Pero el asunto va más allá, según el funcionario del ente de control, lo mismo habría ocurrido con la intervención a la Nueva EPS.

El procurador Escandón señaló que “no existe expediente administrativo en el que conste toda la información que sustentó las resoluciones de la toma de las EPS Sanitas y la Nueva EPS, lo que genera una posible vulneración a los principios de transparencia”.

La grave denuncia se conoció minutos después de que el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, denunciara que nunca fue notificado de la inspección que realizó la Procuraduría a su entidad. En medio de la inspección, Escandón señaló que “hasta el momento no se ha podido verificar que en efecto exista la información para la toma de decisión”.

Agregó, respondiéndole al superintendente Leal, que sobre la diligencia se le dio copia de acto administrativo con firma de los cuatro delegados de la Procuraduría.

El ente de control expresó su preocupación frente a la situación porque hace tan solo dos días el Comité de la Supersalud se habría basado en dicho expediente que, según el Ministerio Público no existe, para tomar la decisión de intervenir las dos EPS que tienen casi 17 millones de afiliados.

El Procurador Luis Ramiro Escandón rechazó las declaraciones del Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, que durante la visita realizada por un equipo del Ministerio Público, en un video que hizo circular por redes sociales, manifestó que no fue notificado de la actuación del ente de control.

La investigación contra el superintendente

Y es que la intervención a estas EPS han resultado tan cuestionadas como arbitrarias, al parecer se hizo sin argumentos claros y por capricho del presidente Gustavo Petro, quien ha aprovechado las redes sociales para acusar al Congreso por el hundimiento de la polémica reforma a la salud y hasta los acuso por la financiación de Keralty, la multinacional propietaria de Sanitas, que está registrada oficialmente en Colombia, lo que tumbaría el argumento palaciego.

Por eso mismo, ante las cuestionadas intervenciones, la misma procuraduría abrió investigación contra el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por otra probable irregularidad en la “toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas”, así como en la designación de su agente interventor, Dúver Dicson Vargas Rojas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la apertura de la investigación se basa en una queja presentada contra la Superintendencia, que cuestiona la “aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS”.

En el marco de esta investigación, la Procuraduría ha solicitado a la Superintendencia de Salud copias del proceso de toma de posesión de la EPS Sanitas, así como de la designación del agente interventor. También se han requerido datos sobre el número de quejas, reclamaciones y tutelas en relación con el número de afiliados, así como información sobre las deudas de la EPS con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología en salud, entre otras pruebas.

Los argumentos de la Procuradora

En medio de la polémica y las últimas y cuestionadas decisiones del Gobierno del presidente Petro en materia de salud, ha sido la Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, la que ha estado vigilante que estas estén acorde con la ley, y ella misma lo argumentó.

“La investigación se va a orientar hacia verificar si los motivos que originaron la intervención forzosa son los motivos básicos o necesarios, con soporte argumentativo y con la proporcionalidad debida para llegar a esa decisión de manera inmediata. Eso, por un lado. Por otro lado, la Procuraduría tiene la parte preventiva, la misionalidad preventiva, y bajo ese trabajo preventivo tenemos la obligación constitucional, como vigilantes de las entidades públicas, de estar muy atentas para que esas intervenciones que han anunciado, que se hicieron a la nueva EPS y a Sanitas, cumplan con el objetivo que se pretende con la intervención”, explicó la procuradora Cabello.

La procuradora también advirtió que en el pasado las intervenciones a las EPS se dieron en medio de procesos paulatinos en los que se le llamó la atención a las Entidades Promotoras de Salud, sobre las inconsistencias que tenían en la atención y otros conceptos. Después se les realizaba una visita para crear un plan de trabajo y vigilar el cumplimiento. Si esa estrategia no mostraba resultados, se acudía a la intervención. En este caso se hicieron de forma inesperada y generando sorpresa no solo para las entidades sino para sus más de 17 millones de afiliados.