Urgente | JEP también le pidió a la Fiscalía investigar las “chuzadas” contra los magistrados de esa justicia transicional

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitó este martes a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes que adelanten las respectivas investigaciones frente a las interceptaciones ilegales que se estarían ejecutando en contra de un grupo de magistrados y magistradas de esa justicia transicional.

En la carta enviada a la fiscal general Luz Adriana Camargo, se señala que varios magistrados de la JEP han manifestado “su sospecha” de “ser objeto de presuntas interceptaciones ilegales” en los últimos meses.

Por esto, les pidieron a las autoridades que, de encontrar méritos, se sancione a los responsables de estos seguimientos, chuzadas e interceptaciones ilegales.

“La JEP no puede dejar de expresar su preocupación ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía; además se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos que soportan el Estado social y democrático de derecho adoptado por Colombia”, señala el documento firmado por el director de Asuntos Jurídicos de la JEP.

En este sentido, se calificó esta situación como “una clara amenaza a la seguridad de los magistrados y magistradas de esta Jurisdicción”. En la petición enviada al despacho de la fiscal general, se reseñó que en 2023 los magistrados de la JEP “recibieron amenazas contra su vida por adelantar las funciones que constitucional y legalmente les fueron asignadas”.

“La gravedad de los hechos impone que se realice una verificación de las causas que los motivaron, así como para determinar a los responsables”, agregó la solicitud de la JEP. “La Jurisdicción prestará toda la colaboración que resulte necesaria para el ejercicio de la labor investigativa a cargo de su despacho”.

En este sentido, se pidió avanzar en los actos investigativos frente a los hechos denunciados recientemente por el vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, y que las pesquisas se extiendan a los hechos que afectan a los magistrados y magistradas de la Jurisdicción.

El pasado lunes, los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional pidieron que se investigue a fondo los seguimientos e interceptaciones ilegales contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y a su núcleo familiar.

En el comunicado firmado en bloque por los presidentes de las altas cortes se calificó como “preocupante” los hechos de “interceptaciones, monitoreos y seguimientos” denunciados el pasado viernes por el vicepresidente de la Corte Constitucional y revelados en exclusiva por SEMANA.

Los magistrados consideran que los hechos denunciados afectan la división de poderes establecidos en la Constitución Política, así como el trabajo y la independencia de toda la Rama Judicial en Colombia.

“Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que de verificarse ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial”, advierte el fuerte pronunciamiento de los presidentes de las altas cortes.

“Constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, agrega la comunicación.

Debido a la gravedad de los hechos, le hicieron un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro y al Gobierno nacional para que se respeten las garantías para la administración de justicia y la protección para todos los servidores de la Rama Judicial.

Igualmente, le pidieron a la Fiscalía General “adelantar con celeridad” las investigaciones pertinentes para esclarecer estos hechos, “una situación que afecta directamente al magistrado Ibáñez, su señora esposa y a su equipo de trabajo”.

Los presidentes de las altas cortes aprovecharon la oportunidad para enviarle un mensaje de apoyo, solidaridad y respaldo al magistrado Ibáñez.

En la tarde del pasado lunes, un investigador de la Fiscalía General recibió la ampliación de la denuncia por parte del magistrado Ibáñez.

Esta es la denuncia de la JEP