Urgente: la dura carta del fiscal y la procuradora al presidente Petro exigiendo medidas para que los funcionarios puedan actuar seguros en el caso de Tierralta

Un duro reclamo hicieron el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello por la situación que se presenta en Tierralta (Córdoba). Tras los graves señalamientos del actuar abusivo de miembros del Ejército en la zona, diferentes entidades se han desplazado para investigar lo que sucedió. Sin embargo, este miércoles, un helicóptero que transportaba a 20 personas, entre funcionarios de la Procuraduría, la Fiscalía y militares, fue hostigado desde tierra.

Los dos altos funcionarios le piden al primer mandatario, como comandante en jefe de las Fuerzas Militares, que ofrezca las condiciones de seguridad necesarias para que sus equipos puedan hacer su trabajo.

“Demandamos respetuosa, pero enfáticamente, la adopción de medidas encaminadas a permitir que los servidores puedan acceder de forma segura a las zonas que requieren de su presencia”, señala la misiva. Agrega que es importante verificar lo que sucedió en la vereda Bocas del Manso, donde uniformados intimidaron a campesinos, mujeres con bebés en brazos y a niños que presenciaron el hecho.

Los videos de ese suceso han generado indignación. En ellos, se puede ver cómo uniformados maltratan verbalmente a los pobladores e incluso a varios de ellos los amenazan con dispararles, poniéndoles las armas en la cabeza. Ante esta situación, algunas mujeres deciden enfrentar a los delincuentes y exigirles respeto.

Pero el fiscal y la procuradora agregan que también debe esclarecerse el ataque del que fueron víctimas los funcionarios que viajaron a la zona para investigar lo ocurrido.

Tierralta: 10 militares retirados de sus cargos

Tal como lo anticipó SEMANA, son diez los militares que están comprometidos en las intimidaciones que sufrieron los pobladores de Tierralta, Córdoba. Todos fueron retirados del servicio para que rindan explicaciones ante las autoridades.

Así lo anunció el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, quien detalló que, 48 días antes del incidente, los protagonistas habían recibido formación en derechos humanos y tenían elementos para prevenir las presuntas violaciones.

“Son diez los militares comprometidos, quienes se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional, según lo que se ha podido identificar”, anunció el alto mando desde Montería.

Así las cosas, los supuestos responsables de las amenazas que recibieron los campesinos de Tierralta no podrán portar armas, mientras que los mandos que tenían el control de la unidad no podrán ejercer ningún tipo de misiones de liderazgo ni de inteligencia.

Frente al desarrollo de las investigaciones, el general Ospina anticipó que las conductas disciplinares serán asumidas por la Procuraduría, mientras que la Justicia Penal Militar abrió una carpeta por el delito de abuso de autoridad especial, en averiguación de responsables.

El comandante también advirtió: “En igual sentido, y al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo, este comando entiende que, según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación”.

¿Qué sucedió en Tierralta?

La tranquilidad de la vereda Bocas del Manso Camino, ubicada en el municipio de Tierralta, al sur de Córdoba, se vio sacudida por un escalofriante episodio de violencia que ha conmocionado a toda Colombia. El pasado 11 de septiembre, un grupo de uniformados del Ejército Nacional generó una ola de terror en la comunidad.

Según relatos de testigos, alrededor del mediodía, aproximadamente diez individuos llegaron a la vereda, haciendo creer a los habitantes que eran disidentes de las Farc. Sin embargo, los uniformados llevaban prendas militares que revelaban su verdadera identidad. En un acto de violencia indiscriminada, comenzaron a amedrentar a los residentes, incluyendo a mujeres con niños en brazos, menores de edad y adultos mayores.

La situación alcanzó su punto culminante cuando las víctimas lograron documentar los horribles eventos en un impactante video de 4 minutos y 14 segundos. En la grabación, se puede ver a los uniformados profiriendo insultos verbales, amenazando con disparar e incluso apuntando sus armas directamente a la cabeza de algunos de los presentes.

Además de las amenazas y la intimidación, la comunidad denuncia abusos sexuales y robos por parte de los militares. Una mujer indígena embera katío fue presuntamente abusada sexualmente, mientras que los uniformados habrían robado objetos como ropa, bolsos, productos de higiene personal, dinero en efectivo y joyas. También habrían saqueado las tiendas de alimentos.