Estos son los nombres de los once militares suspendidos por hacerse pasar por disidencias de las Farc para atacar a la comunidad en Tierralta, Córdoba

SEMANA conoció los rangos y nombres de los once militares que fueron suspendidos por la Procuraduría General, en el marco de la investigación disciplinaria por los hechos que se presentaron el pasado 11 de septiembre en zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba. La población denunció que cerca de diez hombres irrumpieron, presentándose como disidentes de las Farc para amenazar a la comunidad.

En la lista se encuentran el teniente Felipe Alberto Niño Barbosa; el sargento viceprimero Flabio Yamit Aldana Leal; el cabo segundo Yojan Ortiz Carabalí; los soldados profesionales Mario Antonio Berrio Negrete, Jamir Habith Hernández Ramos, Elkin Santiago Ibarra Tonusco, Luis Ángel Muñoz Tapia, Jaime Alonso Salazar Restrepo, Richar Daniel Soto Peña y Óscar Manuel Urango Olaya.

Igualmente, fueron suspendidos el comandante de la Brigada XI, el sargento mayor de comando de la misma Brigada, el comandante y segundo comandante del Batallón Junín, así como el oficial de operaciones; el oficial de inteligencia y el sargento mayor.

Las pruebas recopiladas hasta la fecha indican que los militares adscritos al Batallón Junín Aldana fueron los que amenazaron con armas de fuego a la comunidad, entre ella, a una mujer que cargaba a un bebé recién nacido. Los videos grabados por los pobladores han sido clave en la recolección de elementos materiales probatorios para realizar la identificación.

Según señalaron desde el ente de control, “con las pruebas recaudadas en el sitio, la comisión especial enviada por la Procuradora Margarita Cabello Blanco, que fue atacada a bala cuando intentaba llegar al lugar en helicóptero, logró establecer puntualmente la identidad de los militares que habrían incurrido en estas graves violaciones del derecho internacional humanitario al amenazar, intimidar y maltratar a la población civil (campesinos e indígenas de la étnia Emberá), de manera física y verbal, incluso en presencia de niños, niñas, adolescentes y una madre con su bebé en brazos, sin identificarse como pertenecientes a la institución y sin utilizar el uniforme reglamentario”.

La Procuraduría avanza en la investigación de este espinoso tema, que incluso ha sido calificado como el posible retorno del paramilitarismo. Para eso, además del trabajo que realizó en terreno, donde hablaron con la comunidad y entrevistaron a los militares involucrados, decretó la solicitud de nuevas pruebas.

“Los antecedentes disciplinarios de los implicados, una certificación sobre si el pelotón del que hacían parte era un grupo especial que realizaba operaciones encubiertas y la autorización, si existe, para el uso de estratagemas militares de este tipo y la operación de estos efectivos sin portar el uniforme”, señalan desde la Procuraduría.

Tan pronto se conocieron los preocupantes hechos, la Procuraduría envió una comisión especial liderada por el procurador delegado para la defensa los derechos humanos, Javier Sarmiento, y la directora nacional de investigaciones especiales, Lucila Vidal, para investigar los hechos, la cual, según confirmó SEMANA, realizó 32 diligencias.

“Se realizaron 32 diligencias (versiones, declaraciones, testimonios de la comunidad e inspecciones), con el fin de esclarecer los hechos sobre los posibles hostigamientos por parte de militares a esta población”, dijo el procurador Sarmiento.

“Cuatro personas que tomaron la vocería por parte de las comunidades afirmaron que, efectivamente, el Ejército llegó a intimidarlos, a amenazarlos, los encañonaron, los colocaron bocabajo durante varios minutos, mientras proferían palabras soeces. Este maltrato duró tres horas y media”, dijo en su momento el procurador delegado.

En estos testimonios, se confirmó que diez personas fuertemente armadas, que se presentaron como disidentes de las Farc, atacaron a la población civil, aumentando el miedo y la zozobra en la región. Las declaraciones han sido contundentes para evidenciar el vacío del Estado y la falta de protección para los habitantes de la vereda. “Solicitan que se haga justicia y eso es lo que reclaman”, enfatizó el procurador que lideró la comisión especial encargada de recolectar elementos materiales probatorios dentro de la investigación.