Urgente: Luz Adriana Camargo, nueva fiscal general. Corte Suprema no se dejó presionar

Este martes, Luz Adriana Camargo Garzón se convirtió en la nueva fiscal general de la Nación. La otrora magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tomará las riendas del ente investigador para el período 2024-2028. Su trayectoria, de más de 35 años en la rama judicial, incluso vinculada a la Fiscalía, la anteceden.

SEMANA presenta un perfil de Camargo Garzón, las principales propuestas y su hoja de vida, la cual tiene un capítulo extenso por el trabajo que desarrolló como magistrada auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, en la unidad que investigó la llamada “parapolítica” y que logró que más de 40 congresistas fueran investigados. Lo propio ocurrió en Guatemala, desempolvando actos de corrupción que llegaron a salpicar a un presidente. En los dos escenarios trabajó con el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Desde el año de 1987, Camargo Garzón ha estado vinculada a la Rama Judicial. Comenzó como oficial mayor del Juzgado 19 Superior en Bogotá, proyectando fallos por delitos relacionados con homicidios y contra la fe pública, más conocidos como de corrupción.

Durante 27 años escaló por diferentes cargos hasta llegar, en 2005, a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en la que hizo parte de la recién creada Unidad Especial de Investigación que recibió la misión de indagar por los nexos y alianzas políticas que habían firmado varios políticos con los grupos paramilitares, para así garantizar su llegada al Congreso entre la década de los ochenta y los noventa.

Durante este período se vinculó a senadores y representantes a la Cámara, varios de ellos pertenecientes a las más importantes familias políticas en el norte y el oriente del país, quienes habrían vendido su alma al diablo para que los paramilitares promovieran a sangre y fuego sus candidaturas. Esto a cambio del compromiso de proteger el proyecto político de las AUC y entregarles todo tipo de contratos para que se siguieran fortaleciendo.

De esta forma fueron cayendo poco a poco dirigentes políticos de la talla de Álvaro García Romero, más conocido como El Gordo; Eleonora Pineda, Rocío Arias, Miguel Alfonso de la Espriella y Erick Morris. La designación de Camargo en este trascendental cargo tuvo como base la experiencia que tenía tras su paso como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, entre 2003 y 2004, donde dirigió investigaciones contra ministros, gobernadores y miembros de misión diplomática por hechos relacionados con corrupción mediante la celebración irregular de contratos.

Como magistrada auxiliar, cargo en el que estuvo hasta el 13 de enero de 2014, proyectó decisiones en investigaciones y juicios por los delitos de cohecho (entrega de sobornos), concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, contratación pública ilegal, tráfico de influencias, prevaricato, delitos electorales, injuria, calumnia, delitos contra la vida e integridad personal.

Los caminos de Camargo y Velásquez se juntarían nuevamente en enero de 2014, cuando trabajaron en la Comisión Interamericana contra la Impunidad, en Guatemala. En el país centroamericano adelantaron una compleja y extenuante investigación contra varios funcionarios del Gobierno, entre ellos el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti por un rosario de delitos entre los que se encontraban actos de corrupción en entidades del Estado, tráficos de influencias, defraudación y el ingreso de mafias al poder.

Sus hallazgos fueron la base para que, en 2022, el Tribunal Mayor condenara a Pérez Molina y Baldetti a ocho años de prisión por los delitos de asociación ilícita y un caso especial de defraudación tributaria, viéndose obligados a devolver un millón de dólares por los daños causados.

Camargo estuvo en esta comisión hasta el 30 de octubre de 2017. Posteriormente enfiló su carrera a consultoría en temas relacionados con la protección de los Derechos Humanos, laborando en entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) y la Fundación Forjando Futuros. En esta última realizó labores para la identificación de los patrones de sistematicidad en los homicidios de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de la guerrilla de las Farc después de la firma del Acuerdo de Paz.

Su designación en la terna para el cargo de fiscal general tomó por sorpresa a esta abogada de 58 años. Más aún si se tiene en cuenta que su designación fue el epicentro del terremoto político generado con la segunda terna radicada personalmente por el presidente Gustavo Petro ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 26 de septiembre, entrando a reemplazar a la exfiscal Amparo Cerón.

En su intervención ante los magistrados de la Corte Suprema, en la que dictó los lineamientos de lo que sería su gestión en caso de ser elegida fiscal, que duró 20 minutos, Camargo –con voz fuerte– aseguró que “yo no estoy acá en representación de persona alguna”. Pese a que no dio nombres, era evidente que hacía referencia a su antiguo compañero, el ministro Velásquez. “En mi experiencia en la Rama Judicial yo estuve al servicio de cuatro fiscales generales y de tres magistrados de la sala de casación penal y tuve un sinnúmero de pares que desarrollaron mis mismas labores”.

Sin tomar aire, continúo advirtiendo que de ser elegida como nueva fiscal general mantendrá la misma independencia y autonomía que ha demostrado durante sus 34 años de carrera en la Rama Judicial y como consultora en temas para la protección de los Derechos Humanos. “Ser fiscal general es un llamado que pocas colombianas tenemos el honor de recibir y un llamado que debe responderse con profundo respeto de la institucionalidad”.

Las propuestas de Camargo ante a Corte

• “Nos han dicho que hay falencias en la recolección de las pruebas, tema de los investigadores; que hay problemas en los estándares de la debida diligencia, que hay incongruencias entre la imputación y la acusación, tema de los fiscales; que hay serios problemas en la selección de los hechos jurídicamente relevantes”
• Propuso un “plan de formación agresivo” para los investigadores y fiscales con el fin de que estos jalones de orejas por parte de la Judicatura no se vuelvan a presentar y que “estos fiscales hagan bien su labor en el juicio”.
• “Es necesario que muchos más casos salgan por la aplicación de la justicia premial y muchas menos lleguen a juicio”, aclaró. “¿Qué nos está demostrando la Fiscalía en el juicio? Un desequilibrio y las cifras hablan por sí solas: “Tenemos 3.6038 (sic) principios de oportunidad y 31.700 preacuerdos frente a 109.397 acusaciones en promedio por año”.
• “El fenómeno delictivo que tenemos en Soledad, Atlántico, no es el mismo que tenemos en Cimitarra, Santander, o en Acandí, Chocó; o que se sucede en ciudades como Medellín o Bogotá”. Las fallas en un modelo diferenciado en la aplicación de las investigaciones. “Es una criminalidad elevada, una criminalidad compleja. Una complejidad que parte que no tenemos conductas punibles ni fenómenos homogéneos y es un error avocarlos de esta manera”.
• “El primer ejercicio consiste en seleccionar de los casos del mismo año aquellos que tienen vocación de éxito. Y el segundo y es que en muchos casos de esta naturaleza los fiscales concurran a solicitar órdenes de captura o audiencias de imputación de cargos, o en el abreviado, hagan su traslado del escrito de acusación y realizadas estas acciones el caso se da por esclarecido”.