Ordenan investigar a excomandante de la Armada Nacional Guillermo Barrera, por montaje contra almirante Gabriel Arango Bacci

En un fallo de 104 páginas, el Tribunal Superior Militar compulsó copias para que se investigue al excomandante de la Armada Nacional, y almirante en retiro, Guillermo Barrera Hurtado por el montaje que se fraguó en 2008 en contra del entonces contraalmirante Gabriel Arango Bacci, quien fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia de tener nexos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Caribe colombiano.

En uno de los acápites finales del extenso fallo se determinó que en el proceso que se adelantó contra el coronel en retiro Néstor Alfonso Segura –por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público–, varios testigos mencionaron al almirante Barrera de participar en estas acciones para afectar el buen nombre y la carrera de Arango Bacci.

“Compulsar copias contra el almirante (r) Guillermo Barrera Hurtado, como autor responsable del delito de fraude procesal en concurso real con el delito de falsedad ideológica en documento público”, precisa la decisión judicial, que se da 16 años después de que la Corte Suprema cerrara el caso contra Arango Bacci por considerar que las pruebas en su contra fueron totalmente falsificadas, así como los testigos que lo señalaron.

Para el juzgado, es claro que, durante meses, se puso en marcha un plan para desprestigiar al almirante Arango Bacci, vinculándolo con todo tipo de organizaciones criminales a las cuales les recibía dinero para evitar operativos y permitir libremente el tráfico de drogas por la zona. Para esto, fueron claves documentos firmados por el entonces comandante de la Armada Nacional y otros documentos que fueron completamente alterados.

Sin embargo, estas pruebas fueron la base para que se ordenara la detención, durante varios meses, del contraalmirante, acusándolo de graves delitos, entre estos, concierto para delinquir y cohecho propio. Así, estuvo un año y medio (del 19 de junio de 2008 al 3 de diciembre de 2009) privado de su libertad.

“Bajo dichos vestigios, se avizora que dirigió todo su actuar de forma consciente y voluntaria a crear y aportar lo necesario y suficiente para que se suscitara una percepción impoluta en la autoridad judicial de que el contralmirante Arango había actuado contra el derecho, traicionando con ello a la Armada y a las Fuerzas Militares y, conforme a ello, debía ser sancionado privándolo de la libertad, como efectivamente se hizo”, señala la decisión.

Para emitir la respectiva medida, fue clave el informe firmado por el capitán de Navío Néstor Alfonso Segura Mora el 8 de noviembre de 2007, el cual –según la denuncia y la respectiva sentencia– consignaron falsedades, un sinnúmero de contradicciones y la manipulación de los hechos.

Por estos hechos, el Tribunal ratificó la condena de 49 meses de prisión y una multa de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes en contra del capitán Segura. Igualmente, se ordenó la separación absoluta de la fuerza pública.

Pese a sus intentos por demostrar su inocencia, para el Tribunal es claro que, con su actuar, faltó a la verdad en la presentación de los informes ante la Fiscalía General, alterando evidencia y añadiendo elementos que nunca existieron y que jamás pudo soportar.

“No es creíble, por tanto, que el capitán Segura, de buena fe y en un gesto de diligencia, contestara un oficio a la Fiscalía con información adicional que no se le había pedido, allegando solo lo conveniente para hacer ver que la operación liderada por el contralmirante Arango había sido desarrollada para favorecer los intereses del narcotráfico”, concluye el fallo.

Por esto, se reprocharon los argumentos del capitán de Navío. “Si lo que quería Segura era que la Fiscalía entendiera lo que realmente pasó, no existe explicación para que se haya limitado a anexar solo ciertos documentos que hacían dudar de los buenos oficios del contralmirante Arango, haciendo afirmaciones contundentes frente a las distancias en millas y posiciones de las embarcaciones que se tomó la molestia de graficar, cuando resulta cierto que, para la época del requerimiento, podía acceder a todos los documentos que se allegaron a lo largo de la investigación penal”

En diciembre de 2020, el Consejo de Estado condenó a la nación al pago de una millonaria indemnización por la privación injusta de la libertad del almirante (r) de la Armada Nacional Gabriel Arango Bacci.