Uribe arremete en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes

Álvaro Uribe Vélez no ha detenido sus críticas hacia la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal que ordenó su detención preventiva domiciliaria el pasado 4 de agosto del 2020. Si bien la medida fue revocada por la jueza 30 de garantías, Clara Ximena Salcedo, ni él ni su partido olvidan la decisión que lo mantuvo privado de la libertad por varias semanas.

Por esa razón, el exsenador, quien renunció al Congreso y sigue enfrentando su caso, que ahora está en manos la Fiscalía General de la Nación, arremetió en contra del magistrado ponente César Reyes durante un evento internacional sobre derechos humanos y justicia.

“Hace poco me impusieron en Colombia un arresto domiciliario. Me han dado una libertad, estoy vinculado a un proceso, siento muy afectada mi reputación, pero también debo aclarar que este es un tema que deben revisar los derechos humanos, porque el arresto me lo impuso un magistrado que fue contratista del Gobierno Santos en el proceso de paz con las Farc. Nunca se declaró impedido, violaron mis llamadas telefónicas con el abogado”, sostuvo Uribe.

El expresidente se refiere a un contrato que tuvo Reyes con el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el 148 de 2016, por un monto de 575.674.360 pesos, para un plazo de cuatro meses.

En su momento, cuando el contrato fue revelado, Uribe también hizo referencia a Juan Manuel Santos.

En realidad, Reyes era el representante legal de la organización Nueva Justicia y para la ejecución del contrato debía cumplir una serie de obligaciones:

1. Recolectar información pertinente de cada una de las personas que aparecían en la lista de las FARC para identificarlos, saber cuál era su frente o columna, conocer las condiciones de su aprehensión, el delito imputado y el estado procesal de la investigación.

2. Visitar cárceles y juzgados para recolectar información.

3. Consultar las bases de datos institucionales para cruzar y verificar la información recolectada.

4. Analizar la información recolectada, verificada y cruzada.

5. Hacer una ficha digital de caracterización de cada interno con toda la información cruzada y analizada.

6. Entregar los archivos digitalizados de los documentos consultados.

7. Entregar la aplicación digital en HTML que permita consultar, organizar, administrar y procesar la información, depurada de todas las fichas de caracterización de cada interno. La entrega debe hacerse con las especificaciones técnicas del aplicativo y la capacitación correspondiente a la persona designada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

8. Presentar informes parciales sobre el proceso de recolección de la información.

9. Presentar un informe final que contenga el resultado final, con la ficha digital de caracterización y los archivos digitalizados de documentos consultados.

10. Utilizar una metodología de trabajo por etapas, así: i) Diseño y validación de una aplicación HTML que permita la gestión efectiva de la información recolectada, verificada y analizada; ii) Diseño y validación por parte del comité técnico ¡nterinstitucional que se conforme para ello, del modelo de ficha de caracterización del interno (FCI), que contendrá las variables necesarias para el proceso de toma de decisiones por parte del supervisor del contrato; iii) Elaboración y validación del protocolo estratégico de recolección, categorización y análisis de la información; iv) Elaboración y validación de los estándares de calidad y seguridad de la información a recolectar; v) Elaboración y validación del protocolo de verificación de la información; vi) Postulación y validación del listado de profesionales encargados de recolectar y/o verificar la información de cada interno.

Si bien el contrato de Reyes fue firmado durante el Gobierno Santos, no es un contrato ilegal. No obstante, sí despertó un debate de lado y lado sobre si debió declararse impedido o no en el caso de Uribe, máximo opositor del exmandatario Juan Manuel Santos.

Ahora bien, la decisión de ordenar la detención domiciliaria fue tomada por cinco jueces con unanimidad. No sólo César Reyes, sino también Francisco Javier Farfán, Misael Rodríguez, Héctor Alarcón y Marco Antonio Rueda son los integrantes de la Sala de Instrucción de la Corte que tomaron la histórica decisión.

Actualmente, el caso Uribe continúa en la Fiscalía y a pesar de que quedó libre, sigue imputado por decisión del juez cuarto penal del circuito. La Fiscalía General tendrá que evaluar las evidencias del expediente para determinar si las presenta como pruebas ante los jueces. La actuación que sigue para los funcionarios del búnker es decidir si acusan, precluyen o se abre una negociación con el imputado.