Decisión sobre Chiquita Brands revive el debate sobre Uribe y las Convivir

La decisión de la Fiscalía de llamar a juicio a funcionarios de Chiquita Brands por su supuesta participación en la financiación de grupos paramilitares, ha reabierto el debate sobre el papel que desempeñaron las Convivir frente al avance de estos grupos ilegales en Colombia a comienzos de este siglo. Y el debate se ha centrado en especial en el papel que cumplió el expresidente Álvaro Uribe Vélez  en el impulso de esa figura cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

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En el escrito de acusación sobre el caso de Chiquita Brands, la Fiscalía pidió investigar a Uribe y a otros exgobernadores de Antioquia por presunta omisión, que permitió el desarrollo de actividades ilegales por parte de las Convivir.

La Fiscalía compulsó copias para que se investigue la presunta responsabilidad por omisión en contra de quienes fungieron como gobernadores de Antioquia entre 1997 y 2004. Según el ente de control, no habrían ejercido seguimiento y control a este tipo de asociaciones de Vigilancia y Seguridad, en cuanto a la creación de los Comités de Vigilancia y Seguimiento departamentales y municipales, así como en el otorgamiento de licencias a las mencionadas entidades al parecer sin el lleno de los requisitos legales y haberlos autorizado a operar en zonas de conflicto armado. Al respecto, el ente investigador subrayó la presunta responsabilidad de la Superintendencia de Vigilancia, entidad que tenía en sus funciones el control y la vigilancia de estas organizaciones.

La tesis de la Fiscalía es que se intentó hacerle un quite a la sentencia que en 1994 profirió la Corte Constitucional en la que dispuso el desarme de los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada que venían funcionando como Convivir, que no eran ni cooperativas ni servicios especiales de vigilancia. "La sentencia advirtió la irregularidad que se presentó con el híbrido que se denominó Convivir", afirma la Fiscalía.

De manera que -dice la entidad- lo que la sentencia dispuso no era una mutación, transformación o metamorfosis, pero eso fue lo que ocurrió: "Hábilmente, los diferentes sectores involucrados por acción o por omisión en la construcción de una supuesta seguridad ciudadana para Urabá, o para los diferentes sectores donde operaban este tipo de cooperativos, optaron por buscar una salida legal mediante la resolución 7164 del 22 de octubre de 1997 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”.

La Fiscalía también cuestiona la expedición del decreto 2974 de 1997 que reglamentó los servicios especiales y los servicios comunitarios de seguridad privada al considerar que sirvió para salirle al paso a la decisión judicial que le puso freno a esa actividad de vigilancia de civiles armados. Esa actividad en realidad la venían ejerciendo los paramilitares en los lugares donde funcionaban bajo el abrigo de las Convivir. Esto permitió -dice la Fiscalía- que "de ahora en adelante se llamarían servicios especiales de vigilancia y seguridad privada, actuarían de la misma forma, serían financiadas de igual manera y para los mismo fines que la Corte Constitucional había censurado".

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El expresidente Uribe respondió este lunes con un comunicado emitido por su oficina, que las Convivir “fueron creadas por una ley de 1994 y reglamentadas por el Gobierno Nacional” y que las promovió porque siempre ha creído en la “colaboración ciudadana con la fuerza pública y la Justicia, como factor de eficacia y transparencia en materia de seguridad”.

Según el comunicado, la creación de las Convivir fue declarada exequible por la Corte Constitucional y  su vigilancia estaba a cargo de  la Superintendencia de Vigilancia del Gobierno Nacional y no de las gobernaciones. “No obstante que como gobernador de Antioquia no tenía la competencia para vigilarlas, procedió a cancelar la personería jurídica en tres casos (San Marcos, Los Sables y Acepal), y a suspenderla, en un caso (Convivir Girasoles), por comprobadas irregularidades”, precisó.

Según las cifras que cita el comunicado, en Colombia llegó a haber unas 700 organizaciones Convivir, de las cuales 67 fueron aprobadas en Antioquia. "La honra y el buen nombre no se pueden manchar con falsas noticias y permanentes infamias, que no reposan en el conocimiento de la verdad y que no hacen parte de la libertad de prensa”, afirmó la declaración.

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El caso de Chiquita Brands

La Fiscalía encontró evidencias suficientes para llamar a juicio a 13 empresarios vinculados a la multinacional Chiquita Brands por presunta financiación de grupos paramilitares. Entre los pagos, que ellos mismos confesaron ante una corte en Estados Unidos, la Fiscalía destaca numerosos desembolsos en efectivo que fueron a parar directamente en el bolsillo de los paramilitares, apoyos en especie e intercambio de información. En el expediente, se encontró que algunos integrantes de las Convivir eran los mismos integrantes del grupo armado ilegal y unos cuantos de estos paramilitares acudían a las empresas y fincas bananeras, y allí se proveían bienes, servicios, entre ellos combustible.

El eje de esta investigación gira alrededor de las confesiones que hizo a la justicia el exjefe paramilitar Raúl Hazbún, alias Pedro Bonito, quien llevó a cabo la coordinación de estos pagos. La Fiscalía habla de una reunión clave ocurrida en la mansión de Montecasino, en el Poblado de Medellín, en la que se pactó el apoyo financiero que las empresas filiales a la multinacional comenzarían a realizar a las AUC y con ello garantizar también la participación de otras empresas y compañías productoras y comercializadoras de banano.

El origen del caso fue una declaración de un testigo Hernando Bayona Pérez, que entregó desde un comienzo información acerca de los pagos de la multinacional a los paramilitares, incluso, antes de 1997. Esta fecha fue la que los empresarios de la multinacional refirieron a la justicia estadounidense como el comienzo de los pagos, sin embargo, este testigo que se frenó por amenazas en su contra, aseguró que los pagos fueron anteriores, y que Cultivos del Darién y otras comercializadoras como Unibán, Banacol, Proban, Del Monte, Sunisa y Chiquita tomaron la decisión de entregar 3 centavos de dólar por caja exportada. La Fiscalía reconoce que las investigaciones en este caso surgieron de manera tardía ya que fue hasta el 2005, con la desmovilización de los paramilitares, que el proceso se comenzó a mover en la justicia.

Actualmente, el concierto para delinquir que rodeó estas asociaciones ilegales está declarado como de lesa humanidad lo que lo hace imprescriptible para la justicia.

"Hoy en día sabemos que este denunciante o quejoso anónimo, efectivamente contaba hechos que son ciertos y que incluso en los estrados judiciales de Justicia y Paz han sido revelados por los propios postulados. Resulta indiscutible que la información de Bayona Páez es cierta y que las comercializadoras les estaban descontando tres centavos de dólar para transmitirlos o pasarlos por medio de las Convivir a los Power Rangers o paramilitares”. Según el ente investigador, los Powe Rangers era el nombre que para ese momento llevaba el grupo paramilitar que tenían injerencia en la zona.