Uribe en libertad: los detalles de lo que viene en su caso

La libertad de Álvaro Uribe fue una decisión esperada y lógica. El cambio de sistema procesal del expresidente indicaba a muchos juristas que las etapas procesales fundamentales debían surtirse por el nuevo modelo y que, por tanto, la orden de detención también debía volver a analizarse. Al final, la jueza de control de garantías le comunicó al país este sábado una decisión que no generó polémica. Incluso los más férreos contradictores del exmandatario, en desacuerdo con la providencia, llamaron a respetarla y acatarla.

Sin embargo, eso no significa que lo que viene en el proceso de Álvaro Uribe sea sencillo. Los colombianos todavía están divididos sobre la responsabilidad del expresidente en relación con el complejo caso de soborno a testigos y fraude procesal. Ha habido testimonios que apoyan cada una de las teorías y el tema es confuso. Por otra parte, en un país tan polarizado como Colombia, la gente ya no cambia de opinión aunque le presenten pruebas convincentes de lo que no cree. Son tan radicales las posiciones que casi nadie cambia su opinión, pase lo que pase.

Esa división política que se vive en el país también se vivirá en el proceso. Desde ya se sabe qué dirá la parte civil, el senador Iván Cepeda, y el exfiscal Eduardo Montealegre, que busca constituirse como víctima en el proceso. El primero dejó saber que considera que la libertad del exmandatario va en contravía de su derecho como víctima. Su abogado, Reinaldo Villalba, incluso aseguró en la audiencia que cuando las cosas en el proceso judicial se mueven, las amenazas para los testigos aumentan.

“La decisión de la jueza no altera mi íntima convicción de respeto por la justicia y de acatamiento a sus decisiones. No compartimos esa decisión, por supuesto, y vamos a apelarla", aseguró el senador. Y agregó la línea sobre la cual se centrarán los argumentos de lo que viene del proceso: que la Fiscalía ha “desarrollado un libreto político en esta actuación. Es evidente su parcialidad", agregó. Montealegre, por su lado, había dicho lo mismo en la audiencia del sábado en la que también agregó que la justicia acababa de “dejar libre a un hombre supremamente peligroso en materia de derechos humanos y que ha cometido graves violaciones a los mismo derechos”.

Lo que no se sabe hasta ahora es cuál será la línea que seguirán el expresidente Uribe y su equipo de defensa. El exmandatario citó a una rueda de prensa este lunes en la mañana. Hasta este momento Uribe solo ha puesto un trino: “Gracias a Dios”. El exmandatario había citado para el domingo, pero al final decidió posponer ese mensaje para el final del puente festivo. Aunque no se conoce ni cuánto durará su intervención ni qué dirá, hay unos puntos clave de lo que viene del proceso que seguramente serán el eje de su defensa y probablemente de su intervención este lunes.

1. La libertad: una causa que no ha cesado

La orden que dio la jueza de control de garantías no es, por ahora, definitiva. Por un lado, porque el senador Iván Cepeda apeló y esa decisión tendrá que ser revisada por el tribunal superior de Bogotá en las próximas semanas. Pero después, aún queda otro escenario en juego. Lo que dijo la jueza de garantías no es que el expresidente deba estar libre durante el proceso, sino que para imponerle medida de aseguramiento es necesario surtir todas las etapas procesales en el nuevo sistema penal acusatorio. En ese sentido, la libertad del expresidente dependerá de que la Fiscalía presente formulación de imputación y solicite medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías. Así lo ha explicado ampliamente la jueza Salcedo, cuyo principal argumento para decretar la libertad del expresidente es precisamente que en este momento no existe imputación.

2. La investigación deberá reiniciarse

Si bien las pruebas practicadas previamente por la Corte Suprema de Justicia no se han anulado, el proceso deberá reiniciar procesalmente. Por esto, la Fiscalía deberá evaluar los elementos materiales probatorios recogidos por la Corte e incluso podrá recaudar otros. En ese escenario, la Fiscalía podría, por ejemplo, llamar a Juan Guillermo Monsalve a entrevista, escuchar a Uribe en interrogatorio, valorar nuevamente las interceptaciones o incluso ordenar más actuaciones. Para el expresidente Álvaro Uribe esto será clave. En múltiples intervenciones, su defensa ha dicho que el proceso ante la Corte Suprema no tuvo garantías para el exmandatario, pues no permitieron oír a los testigos que él pidió y a los que oyeron no les permitieron contrainterrogarlos. Esta fase de la Fiscalía, a pesar de que ni la defensa de Uribe ni la de Iván Cepeda puede intervenir directamente, será clave.

3. La legalidad de las interceptaciones deberá volver a revisarse

Las interceptaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia que fueron tan importantes para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deberán volver a ser evaluadas por un juez de control de garantías para determinar su legalidad. La posición de la Corte Suprema de Justicia de aplicar la Ley 906 al caso del expresidente implica que necesariamente un juez de control de garantías deberá hacer un control de legalidad posterior de las interceptaciones y allí reabrirán muchos debates sobre la legalidad o no de las interceptaciones, y, sobre todo, establecer por qué los funcionarios de la Corte permitieron que se siguiera interceptando el teléfono pese a que la orden de interceptación era contra otra persona. Este punto seguramente será un caballo de batalla del expresidente, que ha señalado en varias oportunidades que fue escuchado de manera irregular durante un mes.

En los últimos meses se conocieron nuevos testimonios que apuntan a que en esas escuchas sí hubo irregularidades, a pesar de que luego fueron validadas por la Corte Suprema. Por ejemplo, se conoció el testimonio de Óscar Álvarez, el analista del CTI que realizó el procedimiento judicial. En su declaración a la Fiscalía, el funcionario aseguró que cuando le dieron la orden de hacer la interceptación, que inicialmente era para el congresista Nilton Córdoba, él no sabía que se trataba del número telefónico del exmandatario, y que luego –cuando lo advirtió– en la Corte Suprema no le ordenaron detenerse, sino que siguieron escuchando por varios días más.