Uribe se despacha contra el 'fast track'

El expresidente Álvaro Uribe nunca ha estado contento con el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. Y ahora menos, cuando se busca implementarlo a través del ‘Fast track‘, el mecanismo creado para reducir el tiempo de trámite de las leyes y reformas constitucionales necesarias para este fin.

Este jueves, desde su cuenta de Twitter, se despachó contra las decisiones del Gobierno y contra ese procedimiento.

"Perdieron el plebiscito a pesar de las ventajas que se dieron, no introdujeron modificaciones sustanciales a los acuerdos, impusieron el texto final. (...) No contentos con lo anterior quieren implementarlo todo a través del Fast Track, procedimiento extra rápido en el Congreso, que en la práctica prohíbe modificaciones y hace nulo el debate", escribió en su cuenta.

Según él, el presidente Santos está atemorizando a la población con el discurso de que se les agota el tiempo y así está eludiendo un debate y la posibilidad de hacer modificaciones sustanciales al acuerdo. 

Para el senador, el Gobierno está ocultando que la verdadera paz estable es consecuencia de la democracia y -dice- hacen creer que la paz se logrará con el desarme de 5.650 guerrilleros de las FARC. 

Uribe se pronunció en desacuerdo con que Santos y ‘Timochenko‘ promuevan el ‘Fast Track‘, sobre todo cuando -según él- los insurgentes se encuentran expropiando a la industria azucarera. 

Este es el comunicado completo:

Perdieron el plebiscito a pesar de las ventajas que se dieron, no introdujeron modificaciones sustanciales a los acuerdos, impusieron el texto final, negaron el Acuerdo Nacional, rechazaron la refrendación popular directa que habían propuesto y la sustituyeron por una proposición en el Congreso.

No contentos con lo anterior quieren implementarlo todo a través del Fast Track, procedimiento extra rápido en el Congreso, que en la práctica prohíbe modificaciones y hace nulo el debate.

El Fast Track abrevia el proceso de aprobación de reformas Constitucionales y de leyes, y otorga facultades extraordinarias al Presidente para adoptar por decreto, sin límite temático, las materias negociadas con Farc que fueran objeto de leyes ordinarias.

Atemorizan a la ciudadanía diciendo que se les agota el tiempo para mantener el status de no violencia con Farc, no obstante que la ley vigente permite que Farc se concentre y que reciba todas las garantías en el desplazamiento y durante la concentración.

Pactaron una ley de amnistía más amplia que la actual, el pueblo la negó con el resultado del plebiscito y quieren imponerla en el Congreso, a través del Fast Track, eludiendo el debate y la posibilidad de modificación. El Gobierno, con sus mayorías en el Congreso, podría tener esa amnistía en un tiempo muy breve por el trámite ordinario, sin el desafío a la democracia del Fast Track.

El Congreso asumió la refrendación que él mismo había entregado al pueblo, avoca la implementación sin aprobación popular y con la posibilidad del Fast Track que el mismo Congreso condicionó a que el plebiscito tuviera mayoría.

Argumentan que necesitan el Fast Track para aprobar la Justicia Especial; no es cierto, por via ordinaria se han aprobado leyes transicionales como la de Justicia, Paz y Reparación, y también Normas Constitucionales. Lo que quieren es no debatir, no modificar y anular posibilidades de acciones futuras de inexequibilidad.

Solamente el pueblo o la Constituyente que él mismo elija, puede cambiar el procedimiento de reforma de la Constitución. Por eso la aplicación del Fast Track quedó condicionada a que el plebiscito tuviera mayoría.

No puede entenderse que el Congreso modifique la Constitución a través del procedimiento abreviado del Fast Track, que él mismo estableció, pero con la condición no cumplida del plebiscito aprobatorio.

Muchos congresistas expresaron que cuando votaron positivamente la proposición de refrendación de los acuerdos lo hicieron con conciencia del alcance político exclusivo, nunca con la pretensión de sustituir la aprobación popular necesaria para el Fast Track.

Las leyes o Normas Constitucionales que se aprueben por Fast Track, tendrán control único Constitucional, esto es, se recorta la garantía ciudadana de demandar, una o varias veces, la inexequibilidad de estos textos jurídicos. Las acciones contra los decretos presidenciales tendrán escasos dos meses para presentarlas. Sin embargo, todo proyecto de decreto, ley o Norma Constitucional, deberá contar con el visto bueno previo de una comisión paritaria con Farc.

Presionan a la ciudadanía con la tesis de que la paz está por encima de la democracia. Quieren tapar que la paz de los dictadores, como se ha recordado a raíz del reciente funeral, es simplemente la violencia del régimen. Ocultan que la paz estable es consecuencia de la democracia respetada, acatada y estable.

Asumen que la paz es el desarme de 5.650 integrantes de Farc, sobre la base de conceder total impunidad y elegibilidad sin restricciones a las atrocidades y narcoterrorismo de los cabecillas.

Entonces repetirán en el futuro que hay que desconocer la democracia para pactar la paz con los disidentes de Farc, con el ELN, bandas criminales u otros delincuentes que resulten de la mutación propiciada por la impunidad, partera de nuevas violencias.

Y el Presidente de la República hace coro con el señor Rodrigo Londoño, Timochenko, para forzar el Fast Track, asignando a su eventual ausencia la culpa de nuevas muertes.

Mientras egos y temores del Gobierno, con burla de la decisión popular, gestionan Fast Track, voceros de Farc amenazan con expropiación a la industria azucarera, campeona mundial de productividad, y anuncian que su Tribunal de impunidad encarcelará a quienes fueron sus extorsionados y secuestrados, y a quienes evitaron el triunfo de su narco terrorismo.

Todos los días hacen más difícil desmentir el camino castro chavista por donde quieren llevarnos.