JUSTICIA
“Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo”: Jaime Granados
El penalista defensor titular del exmandatario se pronunció sobre la decisión de la Corte de imponer en su contra casa por cárcel y fijó postura en varios puntos del caso.
El conocido abogado Jaime Granados Peña, defensor del expresidente Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, expidió un comunicado con el que rechazó la determinación del alto tribunal que sacudió al país. En el texto, el defensor afirma que está absolutamente convencido de la inocencia de Uribe por lo que seguirá trabajando para lograr la absolución del exmandatario. El documento arranca con una primera afirmación categórica:
“El país debe saber que el presidente Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos, limitándose, como es su derecho legítimo, a pedir que se verificara la información que, por conducto de la ciudadanía, le llegaba y que ésta se trasladara siempre a la Corte”.
Luego el comunicado pasa a hacer precisiones sobre el testigo Juan Guillermo Monsalve, a quien la Corte le da crédito cuando afirma que el abogado Cadena lo visitó para ofrecerle dádivas a cambio de una retractación favorable al expresidente. Granados señala que Cadena lo visitó porque el testigo a través de terceros había enviado mensajes de que quería dejar en limpio el nombre de Uribe. “Intención que, tras la visita, corroboró el abogado Cadena quien así se lo transmitió al presidente Uribe. La única petición de mi cliente, como se puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el testigo dijera libremente la verdad”.
La defensa puntualiza que Cadena, en abril de 2018, le informó al expresidente Uribe que Monsalve había escrito una carta de retractación al tiempo que había manifestado preocupación por su situación de seguridad en la cárcel La Picota. “El presidente, como corresponde, indicó que el testigo debía pedir directamente a la Corte las medidas de seguridad, comprometiéndose a coadyuvar dicha petición ante la Corte. Ello, no constituye soborno alguno”, dice el comunidado.
Al respecto, el defensor del expresidente también señala que Cadena ha reconocido públicamente que ofreció su asesoría jurídica a Monsalve, a efectos de una posible acción de revisión del caso por el cual está condenado, pero tal ofrecimiento fue antes de haber informado al expresidente, quien entendió que eso no conllevaba ninguna “acción ilícita” pues tal circunstancia “no era una contraprestación, pues la supuesta carta, según le informó Cadena, ya existía”. Adicionalmente, asegura Granados, al testigo nunca se le pidió por parte del expresidente que faltara a la verdad.
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Los intríngulis del caso indican que la carta llegó a la Corte, pero que la esposa de Monsalve la radicó y que esta venía con una adenda en la que el testigo preso afirmó que ese texto de retractación era el que Cadena quería obtener con ofrecimientos irregulares. Al respecto el comunidado del penalista Granados precisa: “La carta de retractación nunca llegó a manos del abogado Cadena, ni del presidente Uribe ni fue presentada ante la Corte, ninguna inducción en error hubo”.
En otro punto del comunicado, el defensor señala que el expresidente ni buscó ni instrumentalizó al representante Álvaro Hernán Prada, también procesado en el caso, para que buscara sobornar a Monsalve. Al respecto, se afirma que Prada recibió una comunicación de terceros quienes decían que Monsalve quería retractarse, frente a lo cual Uribe “se limitó a confirmar que Monsalve era un testigo en su contra y que si esa era su voluntad ojalá dijera la verdad. Nada más, ni ofrecimiento, ni soborno hubo”.
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Y respecto al otro testigo clave Carlos Enrique Vélez, quien le aseguró a la Corte que Cadena le había ofrecido 200 millones de pesos y aportó recibos que sumarían unos 12 millones “debe precisarse que la visita que el abogado Cadena le realizó en julio de 2017 no obedeció a ninguna instrucción por parte del presidente Uribe , se trató de una verificación autónoma que el abogado Cadena realizó tras conocer, por su cuenta, una información en la Cárcel la Picota (sic)”, dice el comunicado y agrega que Uribe se enteró de la existencia del testigo cuando ya la carta había sido elaborada.
Granados insiste en que ningún momento Uribe autorizó o dio instrucción alguna para que al testigo se le hiciera cualquier tipo de ofrecimiento “lo cual por demás no concuerda con la realidad si se tiene en cuenta que el contenido de la carta firmada por Vélez era exactamente la misma a la versión que este había dado 7 meses antes, ante la propia Corte Suprema de Justicia, cuando no conocía a Cadena”.
Finalmente, el defensor señala que el expresidente no autorizó a Vélez ni a personas de su entorno, ni a ningún otro testigo, “se le hicieran giros por concepto de viáticos o ayudas humanitarias. Esta situación que, en nuestro criterio no constituye soborno, solo fue informada por el abogado Cadena a mediados del año 2019, momento en el cual el doctor Uribe manifestó que de haber sido enterado no hubiera autorizado dicho proceder”.
El último aparte del comunicado se ocupa de Fabián Rojas, exmiembro de la UTL de Uribe y quien rindió testimonio ante la Corte. “No es cierto, como se está tratando de insinuar, en otra filtración que atropella el debido proceso, que el doctor Fabián Rojas haya hecho sindicación alguna en contra del presidente Uribe”.