Uribe quiere la Fiscalía ante "presunción de culpabilidad" que ronda en la Corte

El expresidente Álvaro Uribe ha dicho –en todos los tonos posibles– que se siente prejuzgado y hasta secuestrado por la Corte Suprema. Por eso viró su estrategia de defensa renunciando al Senado, a fin de que sus expedientes salgan de la órbita del Alto Tribunal y pasen a la Fiscalía en virtud de que ya no es un aforado. Sus hijos, Tomás y Jerónimo, en una columna de opinión, dijeron que su padre era un preso político y que la medida de detención “para revestirla de aparente sofisticación necesitó mil quinientas páginas. Solo algo inexplicable requiere tantas páginas”. Luego de que el exsenador señaló a los magistrados de “proceder mafiosamente” sus abogados solicitaron a la Corte que se declare incompetente. Esa es la trascendental decisión que los togados empiezan a estudiar este jueves.

El dilema de la Corte, concretamente de la Sala de Instrucción, se hizo mayúsculo en los últimos días cuando se conoció otro auto en el que el magistrado instructor, César Reyes, cita a Uribe para que rinda versión libre dentro del expediente en el que se le investiga por las masacres de San Roque, La Granja, El Aro y el asesinato de Jesús María Valle. Uribe era gobernador de Antioquia, a mediados de los años noventa, cuando se produjeron esos crímenes catalogados de lesa humanidad. Se indaga si hubo omisión por parte de él. La defensa del expresidente sostiene que tanto el proceso que le significó la detención por supuesta manipulación de testigos, así como este expediente de lesa humanidad, deben ser remitidos al búnker.

La decisión de Uribe es un portazo a la Corte con dos grandes efectos, uno judicial y el otro, por supuesto, político. Al día siguiente de que el expresidente dimitió, su abogado titular, Jaime Granados, fue al Congreso y obtuvo copia de la aceptación de renuncia. Luego acudió a la sede de la Sala de Instrucción para presentar la solicitud de cambio de jurisdicción. 

Este martes, la Procuraduría remitió a la Sala de Instrucción un concepto que se sintoniza con la petición de la defensa de Uribe: ante la pérdida del fuero del ahora exsenador, la Corte Suprema pierde competencia y el asunto debe pasar a instancias de la Fiscalía y los jueces ordinarios.

Los magistrados que llevan el caso de Uribe decidieron que era necesario imponerle la casa por cárcel para evitar que este siguiera obstruyendo la justicia, pues encontraron "un patrón sistemático" consistente en que a lo largo de varios años el exmandatario, a través de terceros, habría maniobrado para impedir que se llegue a la verdad. Sin embargo, en el mundo jurídico se cuestiona el uso excesivo de la prisión provisional por parte de las autoridades. Los críticos consideran que pesar de que toda persona tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario, el castigo anticipado de la detención preventiva desdibuja esa garantía y proyecta una especie de "presunción de culpabilidad". En el fondo, ese es el argumento por el cual Uribe quiere marcharse de la Corte y poner sus expedientes en la Fiscalía. 

Así que los mismos cinco magistrados que ordenaron la detención de Uribe están ahora ante un espinoso dilema: retener la competencia para seguir con el caso o remitir el expediente para que un fiscal lo asuma. Lo primero es inconveniente y poco probable. No sería sencillo que los magistrados insistan en conservar el caso cuando Uribe está alegando que no le impusieron casa por cárcel sino que lo secuestraron. Además, hay muchos precedentes en los que la misma Sala de Instrucción ha resuelto que si las conductas no guardan estricta relación con las funciones del cargo, el expediente debe ser remitido a la Fiscalía una vez el congresista deja de serlo.

Un caso referente es el que surgió en 2015 cuando Claudia López era senadora y lanzó un hilo de trinos contra la alcaldesa de Barbosa, Antioquia, quien la denunció ante Corte por injuria y calumnia. El caso arrancó allá pero en 2018, cuando López terminó su periodo, la Sala de Instrucción declaró la pérdida de competencia y remitió el caso a la Fiscalía. Luego resultó que el búnker lo rechazó al considerar que el asunto sí tenía relación directa con el cargo de parlamentaria. Ese conflicto de competencia fue resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema que decidió remitir el expediente a la Fiscalía concluyendo que las supuestas calumnias de la exsenadora no tenían vínculo intrínseco con el cargo.

Otro ejemplo, aún más reciente, es el caso del exrepresentante Yahir Acuña a quien la Corte investigaba, al igual que a Uribe, por un supuesto soborno. En junio de 2019, cuando los magistrados advirtieron que el procesado ya no era congresista enviaron el sumario a la Fiscalía. El propio magistrado César Reyes, instructor del caso contra el expresidente, hace un año formuló una ponencia que fue aprobada por sus colegas. Se trataba de un expediente contra la famosa Aida Merlano, quien fue denunciada por una azafata de Avianca a la que la hoy prófuga le dio un puñetazo en la cara porque esta le impidió ingresar a un vuelo. Cuando Merlano pasó a ser excongresista, Reyes argumentó que el puño no tenía relación con el cargo, por tanto el caso debía ir a la Fiscalía. Y así fue.

Sin embargo, la defensa de Iván Cepeda, pide que el expediente del líder del Centro Democrático siga donde está con el argumento de que las conductas en cuestión sí están relacionadas con el cargo de congresista que ejercía Uribe. Al respecto, Reinaldo Villalba, defensor del senador del Polo, señala que en 2014 luego de un debate en el Capitolio en que Cepeda acusó a Uribe de nexos con los paramilitares, este se defendió presentando dos contra testigos y salió de ahí directamente a la Corte para entregar esos testimonios. El abogado también señala que Uribe usó personal de su unidad de trabajo legislativo para conseguir algunos de los testigos que se consideran falsos.

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No será fácil que ese planteamiento prospere. En general, la Corte tiene decantado que el fuero se mantiene si el delito en cuestión ocurre “por causa del servicio, con ocasión del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo”. En la práctica eso significa que Yidis Medina no habría podido vender su voto si no fuera congresista y que para cometer un lavado de activos o un soborno no es requisito ser parlamentario. 

Esa línea jurídica de la Corte se alteró en 2009 con el fenómeno de la parapolítica, cuando los congresistas investigados renunciaban en cascada para que sus expedientes pasaran a la Fiscalía antes de que les cayera una medida de aseguramiento. En ese momento, los magistrados ampliaron la interpretación. Consideraron que el delito de concierto para delinquir sí guardaba relación con el cargo pues los procesados habían asegurado su llegada al Congreso o su reelección en la curul justamente por haberse asociado con los grupos paramilitares. Pero salvo esa excepción, la Corte ha sido pragmática en salir de los procesos tan pronto los aforados pierden la investidura.

Aún así no hay que perder de vista que el caso de Uribe ha dado más de una sorpresa. Dado que para tomar una decisión, en cualquier sentido, se requieren mínimo cuatro votos y la sala que conoce el expediente está conformada por cinco magistrados, basta con que dos insistan en retener la competencia para que la definición se complique. En ese escenario tendrían que llamar uno o dos conjueces y la determinación se dilataría varias semanas. 

Los abogados del expresidente saben mejor que nadie que despojarse del fuero significa salir de la Corte, de ahí que ante la orden de detención le hayan recomendado renunciar. La decisión fue dolorosa para Uribe y conlleva dejar en estado anémico la bancada del Centro Democrático. Además, el expresidente tuvo que tragarse el sapo de su trino de  julio de 2018 –cuando hubo un amague de renuncia– y aseguró: “Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”. Granados, para maniobrar esa contradicción, explicó que ese trino fue una reacción política de Uribe en tanto que lo de ahora es un paso jurídico abocado ante la nueva realidad.

¿Una papa ardiente al fiscal?

Si no hay una gran sorpresa, el proceso por supuesta compra de testigos y fraude procesal será el primero del expresidente que pase a la Fiscalía. No el único. En la Corte Suprema hay otros 18 expedientes contra Uribe. Sus abogados solicitarán que cada uno de estos sea remitido al ente acusador. Incluso algunos irán de vuelta: en la Fiscalía se originó el radicado por la masacre de El Aro en el que se investiga por supuesta omisión al exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y cuando este llegó al Senado en 2014 el expediente pasó al Palacio de Justicia. Ahora volvería a un despacho del búnker. Todos esos sumarios contra Uribe y en particular el que le significó casa por cárcel, van a definir la gestión de Francisco Barbosa como fiscal general. 

Una vez el caso pase al ente acusador la gran pregunta será qué ocurrirá con la orden de casa por cárcel que tiene a Uribe confinado en El Ubérrimo desde hace tres semanas. “La medida de detención domiciliaria conserva vigencia y legitimidad, pero quedará bajo la competencia de un juez de Paloquemao, sujeta al plazo para presentar escrito de acusación y al término de su duración máxima. También cabría, antes, una solicitud de revocatoria”, explica Marlon Díaz, defensor y fundador del Colegio de Abogados Penalistas.   

El plazo máximo para formular escrito de acusación es de dos meses a partir de la detención, si eso no ocurre el procesado recobra la libertad. En cualquier caso, la medida puede prolongarse por máximo un año, si al cabo de este no hay un veredicto el detenido debe quedar libre. Los abogados de Uribe no esperarán ni lo uno ni lo otro. Es obvio que una vez el proceso llegue al búnker la defensa del expresidente de inmediato intentará tumbar la detención.

Esa posibilidad la podrán buscar pidiéndole al fiscal asignado que solicite a un juez de garantías la revocatoria, o acudiendo directamente a ese juez. De cualquier forma, el togado al que le caiga el chicharrón del siglo necesitará conocer la postura de la Fiscalía. Y ese será un momento crucial para Barbosa.

De seguro, el senador Cepeda y los críticos del Gobierno pedirán que se nombre un fiscal ad hoc señalando que Barbosa y Duque son amigos íntimos y que Uribe es el jefe del partido al que se deben ambos. Pero en el terreno judicial los impedimentos son taxativos, no subjetivos. Además está el argumento pueril y reglamentario de que los fiscales son autónomos, y que por tanto el que sea asignado para llevar el caso no recibe órdenes del jefe del búnker. Todo el mundo sabe que en la práctica las cosas no son así. Por eso mismo, el manejo que el fiscal a cargo de al proceso de Uribe le pasará factura al fiscal general. 

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De momento, para vislumbrar la posición de la Fiscalía frente al tema lo que hay es lo ocurrido en el proceso contra Diego Cadena, el abogado del expresidente, imputado por los mismos cargos y los mismos hechos. Luego de varios meses de aplazamientos, la audiencia contra Cadena tuvo lugar hace tres semanas. El fiscal a cargo, Daniel Hernández, expuso evidencia según la cual Cadena le habría pagado 48 millones de pesos a un testigo para lograr que declarara en favor de Uribe y habría ofrecido sus servicios jurídicos a otro a cambio de que se retractara de acusaciones contra el expresidente. 

En la audiencia el fiscal hizo una afirmación que generó gran debate: "Cadena no solo engañó a la administración de justicia, sino también a los abogados titulares y a su cliente (Álvaro Uribe)", señaló Hernández. De esa forma, el fiscal restringió en el acusado las irregularidades sacando en limpio al expresidente Uribe. Hernández recalcó que el propio Cadena dijo en diligencia judicial que no le había informado oportunamente a Uribe sobre los pagos a testigos y que no lo hizo porque lo "mandaría a freír espárragos".

Con base en ello, el fiscal recalcó que Cadena era el único responsable de los delitos imputados. Pero esa argumentación se dio antes de que la Corte Suprema ordenara la detención del expresidente. Es un misterio si el fiscal Hernández la hubiese presentado igual de haber procedido primero los magistrados. Al final el juez de Cadena le impuso detención domiciliaria, la misma decisión que días después, para sorpresa de todo el país, tomó la Sala de Instrucción respecto a Uribe con el argumento contrario al del fiscal Hernández.

Si antes la opinión pública juzgaba la gestión de Francisco Barbosa a partir de los casos de la ñeñepolítica y de Diego Cadena, en adelante esa evaluación se hará con relación a lo que ocurra con el expediente de Álvaro Uribe.

Mientras que los abogados del exmandatario se ocuparán del enredo jurídico y el fiscal general será el foco del escrutinio, Uribe –en casa por cárcel o libre– se dedicará a su nueva cruzada que consiste en lograr un revolcón en la cúpula de la rama judicial y en conservar el poder en 2022. 

El primer propósito lo dejó bastante claro en su carta de renuncia al Senado: “Hago votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud, estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política”. 

Claro, todo eso ocurrirá si los magistrados de la Sala de Instrucción deciden remitir el caso a instancias del fiscal Barbosa. De ahí que el país jurídico y político esté en vilo frente al sentido, cualquiera que sea, de esa decisión.