Uribe salió a abogar para que no se derogue la Ley de garantías

La Ley de garantías, alrededor de la cual se pidió un ajuste en el proyecto de Presupuesto 2022, está en medio de una gran controversia en el país.

El expresidente Álvaro Uribe pidió a su bancada política el apoyo para que no se derogue dicha ley, con el argumento de que se hace necesario proteger la honra del Gobierno.

Este lunes, en la agenda del Congreso de la República, estaba incluida la realización de una audiencia pública alrededor del tema, el cual, no solo tiene un artículo en el Presupuesto 2022 para tumbar la medida que detiene la celebración de contratos interadministrativos en épocas preelectorales, sino que hay un proyecto de ley que avanza. La audiencia fue aplazada.

Las medidas que se incluyen en la Ley de garantías se crearon para ponerle freno a la corrupción, la cual se activa aún más en temporadas de elecciones, para promover la compra de votos y el pago de favores políticos a fin de obtener ventajas electorales.

Por esa razón, para Uribe, el asunto ahora es de defender la honra del Gobierno, pues el camino de modificar la ley de garantías, con el propósito de no detener la inersión de los recursos públicos (que es el argumento expuesto por los que proponen los cambios), “debió hacerse al inicio y no en vísperas electorales”, dijo el expresidente.

Gremio de Mipymes también rechaza el cambio

El gremio de Mipymes en Colombia, Acopi, en el que está más del 90% del tejido empresarial de Colombia, también salió en rechazo de la iniciativa que fue presentada en el Proyecto de Presupuesto 2022, para suspender el artículo 38 de la Ley de Garantías.

Para las pequeñas y medianas empresas, dicha suspensión “dejaría sin efecto la prohibición para servidores públicos de celebrar convenios interadministrativos y contratación directa a menos de cuatro meses de las elecciones”.

En consecuencia, “con esta modificación, fundada en darle continuidad al proceso de reactivación económica y no limitar la ejecución de presupuesto de las autoridades territoriales consideramos que no es conveniente ya que afecta el proceso de transparencia, garantías y objetividad en las elecciones, dado que estamos a puertas de la celebración de estas en el próximo 2022″.

Ya la reactivación está en marcha

En relación con el argumento, según el cual, se requiere modificar la Ley de garantías para que la inversión no se frene y se continúe con la reactivación económica, pues las cifras ya muestran que la economía está marchando: en el segundo trimestre del año se impulsó en 17,6%, y las expectativas para el resto del año son altamente optimistas.

Por esa razón, Acopi recordó que “La ley de Garantías, se expidió con el fin de evitar el uso de recursos públicos en época electoral en beneficio de sectores políticos y con fines proselitistas”.

En esa misma línea, el gremio de Mipymes considera que se debe mantener la medida de blindaje, “puesto que es una norma preventiva que ayuda a asegurar que los procesos electorales y los recursos sean transparentes y eficientes”.

Ojo, no se puede modificar por vía ordinaria

Acopi agrega que “existe un vicio de inconstitucionalidad que afecta la iniciativa, teniendo en cuenta que esta Ley es estatutaria, y no se puede regular ni modificar por una ley ordinaria como es la Ley de Presupuesto Nacional”.

El gremio enfatiza también en que se violaría el artículo 158 de la Constitución colombiana, que señala “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisible las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”.

En tal sentido, “no es posible que en una Ley de Presupuesto se presenten modificaciones de un tema totalmente ajeno a la misma como son las garantías electorales establecidas en la ley estatutaria 996 de 2005″.