“Uribista de las que van al ubérrimo”: así etiquetaba el superintendente de Subsidio Familiar a la gente que pedía “botar” de las cajas de compensación

Unas conversaciones entre la destituida directora de la caja de compensación Comfacor, Diana Marcela Vásquez, y el Superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, llegaron a un despacho de un juez laboral del circuito de Montería. En estas, la exfuncionaria de la entidad, que está intervenida por el Estado, cuenta en una demanda laboral cómo fue desvinculada, según ella, por no seguir las instrucciones del alto funcionario que, constantemente, le pedía nombrar personas, ascender a otros y despedir unos más.

En una de las conversaciones, el 16 de diciembre de 2022, el superintendente le manda una lista con el siguiente mensaje: “Estos son los inamovibles uribistas de los supersueldos de la caja, que atornilló la corrupta exfuncionaria”. Al lado de esta categórica frase, el súper le pone 20 nombres. Y en una columna se ve claro el nombre de “Uribe”. Aunque no lo menciona, la instrucción parece evidente: sacar de la entidad a quienes fueron nombrados en el gobierno anterior y se considera que son cercanos a esa corriente política.

El cuadro con el que el superintendente etiqueta a los uribistas es bastante particular. Se trata de un formato en Excel, en el que está el nombre del funcionario, el cargo y un espacio para “observaciones”.

Hay quince personas etiquetadas en las observaciones solo con el nombre “URIBE”, todo en mayúsculas. Pero hay una que tiene un comentario adicional: “Uribe, de las que van al uberrimo a rendir cuentas”. Así se refiere el superintendente a Teresa María Salamanca de Aviléz, quien es la subdirectora de servicios de la caja.

A otra la señala además de ser uribista, de pasar “al lado de la directora tomando fotos de eventos sociales”. Ella es Isabella Garcés Armella, quien tiene el cargo de comunicaciones, lo cual explicaría a simple vista por qué toma imágenes de las reuniones de la entidad.

Pero no solo los uribistas molestan en el Comfacor intervenido por el gobierno Petro. También señalan a los “trabajadores viejos”. Pero aclaran que hay unos que tienen más afinidad con lo que parece la nueva administración que otros. Sobre dos funcionarias señala lo siguiente: “trabajadora vieja, pero se unió a la amiga y es un cargo importante”. De una de ellas, Katherine Arteaga, la gerente de Administración Jurídica, agrega que “la ascendió Marta”.

En la lista también aparece una persona, Luis Felipe Solano, experto en planeación, que se visualiza con el nombre del senador Antonio Correa al frente.

El listado fue presentado por Diana Vásquez en la demanda en la cual pide el reintegro a su trabajo. Esa petición la sustenta contando lo que para ella fue la verdadera causa de su retiro del trabajo: no haber accedido a las peticiones del superintendente de convertir en un fortín político la entidad. Para eso, Vásquez aportó todos los chats que tuvo con él.

La primera vez que ella le escribe al alto funcionario fue el 12 de octubre de 2022. Para ese entonces, Comfacor era ya una de las cajas de compensación intervenidas por el Gobierno. Esta medida le otorga al superintendente la posibilidad de elegir al director de la entidad. Y Diana Vásquez aspiraba a este puesto y ya había sido preseleccionada. “Buenos días, doctor, ya lo agregué a mis contactos”, le escribe ella. “Ha sido un gusto, Diana, seguimos en contacto”, le contesta él.

Al otro día, Diana le manda su hoja de vida y una propuesta que él le había pedido sobre cómo se podría mejorar la entidad. En noviembre, Vásquez es elegida para dirigir la caja. Y ambos se cruzan mensajes muy positivos. “Diana, te deseo lo mejor. Tu éxito será el mío, abrazos”, le escribe el superintendente. Ella le contesta con la misma efusividad: “Doctor, voy a ser más que su mano derecha. Mi propósito está absolutamente alineado con el suyo… con trabajo leal le pagaré esa confianza”.

Pero los propósitos de ambos no eran los mismos. Y apenas Vásquez se posesionó, recibió una instrucción contundente: “Envía por favor un oficio a todo el personal directivo pidiendo sus renuncias protocolarias. Atenderás y priorizarás a quienes lo hagan. A los demás los desvincularemos progresivamente”, le decía el ‘súper’.

Desde ahí, los chats que le enviaba el alto funcionario se referirían solo a instrucciones frente a sus recomendados. En los chats se puede ver cómo le remite hojas de vida, una tras otra. La primera que le llega es la de Jénifer Rodríguez, una persona a la que el funcionario describió como de “mi confianza absoluta” para ser la revisora fiscal. Luego la descarta y dice que se la lleva “para otra caja” y propone otro nombre, el de Noris Yadira Mena.

El 30 de noviembre, le remite la de José Eduardo Guarnica y le aclara que “no tiene que ser en un cargo directivo”. El 2 de diciembre manda la hoja de vida de María Alejandra Oviedo con el mensaje de “abogada para contratar”. El 5 de diciembre envía la de Carlos Javier Hoyos con la siguiente orden: “Por favor entrevistar a esta persona y la vinculas”.

No ha pasado ni un mes en su cargo y las solicitudes le caen como lluvia. El 16 de diciembre, a Vásquez le llega ese mensaje con los nombres de los supuestos uribistas.

Comienza la época navideña y en medio de las novenas, el superintendente sigue dando órdenes, ahora para ascensos. El 21 de diciembre le pide “promover a una subdirección” a Juan Carvajal. “Puedes confiar en él”, agrega. Luego le pide también un salto profesional para José Tuirán. “También es de mi confianza”, señala. Un rato después le escribe que entreviste a Marta Pérez Montiel para que sea “la rectora del colegio”.

El 22 de diciembre, apenas dos días antes de Navidad, el superintendente le manda un mensaje con un tono de molestia: “Dime, por favor, en relación con las personas que he pedido ascender dentro de la caja o contratar, ¿cómo vas con ello?”. Cinco días más tarde, el 27 de diciembre, le insiste: “Mientras logramos reemplazar a los directivos de Marta, las personas que te he recomendado para que te acompañen en la gestión les puedes hacer contratos de prestación de servicios”.

No solamente el superintendente la aborda con peticiones. También lo hace la doctora Carol Cárdenas, quien para la época era la agente especial de intervención de la Superintendencia. En diciembre, mientras el alto funcionario le envía las hojas de vida, la doctora Cárdenas la presiona por los nombramientos, le manda nuevos nombres y le pide que guarde silencio.

Sobre una persona, le dice que la ayude con prontitud porque “si no fuera por ella no te habríamos podido posesionar tan rápido”. A otros, pide que le abra una investigación: “Sorpréndelos mañana con el cambio”, “pásala a auditoría o control interno”, señala. El 21 de diciembre, la funcionaria le dice claramente que oculte que ella le da órdenes. “Hay ruidos de que estoy coadministrando”, señala y le dice que lo andan diciendo a “diestra y siniestra”. Y le hace una petición: “Que en lo mínimo me menciones”.

Un día después de que el ‘súper’ le pregunta por las personas que pidió que contrataran, la doctora Cárdenas le dice nuevamente lo mismo: “Si el doctor me llega a abordar con el tema, qué le digo”. La directora de la caja no aguantó más y decidió poner en conocimiento de la Procuraduría el tema. En su demanda laboral asegura que nunca pensó en ceder a esas presiones, pues violan los procesos de selección, el código de ética, buen gobierno y contratación.

La colecta para la Paz Total

En todos los mensajes que recibió Vásquez hay uno especialmente grave. El 2 de diciembre de 2022, el superintendente le escribió: “Diana, todas las cajas están contribuyendo a esta iniciativa de paz total en Buenaventura. Las cajas intervenidas están aportando 50 millones. Te envío la cuenta del obispo de Buenaventura”.

Que la persona que vigila las cajas de compensación les pida plata para una causa que promueve el Gobierno no solo es extraño, sino que podría ser ilegal, pues los funcionarios públicos tienen prohibido hacer colectas para fines privados.

La historia fue confirmada por otro directivo de cajas, Jorge Alejandro Gómez, quien hasta esta semana fue el director de Comfenalco Antioquia. Tras 26 años de trabajo, fue removido de su cargo, una vez la entidad fue intervenida por la Superintendencia.

“A mí directamente me llamó y me dijo que en Buenaventura se estaban matando los niños y los jóvenes. La causa era muy loable, pero al hacer el análisis de poder disponer los recursos para eso, no accedí. No tuve cómo justificar enviar un dinero a un particular que no estaba destinado para programas de nuestros trabajadores y sus familias”, le dijo a SEMANA. Aclaró que el alto funcionario le hizo la petición de manera muy amable, que el objetivo le parecía valioso, pero que él nunca encontró cómo justificar este gasto y por eso no lo hizo.

La Procuraduría puso su lupa en el trabajo del superintendente. Le pidió información sobre esta colecta y sobre la petición que hizo a algunas cajas de enviar el listado con la nómina de la entidad. En un comunicado, la entidad aclaró que la colecta la hacía con “relación a la solidaridad con la población de Buenaventura y el apoyo a la tregua promovida por el obispo Rubén Darío Jaramillo Montoya, que ha conducido al cese de los asesinatos”. Según el superintendente, eso forma parte de sus obligaciones constitucionales “para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida”.

Sobre las nóminas, aseguró que “es labor propia del superintendente, en su dinámica de vigilancia y control, estar al tanto de la administración de un sistema que emplea a más de 100.000 trabajadores en todo el país”.

Pérez es un reconocido defensor de derechos humanos. Fue director del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y magistrado del Consejo Nacional Electoral. Se considera un hombre muy cercano al presidente Petro. Tendrá mucho que explicarle al Gobierno sobre sus pedidos a la directora de la Caja de Compensación de Córdoba.