Uspec no prestará más el servicio de alimentación a los privados de la libertad en las estaciones de Policía y URI del país

La Procuraduría dio a conocer que a partir del próximo 31 de julio la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), dejará de prestar el servicio de alimentación a los privados de la libertad que se encuentran en todas las estaciones de Policía y URI del país.

En consecuencia, el Ministerio Público les dio 10 días al Ministerio de Justicia y a las Gobernaciones para que informen de los planes logísticos y administrativos que se tienen para ejercer el suministro de alimentación a esta población.

La Procuraduría envió el pasado 24 de abril un oficio a la Uspec, con el fin de que informe si esta entidad dejará de prestar este servicio. Mediante un oficio de fecha 26 de abril de 2023, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios dio respuesta señalando que el suministro de los alimentos le corresponde a cada entidad territorial, que deberá incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para garantizar lo pertinente a dicho grupo poblacional.

Hacinamiento en estaciones de Policía en Bogotá

Luego de una exhaustiva verificación realizada por la Procuraduría General de la Nación, el organismo de control constató condiciones mínimas de infraestructura, de acceso a servicios básicos y trato digno para las personas privadas de la libertad (PPL) en ocho estaciones de Policía de Bogotá, tres Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el Instituto Penitenciario y Carcelario de La Picota.

La elección de estos establecimientos, de acuerdo con el Ministerio Público, se basó en el alto número de quejas recibidas y con el objetivo de abarcar todas las localidades de la ciudad. Por lo tanto, llevó a cabo una verificación en las estaciones de Usaquén, La Candelaria, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba, Los Mártires y Rafael Uribe Uribe, así como en las URI de Usaquén, Puente Aranda y Paloquemao.

Durante este proceso, la entidad constató la capacidad y el grado de hacinamiento, el estado de las instalaciones y el acceso a servicios de salud, agua, alimentación y otros aspectos relevantes.

Lamentablemente, la Procuraduría identificó condiciones “degradantes e inhumanas” en los centros de reclusión de la capital del país. La mayoría de los detenidos duermen en espacios improvisados con colchonetas, hamacas u otros elementos precarios. Además, “se encontró que no hay baterías sanitarias suficientes para la totalidad de las personas recluidas en estos lugares”.

La Procuraduría también encontró que el servicio de alimentación proporcionado es “insuficiente y puede representar un riesgo para la salud”. También constató que algunos alimentos son entregados en estado de descomposición.

En cuanto al acceso al sistema de salud, la Procuraduría General encontró que es “precario e insuficiente para los reclusos, quienes carecen de acceso a medicamentos y tratamientos necesarios”. Esto se suma a “las condiciones insalubres en las que están a diario, por lo que algunas de las enfermedades que sufren como tuberculosis y leptospirosis son contraídas en estos sitios”.

El organismo de control confirmó una notable falta de acompañamiento y capacitación para los guardias encargados de los reclusos.

“Están en exposición diaria a ataques, enfermedades, desgaste físico y psicológico; además de verificar que están asumiendo responsabilidades ajenas a lo establecido por la ley como suministrar medicamentos y asegurar el acceso a audiencias”, aseguró la Procuraduría.

Para el Ministerio Público, estos hallazgos evidencian la urgente necesidad de mejorar las condiciones de los centros de reclusión en Bogotá y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La Procuraduría General de la Nación espera que se tomen acciones inmediatas para corregir estas situaciones y “brindar un trato digno y humano” a quienes se encuentran bajo custodia del Estado.

Gobierno pide reformar al Inpec y a la Uspec

En mayo pasado, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna, presentó una solicitud al Congreso de la República para otorgar facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro. Estas facultades tendrían una duración de seis meses y se utilizarían para llevar a cabo una reforma en el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

El objetivo principal de esta reforma, de acuerdo con el ministro Osuna, es “mejorar la eficiencia del gasto y lograr que los 3,2 billones de pesos anuales destinados a estos organismos tengan un mayor impacto”.

El ministro Osuna hizo pública esta solicitud a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó: “Radiqué solicitud de otorgar facultades extraordinarias al presidente que permitan reformar al Inpec y a la Uspec, con la finalidad de hacer más eficiente el gasto y que administrativamente esos 3,2 billones de pesos al año tengan mejores frutos”.