Usureros de exportación: las redes colombianas de gota a gota se riegan por Latinoamérica

La desaparición de tres colombianos y el desmembramiento de uno más hace once meses en México fue el campanazo. Las víctimas habían ido al país manito para dedicarse al gota a gota, esa  modalidad de usura ideada y perfeccionada en Colombia, que se esparce por Latinoamérica como una plaga conectada con la extorsión y la violencia. Varios países de la región ya están implementando normas para controlar el fenómeno. Mientras tanto, aquí, las autoridades intentan cortar el problema de raíz.

El desmantelamiento de una red de gota a gota que se expandió desde Medellín a cinco países de la región puso en evidencia el nivel de sofisticación delincuencial al que están llegando las bandas dedicadas a ese negocio ilegal. En las últimas semanas, la Dijín de la Policía capturó a nueve personas que lideraban una estructura de al menos 60 colombianos que se regaron por Venezuela, México, Guatemala, Brasil y Perú, donde establecieron líneas de préstamo. En los 18 meses que duró la investigación, y a partir de la interceptación de sus comunicaciones, se reveló su forma de operar. 

El negocio se ideó hace 8 años en Aranjuez, la comuna 4 de Medellín. Alias Víctor y alias Juan Sebastián decidieron empezar una casa de préstamos gota a gota, pero eran conscientes de que la capital paisa no era el mejor escenario para ese negocio. La presencia de combos y estructuras criminales ligadas al narcotráfico y la extorsión no solo representaban un peligro para cualquier grupo que quisiera emprender una renta criminal, sino que les significaría el pago de vacunas y la disminución de las ganancias. Por eso, viajaron a Venezuela y empezaron a prestar dinero en sectores comerciales de estratos bajos, con intereses que rondaban el 20 por iento.

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La empresa fue exitosa, pero la crisis económica en el país vecino le restó rentabilidad.  El par de amigos volvieron a Colombia e idearon su plan de expansión. Empezaron a reclutar jóvenes en los barrios populares de la comuna para enrolarlos como prestamistas. Les ofrecían un salario mínimo de sueldo, además de comida y vivienda aseguradas en el país vecino. Los requisitos eran tener pasaporte, comprar los tiquetes y estar dispuestos a permanecer al menos un año en el país de destino. Ahí comenzaba la relación de dominio sobre sus trabajadores. La mayoría, de recursos escasos, les pedían dinero prestado para costear el viaje, y ellos se lo facilitaban con las mismas tasas de interés que les imponían a sus víctimas.

Unas conversaciones telefónicas intervenidas por los investigadores de la Dijín revelaron que los capos de la banda tenían contactos con autoridades migratorias extranjeras para garantizar que sus emisarios llegaran a sus destinos. Para viajar a Guatemala, por ejemplo, les pedían una foto a sus reclutas en la que vistieran la ropa que usarían el día del viajes. Esa imagen se la enviaban a agentes en los aeropuertos para que los identificaran y les permitieran pasar los controles sin reparos.

La banda tenía 60 prestamistas regados en cuatro países. En México, por ejemplo, la red le prestaba a comerciantes en sectores populares de Aguas Calientes y León, a quienes incluso les hipotecaban sus propiedades para garantizar el pago. Cuando no cumplían el acuerdo, los prestamistas tenían la orden de "tallar" a sus víctimas. Las autoridades no descartan que usaran violencia para cobrar. El dinero obtenido era devuelto a Colombia a través de giros, para los que también reclutaban personas que les facilitaran la recepción de las remesas en bajas cuantías, para no levantar sospechas. El cálculo es que el negocio les dejaba ganancias de al menos 270 millones de pesos mensuales.

A finales de octubre, la Dijín, con apoyo de ICE, la agencia estadounidense de inmigración y aduanas, capturó a 8 miembros de esta banda en Medellín y Pereira, quienes estaban en la cima de esta red. Eran los reclutadores, quienes controlaban las "plazas" y las finanzas. Lo que sorprendió a los investigadores fue el grado de organización de la estructura. Tenían una oficina en Pereira donde llevaban la documentación, y usaban una aplicación virtual para que sus cobradores reportaran las cuentas, los préstamos y las víctimas a diario.

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También conformaron una red de testaferros y se dedicaron a comprar propiedades para blanquear el dinero. Para no levantar sospechas, pagaban precios elevados por los inmuebles pero registraban transacciones mucho menores a las cifras del avalúo comercial. Operaban a un nivel sofisticación similar al de los carteles de droga. Y como reflejo de los narcos, cayeron en la ostentación. Se movían en camionetas lujosas y desarrollaron una afición por los boogies, las cuatrimotos y los caballos. “Se trata de un proceso desarrollado junto con la unidad de lavado de activos de la fiscalía general y la agencia estadounidense ICE en el que se investigó todas las estructuras de esta organización incluidos abogados que asesoraban la banda”, explicó el director de la Dijín, general Jorge Vargas.

La investigación no solo frenó a una poderosa red de gota a gota, entre tantas que se expanden por los países de la región. También permitió conocer mejor las formas de operación y de ocultamiento, y eso servirá para controlar el fenómeno que desde Colombia ya causa estragos en el vecindario.