¿VA GANANDO SOTO?

"No se sabe qué está más perdido para Colombia si los 13.5 millones de dólares o el caso de la extradición de Roberto Soto Prieto". La frase es algo más que un apunte de coctel. Indica en cierto modo el ambiente más bien pesimista que reina en el país frente a una eventual solución del asunto del millonario robo a una cuenta del Estado colombiano en el Chase Manhattan Bank de Londres.

Primero fue la confusión sobre si Colombia debía o no asumir la investigación o si simplemente debía demandar al Chase por ser el lugar de donde la plata había desaparecido. Luego, cuando ya se conoció la identidad de los sindicados, la discusión se centró sobre si se debía traer a Soto al país por la vía de una deportación o por la de una extradición. Más adelante se armó el enredo de los plazos para entregar determinada documentación al juez austriaco que debe decidir si su país concede el asilo a Soto. Y finalmente, con motivo del viaje de vacaciones a Colombia del embajador en Austria Gustavo Rodríguez ha salido a la luz pública el lío de algunos papeles que Rodríguez considera "pruebas mínimas" para demostrarle al juez austriaco que la sindicación contra Soto es por un delito común y que, entre otras cosas, el robo sí se cometió .

De todo este enredo el primer beneficiario ha sido, sin lugar a dudas, el propio Soto, quien no sólo no se ha visto obligado a regresar al país a responder ante la justicia por la sindicación que se le ha hecho, sino que, a causa de la confusión, ha comenzado a aparecer ante los ojos de algunos como una posible víctima de circunstancias que estarían pendientes de ser aclaradas.

Pero si Soto es el primer beneficiario de esta confusión, ¿quiénes son los responsables de que ella se haya generado? A primera vista, habría que sindicar por ello al juez colombiano, a la Procuraduría y a la Cancillería, encargados de obtener el regreso de Soto al país. Sin embargo, un análisis detallado de los pasos dados por ellos en busca de ese objetivo, permite establecer que más que equivocarse, el juez y las dos entidades lo que han hecho es, más o menos, utilizar un poco de lógica y basarse en las leyes colombianas para llevar a cabo los trámites respectivos.

En primer lugar, ¿por qué no se podía dejar a un lado una investigación colombiana y dedicar todos los esfuerzos a demandar al Chase en Londres? Porque las autoridades colombianas, aunque nunca lo hayan reconocido públicamente, saben que el Chase no tiene ninguna responsabilidad en el robo, simple y llanamente porque la negligencia de los funcionarios colombianos tanto en el Banco de la República como en el ministerio de Hacienda, de ésta y de la administración anterior, permitió que las claves secretas para el uso de los télex cayeran en desuso pese a la insistencia del Chase en que se utilizaran (ver SEMANA N° 85, diciembre 20-83).

En segundo lugar, ¿por qué se utilizó la vía de la deportación antes de la de la extradición? Porque cuando la Policía Judicial de la Procuraduría se enteró de que el principal sindicado del robo, Roberto Soto, se encontraba en un avión volando hacia Alemania, supieron también que el avión aún estaba en espacio aéreo colombiano y, si bien no se le podía obligar dar vuelta y regresar, si se podía obtener una detención policiva en Puerto Rico, durante la escala, que permitiera una deportación inmediata. Sin embargo, Soto no descendió del aparato, pese a la costumbre de todos los pasajeros que hacen esa escala, y la policía portorriqueña no pudo detenerlo. Horas después, en Frankfurt, se intentó de nuevo el mismo mecanismo. La idea de las autoridades colombianas era que se debía seguir intentando una deportación pues eran conscientes de la lentitud y de las dificultades de un proceso de extradición. Además, la extradición, según las leyes colombianas, no puede pedirse si antes el auto de llamamiento a juicio no está "en firme" o sea, no ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá, ante el cual ha sido apelado.

Y finalmente, ¿por qué no se ha enviado a Viena una serie de pruebas que el embajador Rodríguez considera vitales para obtener el retorno de Soto al país? En esto, parece haber una diferencia de criterios entre lo que piensa el juez austriaco y lo que piensan el juez colombiano y la Procuraduría. Según las declaraciones que Rodríguez ha dado a la radio colombiana, el juez europeo desea obtener las pruebas que demuestren que el economista sí es culpable del robo. Para las autoridades colombianas, esa decisión no debe ser tomada por el juez austriaco, sino por la justicia colombiana. En efecto, el juez colombiano y la Procuraduría creen que no es necesario demostrar a los austriacos que Soto es culpable, sino que el delito por el cual se le sindica es común y no político. Por eso, en un principio, el único documento que Colombia envió a Austria fue una copia del auto de detención, en el cual se exponen los delitos comunes que se le atribuyen a Soto. En cualquier otro caso, como en los de extradición entre Colombia y Estados Unidos, ese documento hubiera sido suficiente, pero con una tradición de asilo político como la que tiene Austria, las cosas son distintas.

Pero y si esto es así, ¿por qué entonces las autoridades colombianas no han enviado las pruebas del caso que el juez austriaco quiere? Porque tienen miedo de que las influencias de Soto en Austria sean tan poderosas que le permitan tener acceso a esas pruebas y comenzar a preparar su defensa después de estudiarlas detenidamente. Con todo y eso Colombia ya envió al juez austriaco una prueba que el Procurador considera "concluyente".

Lo que queda ahora es esperar. Y hacerlo sin demasiadas esperanzas, según creen las antoridades colombianas, pues incluso si el juez austriaco determina que Soto sí puede ser enviado a Colombia, la última decisión quedará en manos del gobierno europeo, que deberá analizar la conveniencia política de extraditar al economista. Y esto último sólo sucederá dentro de 8 ó 10 meses, cuando el Tribunal de Bogotá resuelva sobre el fallo apelado y se pueda pedir la extradición. O sea que se va a necesitar casi tanta paciencia para esperar el retorno de Soto, como la que se requerirá para esperar la recuperación del dinero.