Vacunación en Colombia: rifirrafe entre las EPS y los territorios por atrasos y otros riesgos para el plan

El momento más esperado, por el que ha habido agarrones y reclamos de un lado y otro, el de la llegada de las vacunas y el inicio de la inmunización de la población para que empiece a cambiar el panorama que trajo la pandemia y que puso de rodillas al mundo, está generando el nerviosismo propio de una carrera en la que puede haber tropiezos. Lo peor que puede pasar en este momento es que surjan distanciamientos locales del plan nacional, pues la meta debe ser la misma: que todo funcione.

Este miércoles se presentaron varios hechos que ponen en evidencia que algo falta para que el país esté listo. El gremio de las EPS y el de medicina prepagada (Acemi) le enviaron una carta al Ministerio de Salud en la que advierten que los entes territoriales deben conformar mesas de coordinación permanente con las entidades encargadas del aseguramiento y los prestadores del servicio de salud, y solo un puñado lo han hecho. Mientras tanto, en la Procuraduría General se llevó a cabo una reunión entre la nueva funcionaria, Margarita Cabello, y el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, de la cual surgió la necesidad de “solicitar de manera inmediata a las EPS del país el estado de avance en la depuración y actualización de las bases de datos, específicamente en lo relacionado con el número de colombianos que han sido contactados para actualizar su información, teniendo en cuenta que este aspecto será clave al momento de establecer la etapa, la fecha y el lugar que les serán asignados para su vacunación”.

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En los entes territoriales, las mesas de trabajo deben conformarse mediante acto administrativo formal. Según los lineamientos del MinSalud, la tarea debe hacerse una semana antes de iniciar la vacunación, la cual está prevista para el 20 de septiembre. Es decir, para luego es tarde.

Pero, entre lo más preocupante está el renglón de la carta que envió Acemi a MinSalud, en el que dice: “Hemos detectado en varios de los mandatarios de las entidades territoriales, incluyendo las más grandes y pobladas, la posición según la cual les es dable diseñar un plan de vacunación distinto y contrario al Plan Nacional de Vacunación establecido por el Gobierno nacional”.

El gremio mencionó voces expresadas en reuniones informales, según las cuales “algunos gobernadores y alcaldes pretenden recibir y controlar las bases de datos de afiliados, a pesar de que el Decreto 109 es claro en que esta base de datos maestra la conformará el Ministerio de Salud y se actualizará por parte de las entidades encargadas del aseguramiento, para efecto del agendamiento de las citas de vacunación”.

La misiva de Acemi agrega una preocupación sobre el riesgo para el proceso de vacunación, que implicaría que los gobernantes quieran “circunscribir la lista de entidades prestadoras aptas para vacunar a las que formen parte de la red pública a su cargo, contrario a lo establecido en el decreto, que establece que el ministerio es el que identifica y enlista a esos prestadores, y publica la lista para que las aseguradoras y las secretarías las tengan en cuenta en la asignación del punto de vacunación a cada persona”.

El llamado de Acemi al MinSalud es que “el Gobierno nacional reivindique el carácter nacional y obligatorio del Plan de Vacunación, y se les recuerde a los mandatarios territoriales, allí donde al parecer no lo tienen presente, que su labor es adaptar e implementar los lineamientos que ha establecido el ministerio y gestionar las acciones intersectoriales para articular las estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan”.

En representación de los municipios, Gilberto Toro, director de la Federación Colombiana de Municipios, en declaraciones a SEMANA, señaló que “es momento para que los aseguradores y prestadores de salud trabajen de la mano con los gobernantes locales”.

Toro agregó que “los municipios están haciendo un gran esfuerzo, a pesar de las dificultades económicas y en especial del costo que significa el mayor valor de honorarios que se debe pagar a los concejales y que por mandato de la Ley 2075 los obliga a aumentar su gasto de funcionamiento en menoscabo de prioridades nacionales como esta”.

El líder del gremio de municipios enfatizó en que “es inadecuado que por información no verificable, los prestadores y aseguradores en salud generen problemas de gobernabilidad adicionales a los que ya enfrentan los alcaldes en esta difícil coyuntura”.