POLÍTICA
Vándalos tendrán que responder por daños a estatuas y monumentos en medio del paro
Así lo señala un documento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En medio de las jornadas de paro que se vivieron en el primer semestre del año en el país, varios monumentos fueron vandalizados. Igualmente, múltiples estatuas ubicadas en diferentes lugares fueron tumbadas o intervenidas.
Ahora, unos meses después, quienes cometieron esos actos podrían acarrear graves consecuencias por haber atentado en contra del patrimonio público. Así lo establece un documento de la Agencia Jurídica del Estado en el que se detalla que quienes atenten contra los bienes culturales del Estado tendrán que responder por sus actos.
Blu Radio reveló un documento que así lo establece y que será compartido a partir de esta semana a todos los mandatarios y gobernantes locales, para que empiecen a encontrar a los responsables de estos hechos e individualizar los casos. Los implicados podrían tener desde multas económicas entre los 200 y 500 salarios mínimos o hasta prisión entre 16 a 90 meses.
“El derecho a la protesta, por ejemplo, no da derecho a dañar el patrimonio cultural, por el contrario, este es un bien que está por encima incluso del derecho a la protesta porque es la historia, la cultura y la tradición”, dijo Camilo Gómez, director de la Agencia, a la emisora.
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El funcionario agregó que hay casos puntuales en los que considera que se podría actuar, como por ejemplo en el de los indígenas que tumbaron algunas de las estatuas en ciudades como Cali y Bogotá, así como quienes pintaron grafitis en el monumento a Los Héroes en la capital.
La norma no solo aplicaría para el caso de las protestas, sino que se trata de penalizar a cualquiera que atente contra el patrimonio público. Por ejemplo, los responsables de la pintura a la fachada de las murallas de Cartagena también podrían acarrear sanciones por haber afectado este espacio.
Por otro lado, los funcionarios podrían ser objeto de investigaciones por estos hechos, en casos en los que otorguen indebidamente licencias de construcción que afecten el patrimonio o cuando permitan que se cometan este tipo de actos.
El decreto ya ha generado polémica. Desde un sector desde hace tiempo se pedía responsabilizar a los vándalos que se salen de lo que es la protesta pacífica y afectan los bienes públicos de todos los colombianos.
Contrario a ese planteamiento hay otros que consideran que no deberían ser sancionados, especialmente quienes apoyaron el paro. La representante de la Colombia Humana María José Pizarro cuestionó el decreto.
“Esperamos la Agencia Jurídica del Estado se preocupe también por los vándalos que se robaron 70 mil millones de pesos de Min. TIC y por aquellos que se robaron el dinero de la construcción de la Ruta del Sol”, aseguró la congresista.
Esperamos la Agencia Jurídica del Estado se preocupe también por los vándalos que se robaron 70 mil millones de pesos de @MinTIC_responde
— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 20, 2021
y por aquellos que se robaron el dinero de la construcción de la Ruta del Sol. https://t.co/ZvAnPxNA59
En contraposición al planteamiento de la congresista, otros celebraron la medida. “Lo dicho. Pero como decir que hay que cumplir la ley les incomoda a algunos sectores empeñados en ‘deconstruir’ la sociedad, entonces uno es el malo del paseo... Pues les guste o no, ahí está la circular y la asignación de competencias. Miren a ver”, dijo el abogado Rafael González.
Uno de los espacios que más ha estado envuelto en la polémica por estos hechos es el monumento a Los Héroes en Bogotá, que luego de meses de haber acontecido el paro aún sigue totalmente cubierto por grafitis y en un estado deplorable.
La Alcaldía de Bogotá ha dicho que no se ha hecho una intervención porque la estatua de Bolívar que se encontraba allí será trasladada al centro de la capital, ya que por allí pasaría parte de la obra del metro, por lo que debe ser ser reubicada. El distrito ha dicho que se buscará conservar parte de los grafitis, lo que iría en contra del decreto que acaba de expedir la Agencia Jurídica del Estado.