Los reparos de Vargas Lleras a la JEP: ¿qué es verdad, mentira o discutible?

Después de haber mantenido un silencio sobre el acuerdo de paz con las Farc, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras llegó decidido a hablar. Sus palabras levantaron una polvareda y después de haber permanecido en la sombra, en cuestión de minutos ocupó la primera plana de los diarios y el horario más apetecido en radio y televisión.

Por primera vez, desde que llegó al Gobierno de Juan Manuel Santos, se refirió a los reparos puntuales que tiene sobre el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. A su juicio, uno de los temas críticos del posconflicto son los civiles, las impresiones que cobijan a los testaferros, los disidentes, desertores y los reincidentes.

SEMANA analizó diez frases que soltó el candidato presidencial. ¿Qué tantas verdades, verdades a medias o mentiras dijo? Así fue como Vargas Lleras  empezó a ambientar el debate en la carrera por la Casa de Nariño.

1. "Si los miembros de las Farc quieren hacer política, está bien que la hagan. Sin embargo, antes deben de acudir a los tribunales de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a contar la plena verdad"

Aunque esta frase ha tenido eco en diferentes sectores de la sociedad, lo cierto es que desde que comenzó la negociación con las Farc en La Habana se ha sabido que es un escenario imposible. La posibilidad de que los excombatientes se reincorporen a la vida civil, no se entiende sin la participación política. El objetivo de todo proceso de paz es que quienes se alzaron en armas sigan las sendas de la democracia y ese fue el objetivo que siempre se retrató en el Capítulo II del acuerdo. 

El Congreso ya le dio visto bueno al acto legislativo que les abre el camino político y ahora la decisión espera un pronunciamiento final de la Corte Constitucional. Es decir, aunque en el acuerdo nunca se condicionó su participación en las urnas y, de hecho, ese fue el único punto que no se renegoció tras la derrota al plebiscito, el alto tribunal al final de cuentas es el que tiene la última palabra. Uno de los argumentos que se ha esgrimido desde el Gobierno es que en ningún lugar del mundo se ha prohibido a quienes dejan las armas el derecho a ser elegidos, por más crueles que hayan sido sus actuaciones en la guerra. 

En la discusión, han brotado al menos tres soluciones: 1) La que les permite hacer política antes, durante y después de conocer su sanción 2) Que no se inhabilite a futuro. El problema es que si los excombatientes se esperan a conocer sus sentencias para ir a las urnas, su partido nacería muerto porque pasarán hasta tres años para que se conozca el primer fallo de la JEP y hacer la transición sin sus jefes es imposible. 3) Que aunque no se conozca la sanción vayan cumpliendo progresivamente las sanciones del sistema.

La negociación no fue un sometimiento a la justicia después de una derrota militar, sino un acuerdo político para acabar con la guerra. Sin duda, la presencia de Iván Márquez, Jesús Santrich y Pablo Catatumbo en la arena política despierta un rechazo generalizado, pero tras la firma en el Teatro Colón se pactó una simultaneidad entre el cumplimiento de las condenas y la participación en política, que de ser modificada transformaría el espíritu del acuerdo. 

2. "Si queremos avanzar en la erradicación de áreas sembradas, hay que apelar a todas las formas (...) Fíjese en el fracaso: cuadruplicamos las áreas sembradas en el país", dijo sobre la necesidad de retomar la fumigación en 200.000 hectáreas de coca.

La aspersión aérea de glifosato no fue una concesión cocinada en La Habana sino uno de lo giros más importantes que ha dado el país en la lucha contra las drogas. La decisión que avaló la Corte Constitucional de suspender las fumigaciones en el 2015, fue impulsada por el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que se apoyó en informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se argumentaba que la sustancia podría ser cancerígena.

El ex vicepresidente no es exacto en la cifra de áreas sembradas: no son 200.000 hectáreas sino 146.000, según el monitoreo realizado durante el año 2016 por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). Además, es ambiguo cuando dice que en el momento que soltó el Ministerio de Justicia en el 2012 dejó las cifras en 42.000. ¿La razón? Durante su gestión no se adelantó ningún Estatuto Antinarcóticos sino que la cifra corresponde, de acuerdo con analistas, a la reorganización de los grupos criminales que en la época se reenfocaron en la minería ilegal.

3. "Fueron inventariadas unas listas que proporcionó las mismas Farc con los nombres de los guerrilleros. Eso tiene que tener un límite. No se puede permitir que indefinidamente sigan incorporando gente. Ahí está el tema de la venta de cupos. El caso más sonado es el de Pirineo Romero, un narco del cartel de Sinaloa"

Aunque la fecha definitiva del cierre de las listas caldeó los ánimos con las Farc durante la reunión con el fiscal Néstor Humberto Martínez la semana pasada, para el Gobierno los términos son claros. "La lista de nombres entregada por la guerrilla está cerrada desde el 15 de agosto. Fueron 14.178 y hemos acreditado el 80 por ciento", aseguró el alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera.

Más de 251 personas no han recibido los beneficios que promete el acuerdo, entre otras cosas, porque no pertenecen a la exorganización guerrillera. Un comité intersectorial conformado por miembros de inteligencia de las fuerzas armadas y la Fiscalía hacen control de la lista que entregan las Farc. Pirineo Romero, por ejemplo, nunca fue acreditado y su nombre fue borrado el 18 de agosto, igual que otros 19 narcos puros que intentaron colgarse pero que no pudieron.

4. Las Farc estaban montando toda una estrategia para llevar al expresidente Álvaro Uribe a la Justicia Transicional.

Las declaraciones del precandidato presidencial volvieron a levantar una polvareda jurídica. El video que mostró Vargas Lleras, donde se escucha a Andrés Paris decir que expresidentes y aforados deberían ser juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz, ambientó su respuesta. Lo que se omitió es que esa discusión quedó zanjada tras la renegociación del acuerdo en octubre pasado. 

“La creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificarán las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Política de Colombia en el momento de aprobarse el presente documento”, se lee en la página 149, en el quinto inciso del numeral 32 del componente de justicia.

El acuerdo agrega que “en caso de que ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) obre una información que comprometa a una persona que haya ejercido la Presidencia de la República, dicha información se remitirá a la Cámara de Representantes para lo de su competencia, remisión que se efectuará en el momento que se considere adecuado por la JEP, después de haber realizado las verificaciones pertinentes”.

Ahora bien, hay una zona gris y es la competencia que tendría o no este nuevo tribunal sobre los actos cometidos antes de la investidura. En el caso del hoy senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez muchos se preguntan si sus actos como gobernador hacen parte del fuero. 

5. "¿Dónde están esos bienes? ¿Dónde están los bienes en el exterior? ¿Dónde están las caletas con los recursos?".

El listado completo entregado por las Farc y divulgado por SEMANA recoge bienes totales que están avaluados por esa organización en 963.000 millones, que incluyen 2.500 millones en efectivo, a los que hay que agregarles 267.520 gramos de oro y 450.000 dólares. El total supera el billón de pesos. (Vea: Resumen de la información de bienes)

Hace un año se realizó la primera incautación de bienes ilícitos de las Farc en el exterior. Según el ente acusador, en total fueron decomisados cerca de 1.428 millones de pesos en efectivo en una vivienda ubicada en San José de Costa Rica. El millonario hallazgo fue producto de la Operación Fénix, realizada en marzo del 2008, en la que fue abatido el jefe guerrillero Raúl Reyes, pues a raíz de esta se solicitó la cooperación internacional para perseguir los activos de las Farc en Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá y Perú.

Aunque en el listado que se conoció hace unos meses no se hace referencia a bienes en el exterior, lo cierto es que lo que sea rastreado e incautado por la Fiscalía, y que no haya sido reportado, será juzgado en la justicia ordinaria.

6. ¿Por qué las Farc nunca han aceptado que dentro del concepto de delación plena haya que denunciar a los testaferros? ¿El concepto de verdad plena conlleva la obligación de señalar a los testaferros?

La cruzada contra el testaferrato es uno de los caballitos de batalla del fiscal Néstor Humberto Martínez en el trámite de la Ley Estatutaria que reglamenta la JEP en el Congreso. La identificación de aquellas personas que prestaron su nombre para figurar como titular en un negocio o asunto jurídico de las Farc es uno de los temas que está por esclarecer.

Primero, se tendrá que definir cuándo es competencia de la justicia especial o la ordinaria, y después en el Capitolio hay que resolver si delatarlos significa aportar a la verdad plena de lo ocurrido. "Testaferrato queda consignado como un incumplimiento grave si no se informa", fue la premisa a la que llegó el Gobierno con el Fiscal la semana pasada.

Quienes tengan bienes que no fueron reportados el pasado 15 de agosto perderán los beneficios de la justicia especial y se les dará tratamiento de incumplimiento. La discusión es álgida para las Farc, si se tiene en cuenta que muchas personas que fueron cobijadas con esa figura son miembros de ese capital político que protegen en algunos territorios del país, y entregarlos, golpea sus bases. 

7. "No participo que no haya un régimen de inhabilidades que cobije varios de los magistrados elegidos. Algunos fueron apoderados de guerrilleros en el pasado. ¿Cómo van a entrar a administrar justicia frente a personas sometidas a esa jurisdicción?

No es cierto que no habrá un régimen de inhabilidades que cobije a los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz. Aunque se ha dicho que los 51 magistrados son quienes definirán los regímenes de inhabilidades cuando discutan las normas de procedimiento, lo cierto es que la Ley Estatutaria se anticipa a eso y en uno de los artículos aplica el mismo régimen de la ley 906; esto es: "A los magistrados de la JEP les serán de aplicación las causales de impedimento del artículo 56 de la ley 906 de 2004, o la norma que en el futuro la reemplace", se lee en el artículo 97.

8. "No podemos aceptar que a través de este alto tribunal ahora se vaya a procesar a todo el sector productivo de este país, a los contradictores políticos, a los partidos (...) nadie entiende por qué 48 millones de colombianos quedamos sometidos a esa jurisdicción".

Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz se creó principalmente para juzgar a los actores del conflicto, el papel que va a jugar frente a los civiles no es menos importante. El propósito es proporcionarles a las personas que directa o indirectamente tienen alguna responsabilidad una alternativa más favorable que la de la justicia ordinaria.

Pero la cifra que entrega el candidato no es veraz. A la JEP llegarán en total 100.000 casos, pero hay 15.000 personas involucradas. Esta diferencia obedece a que un solo guerrillero como Romaña, por ejemplo, tiene 75 investigaciones por secuestro. Por lo tanto, hay muchos más casos que personas.

De esas 15.000, 11.000 son guerrilleros de las Farc; 3.000, miembros de la fuerza pública; y 1.000, entre funcionarios públicos y civiles. En estos últimos estarían incluidos las empresas o los individuos acusados de ser financiadores o determinantes de delitos atroces. Pero se habla de unos poquísimos casos demostrados. 

En el trámite del Acto Legislativo que dio vida a la JEP, Cambio Radical logró meter varias proposiciones que blindan a los terceros civiles: una tiene que ver con la calidad de los delitos que deben ser los más graves o no amnistiables como: violencia sexual, desplazamiento y genocidio. Además, debe tener la calidad de máximo determinante. También se tramitó un seguro con el que tienen otra gabela, pues si no son los determinantes de los delitos graves, pueden ir voluntariamente y solicitar que les renuncie la acción penal.

Pero eso no es todo, los terceros tienen más garantías para ser procesados. A los estrados, de acuerdo con el Acto Legislativo, no sólo se les llevará por informes de organizaciones de víctimas sino que la información que llegue tiene que ser corroborada por otros medios de prueba.

9. "Me preocupa que si se ha establecido un sistema de justicia transicional que implica reducción de penas y beneficios no se cobije a todas las partes del conflicto, ahora que se reabra un debate si los falsos positivos pueden ser o no cobijados en la Justicia Especial de Paz". 

Miles de miembros de la fuerza pública, de todos los rangos, tienen procesos o condenas por violaciones de los derechos humanos. En virtud de esa realidad, los militares aceptaron someterse a la justicia transicional que regirá para las Farc, pero de manera diferenciada. Aunque se ha dicho que los falsos positivos estarán bajo la sombrilla de esta nueva jurisdicción, lo cierto es que todo dependerá de los linderos que marquen los magistrados que fueron elegidos. Cada caso será evaluado con sus particularidades.

En su momento, se dijo que al tribunal caerían todos los casos. A decir verdad, hay normas que permitirían que ese paquete que llegue entre completo a la JEP, ya que se argumentará que el conflicto sirvió de caldo de cultivo para cometer el delito. Sin embargo, para algunos críticos, no todos los falsos positivos tienen una conexidad con el conflicto sino que fueron hechos con intereses personales de quienes querían lucrarse de esos actos.

Esta discusión de qué entra y qué no, la tendrá que dar la JEP. Este nuevo tribunal, definirá los linderos de sus competencias. Si hay conflicto entre justicia especial y ordinaria, aparece la Sala de Conflicto de Competencias -conformada por gente de la justicia especial y la Corte Suprema de Justicia- que resolverá bajo que jurisdicción queda.

10. "Los disidentes, reincidentes y desertores deben perder todos los beneficios en materia de penas y de extradición".

Como lo expuso el fiscal Néstor Humberto Martínez ante el Gobierno y las Farc, se acordó que los disidentes, reincidentes y desertores perderán todos los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz.

Serán competencia de la justicia ordinaria quienes hayan delinquido después del 1 de diciembre de 2016. La propuesta de la Fiscalía consiste en quitarle todos los beneficios y la inmunidad internacional de la JEP a los desmovilizados de las Farc que con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 decidan reincorporarse a la actividad delictiva, bien a través de un grupo rebelde o de una organización criminal.

Aunque las claridades apenas hacen trámite en el Congreso y todo se definirá en el debate final, tanto el Gobierno como las Farc y la Fiscalía, se han pronunciado en la misma línea.