Veeduría Distrital advierte graves riesgos económicos y jurídicos ante un cambio en el Metro de Bogotá

Ante la posible modificación al proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá (PLMB), la Veeduría Distrital alertó los graves riesgos económicos, jurídicos y técnicos que podrían traer para el proyecto los cambios del modelo contratado por la Empresa Metro de Bogotá con el consorcio chino APCA Transmetro.

La Veeduría Distrital instó a las autoridades nacionales y distritales a que las decisiones a tomar sobre el Proyecto no ocasionen detrimento patrimonial, aumento en el tiempo de construcción, incumplimiento del contrato, rechazo por parte de los financiadores del proyecto e incertidumbre en la seguridad jurídica en próximos contratos.

Para la Veeduría Distrital, en cabeza de Viviana Barberena Nisimblat, es fundamental que no exista pérdida de los recursos invertidos en los componentes de estructuración del proyecto; estudios y diseños; avalúo, compra y demolición de predios; traslado de redes de servicios públicos, así como en las obras tales como la adecuación del lote del patio-taller y el intercambiador vial de la calle 72 con Avenida Caracas.

De acuerdo con la Veeduría, el proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá cuenta hoy con la disponibilidad de más del 90 % de los 1.427 predios requeridos. Se han demolido ya más de 1.100 predios. En cuanto a la adecuación del terreno del patio-taller en la localidad de Bosa, la actividad alcanza un avance del 63 %, mientras estudios y diseños de detalle, tienen un avance superior al 85 %, y el traslado anticipado de redes de servicios públicos está por encima del 90 % de lo requerido para la totalidad del proyecto.

Todas las inversiones de la fase previa del proyecto, que tiene proyectada su finalización el 30 de marzo del año en curso, sobrepasan los 1,4 billones de pesos.

Es pertinente recordar que la Veeduría Distrital en el mes de diciembre de 2022 emitió una alerta preventiva por la variación en la TRM y su impacto en la contratación en el contexto macroeconómico para el año 2023, en el que se alerta que no es favorable realizar modificaciones a este tipo de obras civiles.

De igual manera, la Veeduría advierte que Bogotá está legalmente obligada a aportar como mínimo el 30 % de los recursos del proyecto y, en este contexto, cualquier modificación a estos topes implica un trámite legislativo que va a generar afectaciones e incertidumbre en el cronograma establecido en el contrato.

La Veeduría Distrital pidió entonces tener cuidado en la toma de decisiones que puedan ocasionar incumplimiento del contrato. En este contexto, el órgano de control preventivo resaltó que las eventuales adiciones presupuestales al contrato, derivadas de cualquier modificación, no podrán en ningún escenario exceder el 50 % del valor inicialmente contratado, situación a la que obliga el artículo 40 de la ley 80 de 1993.

Así mismo, se debe tener en cuenta que una eventual modificación al proyecto se deberá contar con la “no objeción” de los financiadores actuales, los cuales corresponden a entidades multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Banco de Inversiones Europeo.

“De igual manera, este proceso no puede generar incertidumbre jurídica y contractual en las grandes obras públicas que se necesitan, específicamente, las futuras líneas de metro para Bogotá”, puntualizó la Veeduría.

Vale mencionar que la Procuraduría General encendió las alarmas ante los riesgos que se podrían presentar por las posibles modificaciones al contrato de concesión de la primera línea del metro, que pretende modificar el trazado para construir un tramo subterráneo.

Así se lo advirtió el ente de control a la Empresa Metro de Bogotá. Para el Ministerio Público, los riesgos se verían representados, según pudo conocer SEMANA, en los impactos que se generarían por dichas modificaciones con mayores plazos en la ejecución del proyecto, incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado, posible detrimento patrimonial y vulneraciones al principio de planeación contractual, al igual que afectaciones a la movilidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá que reclaman prontas soluciones en el transporte público.