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Venezuela amaneció sin Parlamento
El Tribunal Supremo de ese país asumió las "competencias" del legislativo, de mayoría opositora, mientras "persista" su situación de desacato, advierte una sentencia.
El máximo tribunal de Venezuela asumió las "competencias" del Parlamento, de mayoría opositora, mientras se mantenga su "situación de desacato", según una sentencia difundida la noche del miércoles.
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho", señaló el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al gobierno de Nicolás Maduro.
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El TSJ declaró en desacato al Legislativo a inicios de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude electoral. También ha anulado toda las decisiones del ente.
La sentencia de la Sala Constitucional de la corte se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
La ley indica que el gobierno, para constituir empresas mixtas en el sector petrolero, necesita "la aprobación previa" del Parlamento. Sin embargo, al declarar "omisión legislativa", el TSJ indicó que no existe "impedimento alguno" para que el Ejecutivo las cree sin pasar por los diputados.
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La decisión judicial se produce un día después de que el propio TSJ dejara sin inmunidad a los asambleístas, lo que abre la posibilidad de enjuiciarlos, inclusive por delitos militares.
Ello mientras el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunía para debatir la grave crisis política y económica del país petrolero.
La bancada opositora ha pedido a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana y sancionar al gobierno, lo que fue calificado por Maduro como "traición a la patria", un delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.
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