“Venganza de algunos congresistas con medios de comunicación”: FLIP, sobre polémico artículo de la ley

El periodismo y las organizaciones que defienden la libertad de prensa en Colombia se encuentran en alerta por la aprobación del artículo 68 de la llamada ley anticorrupción. El lunes pasado, en horas de la noche, 73 representantes a la Cámara ratificaron el artículo que impone penas de cárcel, multas y hasta pérdida de personería jurídica para quienes incurran en injuria y calumnia contra funcionarios públicos, exfuncionarios o sus familias.

Sin embargo, sectores opositores a ese propósito lograron eliminar dos consecuencias y, de ellas, preocupa la aún vigente: la posibilidad de que se suspenda o cancele la personería jurídica de las organizaciones que cometan dicho acto.

A raíz de esto, se abrió un debate sobre la libertad de prensa, las intenciones de los parlamentarios y la trascendencia que esto tiene en la indagación periodística.

SEMANA conversó con Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, para dimensionar el impacto que esta ley tendría al entrar en vigencia, la posibilidad de que lo haga y el panorama en Colombia si esto ocurriera.

SEMANA: El delito de injuria y calumnia ya existe en el Código Penal. Incluso, una condición indirecta que apunta a los medios de comunicación. ¿A qué responde esta nueva dimensión en contra funcionarios públicos?

Jonathan Bock (J.B.): Terminan legislando en causa propia. Por un lado está el resultado, que es regresivo y lesivo para la libertad de expresión, pero el tema de fondo son las discusiones que se están dando en el Congreso. El mensaje que congresistas como [César] Lorduy envían a la sociedad es que tienen rencillas con la prensa y las están tramitando. Están generando barricadas, obstáculos y amenazas contra el trabajo periodístico por sus percepciones o problemas personales. No hay que olvidar que, en los últimos años, han sido objeto de numerosas investigaciones periodísticas que revelan y advierten sobre irregularidades. Este artículo termina siendo mensaje de una especie de venganza por parte de algunos congresistas contra los medios de comunicación.

SEMANA: ¿Entonces es para protegerse?

J.B.: Sí, claro. Porque además lo limita a los funcionarios públicos, es explícito en eso. Resulta contradictorio en un proyecto de ley que lo que busca es combatir la corrupción, que también es cometida por funcionarios públicos. Entonces, es un sinsentido generar más presión contra quienes difunden y hacen investigaciones, porque con este tipo de sanciones lo que hace es que piensen dos, tres y hasta cinco veces para realizarlas. Si hacemos un recorrido reciente de cuántas investigaciones periodísticas tienen como protagonistas a los funcionarios públicos, pues son muchísimas. Imaginemos que no se pudieran hacer por el miedo que generan estas sanciones.

SEMANA: ¿Que el artículo 68 haga claro que debe ser debidamente comprobada no es garantía de que el periodista al menos sea objeto de una investigación?

J.B.: Es que eso ya existe. Además, los estándares de libertad de expresión dicen que las diferencias o cuando se trate de hacer correcciones para las publicaciones periodísticas que no estén ajustadas a la realidad, hay mecanismos como la rectificación o la injuria y calumnia que ya está establecida. Lo que resulta lesivo para la libertad de expresión es que se cree una protección especial para los funcionarios públicos, cuando ellos son quienes deben estar sometidos a un mayor escrutinio y deben ser más tolerantes a esto. El Congreso le está enviando un mensaje muy contradictorio a la sociedad.

SEMANA: ¿Existe algún antecedente legal en el mundo que, en democracia, suspenda la personería jurídica de un medio de comunicación?

J.B.: Eso es lo que ha sucedido en regímenes autoritarios, que es llegar a una sanción sumamente grave. Además, las organizaciones más frágiles, las que no puedan defenderse legalmente, van a estar bajo una intimidación y miedo mayor a la hora de realizar cualquier denuncia frente a los funcionarios públicos.

SEMANA: ¿Cuál será el panorama de la libertad de prensa en Colombia después de aprobarse este artículo? ¿Se acabará la investigación periodística en Colombia?

J.B.: Esperamos que, de ninguna manera, este artículo llegue a decretarse legal y a promulgarse como ley. En este escenario, estamos en un camino en el que se restringen las garantías para el trabajo periodístico. Esto, por supuesto, sería ponerle una traba muy fuerte a las investigaciones periodísticas.

SEMANA: En un caso de un hallazgo de periodistas, como lo fue el escándalo de contratación de MinTIC, en su opinión, ¿cómo procedería un funcionario público frente a una acusación aún no probada por la justicia colombiana?

J.B.: Cada año aumenta el número de casos en los que periodistas o medios de comunicación son denunciados por injuria y calumnia. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora los funcionarios públicos tendrían más herramientas para demandar en estos casos. Eso seguirá aumentando y haría que muchos periodistas se cohiban de denunciar esos temas. Hemos advertido que el acoso judicial es una de las formas de presión que más viene en aumento y que tiene un impacto real. Termina silenciando a periodistas y determinados temas que no están siendo investigados por el aumento en ese fenómeno. Es darle instrumentos a quienes utilizan el acoso judicial como estrategia para callar periodistas.

SEMANA: ¿Cómo es el actual panorama de libertad de prensa en Colombia? ¿Somos más libres que hace unos años por las redes sociales?

J.B.: No, hay un detrimento y un ánimo en el Congreso de impulsar normas y leyes que limiten la libertad de expresión. Así lo hemos visto con varios proyectos de ley, que afortunadamente no pasan los primeros debates y no son sancionadas. Sin embargo, sí hay una intención de muchos legisladores de limitar el trabajo periodístico. Por supuesto, al mismo tiempo, con las redes sociales hay más plataformas para mirar diferentes proyectos e iniciativas periodísticas. También hay otras iniciativas que quieren regular y limitar el flujo de información en redes sociales y plataformas digitales.

SEMANA: ¿Pasa la revisión constitucional?

J.B.: Queremos pensar que tendrá algún freno, pero ahora tenemos que atender a los hechos y son que ayer 73 congresistas votaron a favor y no hay todavía una muestra clara de que lo vayan a retirar. Mientras tanto, hay que mantener las alarmas y advertencias sobre los problemas que trae este artículo para la libertad de expresión.