Verdaderos falsos positivos

No se trató de un acto terrorista. Tampoco de una acción de inteligencia militar. Fue un grosero montaje en el que intervinieron, entre otros, dos oficiales del Ejército". Con esta explosiva declaración, el fiscal general, Mario Iguarán, puso de nuevo sobre el tapete uno de los temas más polémicos y espinosos de los últimos meses para el gobierno nacional: los falsos atentados realizados por miembros del Ejército en Bogotá.

Según Iguarán, los investigadores de la Fiscalía han encontrado suficientes méritos para imputarles al mayor Javier Efrén Hermida y al capitán Luis Eduardo Barrero, miembros de inteligencia del Ejército, los delitos de tráfico ilegal de explosivos y estafa agravada. Para la Fiscalía es claro que los dos militares, en complicidad de la ex guerrillera Lidia Alape, conocida con el alias de 'Jesica', planearon y ejecutaron una estrategia que consistió en poner varios supuestos carros bomba en la capital, entre julio y agosto, con el objetivo de hacerlos pasar como 'positivos' ante la opinión pública.

Pocas horas después de la contundente declaración de Iguarán, el Ministerio de Defensa expidió un escueto comunicado en el que se limitó a decir que "las Fuerzas Militares esperan que las investigaciones concluyan en el menor tiempo posible y se establezcan las responsabilidades individuales, ya que hechos como estos afectan la moral y entereza de más de 350.000 personas que conforman las Fuerzas Armadas". La comunicación del Ministerio generó todo tipo de reacciones contra el ministro de esa cartera, Juan Manuel Santos, y del propio gobierno.

No era para menos. Tan solo unos meses atrás, cuando se destapó públicamente el escándalo por los montajes del Ejército, Santos y el propio presidente Álvaro Uribe no sólo salieron en una vehemente defensa de los militares cuestionados, sino que atacaron a todos aquellos que en su momento se atrevieron a cuestionar y pedir claridad sobre el tema. "Son casos aislados". "La Fiscalía no tiene, hasta ahora, evidencia que los pueda inculpar, lo que hicieron fue quemarlos como oficiales de inteligencia". "Lo que ocurrió fue un gran montaje sobre los supuestos montajes", fueron algunas de las frases que públicamente pronunció Santos al defender a los dos oficiales cuestionados. La cuenta de cobro a Santos tras las declaraciones no se hizo esperar.

Los senadores Cecilia López, Juan Fernando Cristo, Luis Fernando Velasco, Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo pidieron la semana pasada el retiro de Santos. "El Partido Liberal no recibió explicaciones del Ministro, recibió ofensas contra los senadores Cecilia López y Juan Manuel Galán, pero ahora la Procuraduría y la Fiscalía le han dado la razón al Partido Liberal. Santos no merece permanecer en el cargo", dijo públicamente el senador Cristo. "Lo más grave es que el Ministro emitió amenazas contra nosotros en frente de oficiales de las Fuerzas Militares y dijo que estábamos acabando la carrera militar de los dos oficiales involucrados en este caso", recordó el senador Juan Manuel Galán al hacer alusión a las palabras del Ministro durante el debate del pasado 11 de octubre en el que se buscaba claridad sobre lo ocurrido.

Las evidencias

Pero por encima de la tormenta política que desató la decisión del Fiscal, lo importante es que la investigación encontró evidencias lo suficientemente contundentes para aclararle al país de una vez por todas qué fue lo que verdaderamente ocurrió. El viernes de la semana pasada, durante una audiencia de formulación de cargos en contra de los dos militares, la Fiscalía destapó parcialmente sus cartas sobre el caso.

Dijo que el capitán Barrero, en su vehículo particular, guio al taxi con los explosivos hasta el sitio donde fueron descubiertos. Se refería al caso del falso taxi bomba instalado el 14 de julio en el centro comercial Caracas, al sur de la ciudad. Otra de las evidencias de la Fiscalía contra los militares es el testimonio de un taxista que admitió que uno de los oficiales fue quien le indicó dónde poner el carro bomba que nunca estalló.

La Fiscalía también reveló que en el caso de ese falso atentado, los militares no sólo buscaron el 'positivo', sino beneficiarse de la recompensa de cinco millones de pesos. Por eso se les imputó el delito de estafa agravada.

Aunque la Fiscalía hasta ahora sólo se ha referido a uno de los seis montajes que están siendo investigados, SEMANA conoció que las evidencias no sólo se limitan a ese caso. Pruebas técnicas realizadas por los expertos antiexplosivos del CTI demostraron que por lo menos tres de los supuestos carros bomba nunca estuvieron activados.

Las cargas explosivas encontradas eran muy inferiores a las que los militares reportaron. No menos grave fue para los investigadores descubrir que la mayoría de las cargas explosivas estaban compuestas por barras de Indugel, producido por Indumil -la industria militar-. Lo desconcertante, según la Fiscalía, es que los investigadores de esa entidad no han conseguido que Indumil les proporcione información sobre el origen y el destino de cada barra de Indugel que es vendida por esa empresa militar.

Aunque por ahora sólo han sido vinculados el mayor Hermida y el capitán Barrero, es probable que, como si se tratara de un dominó, también terminen involucrados otros militares. No sólo por el hecho de que la Fiscalía adelanta investigaciones contra otros miembros del Ejército, sino porque los propios Hermida y Barrera han terminado salpicando a otros miembros de su institución al reconocer en sus testimonios que varios de sus superiores estaban al tanto de lo que ellos hacían.

De acuerdo con las versiones que han rendido, el comandante de la V División y el jefe de inteligencia del comando general de las Fuerzas Militares, entre otros altos oficiales, sabían de la 'operación de inteligencia' que se estaba adelantando. La Fiscalía busca establecer si estos oficiales, mencionados por Hermida y Barrero, conocían los detalles exactos de cómo se estaba llevando a cabo esa fraudulenta operación.

El viernes pasado, el juez del caso se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra los dos militares y, aunque continúan vinculados al proceso, los dejó en libertad. Por ahora, es claro que en medio del mar de especulaciones en que se había convertido uno de los casos más polémicos de este año la decisión y seriedad con la que ha asumido la Fiscalía la investigación hacen prever que el país conocerá finalmente la verdad.