Versiones cruzadas y el enigma por quién disparó el arma. Este es el rompecabezas judicial sobre la muerte del hijo del general William Rincón

Muchos vacíos, dudas y preguntas se siguen presentando en los hechos que rodearon la muerte del joven Juan Felipe Rincón Morales, hijo del general William Rincón, inspector de la Policía Nacional, registrada en la mañana del pasado domingo 24 de noviembre, en inmediaciones de un parque del barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Sin lugar a dudas, el gran interrogante es quién realizó el disparo que desembocó en la muerte del joven de 21 años. En esta investigación criminal, existen dos versiones que chocan directamente y que han provocado todo un rompecabezas que está lejos de resolverse.

Sotelo

Primero que todo, la Fiscalía General —en medio de la solicitud de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento— ha presentado dos versiones que han sido atacadas directamente por los abogados de Andrés Camilo Sotelo, el único capturado hasta la fecha y quien ha escuchado todos los señalamientos en su contra esposado desde la sala del hospital El Tunal, a donde fue trasladado después de recibir un disparo en su pierna izquierda en medio de los confusos hechos.

En las extenuantes audiencias, que se han visto interrumpidas por una intervención quirúrgica a la que se tuvo que someter el capturado, la Fiscalía General señaló que Sotelo fue la persona que, primero, golpeó con sevicia al joven Juan Felipe cuando llegó a un parque en compañía de una joven que, al parecer era menor de edad y familiar del detenido.

En medio de una riña, en la que incluso el hijo del general intentó defenderse y soltarse para emprender la huida, Sotelo le disparó acabando con la vida de Juan Felipe. Sin embargo, en ninguna de las instancias se ha dicho en qué momento exacto se presentó el disparo.

“Una persona lo señala concretamente de ser la persona que procedió, a raíz de una situación de intolerancia y enfrentamiento con la víctima, a disparar en varias oportunidades”, relató Hernando Rozo Samudio, fiscal 311 local adscrito a la URI de Ciudad Bolívar durante la imputación de cargos.

El escolta

Sin embargo, una versión muy distinta presentó el abogado del procesado, quien citó cuatro declaraciones de personas que estuvieron en el sector y que señalan directamente al escolta del joven, identificado como Sergio Rico Rueda, de ser la persona que realizó los disparos con su arma de dotación.

“Hay al menos cuatro testigos que, de manera directa o indirecta, señalan al escolta del joven fallecido como el presunto autor del homicidio”, indicó el jurista en plena audiencia. Para el abogado, va en contra de cualquier tipo de lógica lo dicho por la Fiscalía frente al hecho que el arma del escolta no funcionaba.

Para contrarrestar esta versión, el abogado presentó el testimonio de la hermana de Camilo Sotelo, quien detalló que el escolta llegó completamente alterado y moviendo su arma de dotación. “Mi hermano le pega en la cabeza a Juan Felipe con el arma que no funcionaba, se desbarató (...). El policía empieza a disparar como un loco, le pega al vecino, mi hermano, y cuando me dispara a mí, Juan Felipe se corrió y le cae a él”.

Igualmente, según lo destacó el abogado defensor del procesado, la descripción que ha hecho la Fiscalía General es muy diferente a lo que grabó una cámara de seguridad del sector que registró el momento en el que llega con un hombre de camisa blanca y gorra que les dispara a todas las personas que están en el lugar.

Las dos partes también chocaron frente al informe de balística elaborado por un técnico investigador grado II de la Seccional Bogotá del CTI, que asegura que en el lugar de los hechos se encontraron dos armas de fuego: solamente una era “apta” para disparar pues la otra presentaba graves fallas internas.

Para el fiscal, las conclusiones del informe, que fueron filtradas por los medios de comunicación, deben analizarse con cuidado para evitar entrar en equívocos.

Frente a las versiones que se han develado en redes sociales y medios de comunicación, entregó una respuesta algo enredada. “En esta etapa de confrontar elementos técnicos, concretamente, esos proyectiles o cartuchos que en determinado momento del arma incautada concretamente al señor testigo, al señor Sergio Felipe Rico Rueda que corresponde a un arma Sig Sauer calibre nueve milímetros, efectivamente en cuenta en el cuerpo del occiso, el señor Sergio Felipe Rico Rueda (sic)”.

La defensa de Sotelo aseguró que el arma no funcionaba y únicamente fue utilizada por el ahora procesado para golpear a Rincón, a quien señalaba de enviarle mensajes con alto contenido sexual y hacer invitaciones a su hermana, una menor de edad.

El único punto en común de la Fiscalía y el abogado del procesado es que Juan Felipe Rincón Morales llegó citado al barrio Quiroga. Para el fiscal, el joven fue convencido mediante engaños para conocer, supuestamente, a la madre de la joven con la que estaba saliendo desde hace varios meses.

“Considero grave el simple hecho de haberse, en caso tal, si así se va a determinar, haberse tomado justicia por mano propia, llevar en esas horas de la mañana al occiso a ese sector de Bogotá para proceder a atacarlo (...). Considero grave y lo que quiero destacar en ese sentido es la manera predeterminada, la manera en que se organiza todo un plan para tener allí y proceder atacarlo bajo el entendido que él estaba allí realizando actos impúdicos y actos que, reitero, serán producto de un análisis realmente sustentado más adelante (sic)”, enfatizó el fiscal.

Por su parte, el abogado señaló que los familiares de las jóvenes a quien Rincón enviaba mensajes llegaron a recriminarle por su conducta y entregarlo a las autoridades con las pruebas de las conversaciones. En estos momentos, según quedó registrado, esas pruebas no aparecen pues fueron borradas por los policías de los teléfonos celulares que les fueron incautados a los protagonistas de esta historia judicial. Frente a esta situación, el fiscal del caso no hizo ningún pronunciamiento.

El delegado del ente investigador reconoció, abiertamente, que se estaba en un proceso de “perfeccionamiento de la investigación”, llegando incluso a que por algunos momentos se pensó en la posibilidad de dejar en libertad a Sotelo por falta de pruebas.

Debido al gran número de evidencias citadas en la audiencia, las pruebas técnicas, los informes de necropsia y los videos grabados por las cámaras de seguridad, el juez de control de garantías reprogramó para el próximo lunes 2 de diciembre la audiencia en la que tomará una decisión frente a la solicitud de medida de aseguramiento.