Vicecanciller viajará con delegación de familiares de colombianos presos en Haití

Este lunes, la vicepresidenta y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez, anunció que una delegación de familiares de los colombianos que se encuentran detenidos por la presunta responsabilidad en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, viajará a ese país.

Asimismo lo hará el vicecanciller, Francisco Echeverri, luego de la reunión con el embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil.

“En reunión con el embajador haitiano, Jean Mary Exil, le expresé que nuestro Gobierno es el más interesado en esclarecer el magnicidio del presidente Moïse. ¡No puede haber impunidad! Tampoco permitiremos que la imagen internacional de Colombia se vincule a una tierra de mercenarios!”, dijo la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

“También reiteré nuestra firme solicitud, como Gobierno, para que se garanticen condiciones dignas y seguras de reclusión a los colombianos detenidos”, agregó.

“Acordamos que en los próximos días, el Vicecanciller Francisco Echeverri viajará a Haití, acompañado de una delegación de familiares de los connacionales, para concretar la repatriación de los cadáveres de los fallecidos y la asistencia jurídica de los detenidos”, concluyó.

Vale la pena recordar que hace unos días, la Defensoría del Pueblo, por petición de los mismos familiares, decidió coadyuvar las diferentes solicitudes de medidas cautelares que habían elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Defensoría fundamentó su solicitud a la CIDH con la información obtenida durante la visita a terreno de la misión humanitaria realizada la semana pasada.

La decisión de solicitarle al organismo medidas de protección se hizo de manera urgente, luego de que la Defensoría del Pueblo fuera informada sobre el traslado de los detenidos a un centro penitenciario en el que podrían correr riesgo sus vidas e integridad personal, según informó en un comunicado la entidad.

Fundamentalmente, la solicitud de esas medidas tiene el objetivo de que a los colombianos detenidos se les garantice una celda de máxima seguridad y el respeto al debido proceso, lo que significa acceder a un abogado que los represente judicialmente.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) seguir atenta el proceso judicial y pedirle información permanente al Estado haitiano sobre las condiciones de reclusión de los colombianos.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo envió a Haití una delegación compuesta por Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del Pueblo; Rodrigo Isaza Bordamalo, responsable del Grupo de Colombianos en el Exterior; Migración; la Oficina de Asuntos Internacionales, y Eduardo Alonso Flórez Aristizábal, coordinador académico del área de Derecho Penal, de la Dirección Nacional de Defensoría Pública.

A su regreso, los funcionarios redactaron un informe que evidenció la situación en la que se encuentran los colombianos detenidos y, con base en el documento, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, solicitó asistencia jurídica y defensa técnica para los 18 exmilitares “para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales y principalmente al debido proceso y al derecho de defensa que, hasta este momento, les están siendo desconocidos”.

En el informe, la delegación detalló que algunos mostraron signos de cansancio, pérdida de peso, muñecas enrojecidas y con arañazos debido al roce con el metal de las esposas, que las mantienen puestas todo el día; uno de ellos cojeaba y otro no podía sostenerse y tuvo que ser ayudado por su compañero.

En cuanto a su salud, no cuentan con antibióticos, varios tenían puntos de sutura en sus cabezas que, según manifestaron, se los pusieron cuando llegaron y pasados más de 20 días no se los han retirado. Asimismo, tres de ellos presentaban lesiones de consideración que, por su apariencia, deberían ser tratadas en un establecimiento médico especializado.

Además, estableció que desde que fueron detenidos y hasta finales de julio, a los connacionales no les habían permitido hablar con un abogado, ni han sido presentados frente a autoridad judicial. Y aunque han sido interrogados en múltiples oportunidades por la Policía haitiana y el FBI, no tienen asistencia de un abogado que ejerza la defensa técnica.