Víctimas de falsos positivos piden que el general (r) Montoya sea excluido de la JEP

Un grupo de víctimas de falsos positivos radicó una carta a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en la que le solicitan que se dé inicio a la apertura de un incidente de incumplimiento en contra del mayor general (r) Mario Montoya para que pueda ser excluido de la JEP y pierda todos sus beneficios.

El argumento de las víctimas es que Montoya no ha cumplido con los compromisos adquiridos de decir toda la verdad y asumir las responsabilidades de manera exhaustiva y detallada. Según mencionan, “es claro que la decisión de Mario Montoya Uribe de abstenerse de decir la verdad o negar el conocimiento de los hechos (...) afecta los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad y la memoria”.

Así mismo, las víctimas mencionan que este hecho obstaculiza el trabajo de la JEP en este caso y por eso debe ser considerado un “fraude a la verdad”. Además que esto rompe las bases de lo contemplado por el Sistema Integral de Verdad, Justicia y No Repetición y por eso piden que el general en retiro pierda sus beneficios.

“La JEP tiene como objetivos satisfacer el derecho a las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno”, afirman las víctimas.

Según mencionan, el general Montoya “ha pretendido negar lo ya probado”. Dicen que no se trata de casos aislados sino que es evidente que fueron casos sistemáticos que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Además, alegan que por estos crímenes se otorgaron estímulos y competencias para aumentar su producción y que se ejercía presión sobre las unidades y los subordinados para cometer estos delitos. También dicen que se daban instrucciones para resguardar el aparato organizacional de la institución y que cuando los uniformados no cedían ante las presiones los llamaban a calificar servicios o eran sancionados con traslados.

Montoya fue aceptado en la JEP en 2018 por el caso 003 relacionado a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. En su versión dada en febrero de este año se había generado una polémica porque inicialmente el general había optado por guardar silencio. En esa ocasión un grupo de víctimas también pidió su exclusión por considerar que no se estaba contando toda la verdad.

Según la jurisdicción especial, sobre este caso, hasta el momento se han presentado 220 versiones por parte de exmilitares de diferentes rangos implicados en estos hechos, 172 han sido presenciales y 48 escritas. Por la responsabilidad y el cargo que ostentaba el general Montoya, el militar ha sido uno de los más importantes dentro de estos procesos en la JEP. Además ha sido nombrado en 11 versiones.

Además de Montoya, otros altos mandos que se encuentran en el proceso son: el general en retiro Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; el general Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez” (Bajes) y el general (r) Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16.

En la solicitud enviada a la JEP, las víctimas también mencionan que hasta el momento han sido dictadas más de 100 sentencias condenatorias “en relación con crímenes ejecutados durante la comandancia de Mario Montoya Uribe” y que “la existencia de patrones de ejecución han sido corroborados”.

Si la jurisdicción especial llega a determinar que efectivamente, como lo denuncian las víctimas, Montoya no ha cumplido con los principios de verdad y los demás consagrados en la jurisdicción, el militar tendrá que ir a un juicio en el tribunal de la JEP. De ser hallado culpable de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones sancionadas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), podrá pagar penas hasta de 20 años de prisión.