Víctimas de la pirámide VIP de Felipe Rocha reclaman a la Fiscalía por impunidad y piden que sea enviado a la cárcel

Va a pasar un año desde que estalló el escándalo de la pirámide ganadera del empresario Felipe Rocha, quien estafó a personas de alto perfil ofreciéndoles altísimos rendimientos por el dinero invertido y finalmente terminó tumbándolos, por eso las víctimas de esta estafa reclama medidas de parte de la Fiscalía General de la Nación que no ha tomado ninguna decisión contra Rocha, lo que califican de “impunidad”.

El duro reclamo a la fiscalía lo presenta el abogado Jaime Lombana quien radicó un oficio contra en el que recrimina que, “en calidad de víctima, no entendemos ¿Qué espera la Fiscalía General de la Nación para formular imputación por los graves delitos cometidos por un delincuente de cuello blanco? ¿Qué espera la Fiscalía para tomar esa decisión”.

Pero el llamado de atención va más allá y busca que el empresario ganadero y estafador Felipe Rocha vaya de inmediato a prisión. “No aceptamos más dilaciones en la radicación de imputación y en la solicitud de una medida de aseguramiento, que está permitiendo la impunidad y la burla a las víctimas”.

Los afectados por esta estafa con la denominada pirámide VIP son muchos, se habla de entre 70 y 100 personas que dejaron fortunas a cambio de la promesa de importantes rendimientos, no han tenido más que dilaciones. Primero se planteó un acuerdo o negociación con Rocha que no ha avanzado ni un paso, incluso la Superintendencia de Sociedades no aceptó su plan de reparación a las víctimas.

Desde lo penal, tampoco ha pasado nada, más allá del escándalo, Felipe Rocha sigue libre, tranquilo, y sin responder por la millonaria estafa en la que cayeron hasta hijos de expresidentes.

Lombana representa a la sociedad Inversiones Montoya y Muñoz, Juliana Montoya Muñoz y Alberto Montoya Puyana, quienes consideran que la Fiscalía ha permitido la impunidad.

Acuerdo fallido

Parte de las dilaciones en este proceso han tenido que ver con una primera intención de Rocha de negociar con las víctimas, que no avanzó nada y terminó fracasando.

La fracasada oferta, que formaba parte del denominado “plan de desmonte”, consistía en un reembolso cercano a los 16.000 millones de pesos, monto fijado por los abogados de Rocha, y así aliviar la carga en el proceso que le adelanta la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, para lograrlo necesitaba la aprobación del 75 por ciento de los inversionistas.

Esto no sucedió, solo lo apoyó el 60 por ciento. Los inversionistas, muchos de ellos amigos de vieja data, personas cercanas a su familia y uno que otro familiar, no estuvieron de acuerdo con el hecho de que se obviara la reparación de los graves daños causados al patrimonio y su confianza. Igualmente, se generó una fuerte discusión sobre la cifra real de la estafa, que se ha convertido en un verdadero misterio.

De esta forma, a Rocha se le quemó su estrategia para conciliar. Las víctimas no aceptaron el acuerdo, lo que le da vía libre a la Superintendencia para actuar.