Víctimas de paramilitares no han podido acceder a reparación económica: La fuerte advertencia del presidente de la Corte Suprema

En un fuerte discurso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra puso de presente la grave situación para la reparación económica de las víctimas de los grupos paramilitares. Pese a las sentencias en contra de los máximos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por parte de Justicia y Paz en los últimos catorce años, todavía hay muchas fallas para que exista un verdadero acceso a la administración de justicia.

Para el magistrado Chaverra, hay una “insuficiencia del Estado” para lograr que las multas e incidentes de reparación económica se cumplan como lo ordena la ley, afectando directa y gravemente a las víctimas del conflicto armado “La gran dificultad que ha representado la reparación de las víctimas por los crímenes cometidos por el paramilitarismo”.

Tras revisar los informes enviados por Justicia y Paz queda en evidencia las graves fallas para la entrega de bienes que serán utilizados para la reparación de las víctimas reconocidas en los centenares de procesos. “Vemos que tal como ha sido planteado lo revelado y los bienes entregados denunciados identificados por las Fiscalía no fueron suficientes”.

Por esto, según aseveró el magistrado, más que nunca se debe tener en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional que advirtió las graves falencias en la reparación de las víctimas de las AUC.

“El Estado estaba llamado a reparar las víctimas en virtud del principio de solidaridad, aunque de forma subsidiaria así aun cuando se fue generando una simbiosis entre la reparación administrativa y la judicial con sus respectivas diferencias”, agregó el presidente del alto tribunal.

Los informes del Fondo de Reparación de las Víctimas señalan que para el 2020 se habían recibido 1.624 bienes, en su gran mayoría están en zona rural “con problemas de impuestos, ocupantes de hecho y que no se encuentran en las mejores condiciones”.

“Incluso –agregó el magistrado- si están legalizados su monetización o comercialización no es fácil ante la desconfianza de las personas al punto que los bienes entregados por los postulados no alcanzan para la reparación efectiva de las víctimas”.

Todos estos factores aumentan las deudas históricas con las víctimas del conflicto armado y se hace necesario revisar “si la condena al pago de indemnización es realmente efectiva cuando los afectados por el flagelo de la violencia, no alcanzan a percibir la reparación siendo por esto con pedidos a engrosar la cifra de la pobreza y la mendicidad sin que se les otorgue una oportunidad real de restablecer sus proyectos de vida truncados por la violencia inclemente de nuestro país”.

En otro de los apartes de su intervención, el presidente de la Corte Suprema de Justicia puso de presente el hecho que entre 2010 y 2023 se han emitido 197 sentencias de primera instancia que involucran a los máximos comandantes de las AUC por multiplicidad de crímenes. Sin embargo, solamente se han emitido 62 fallos de segunda instancia, lo que demostraría una falencia en la administración y acceso a la justicia.

A primera hora, la fiscal General, Luz Adriana Camargo advirtió por la falta de resultados en Justicia y Paz tras 19 años de operación. “Se concentra en la falta de resultados sobre los financiadores del paramilitarismo, en la persecución de bienes, con fines de reparación para las víctimas y en el hallazgo de víctimas de desaparición forzada. Por esta razón, la Fiscalía está fortaleciendo al interior de la unidad de justicia y paz los grupos de trabajo con tres objetivos puntuales”.