Víctimas en el escándalo de lavado de activos que enreda al empresario Alberto Aroch Mugrabi, advierten riesgo de prescripción

El proceso contra el empresario de los textiles y el negocio inmobiliario, Alberto Aroch Mugrabi, arrancó con una denuncia en 2008, siete años después terminó sentado en el banquillo de los acusados. Lo capturaron, lo procesaron, y la Fiscalía hizo una multimillonaria ocupación de bienes que incluyó el famoso costado esfera del Centro Comercial Gran Estación en Bogotá.

“Durante el año 2016, la Fiscalía General de la Nación ocupó, con fines de extinción de dominio, casi 6.500 bienes pertenecientes o relacionados con grupos armados, carteles de las drogas, bandas criminales y casos de corrupción, que están valorados en 5,1 billones de pesos, aproximadamente”, dijo la Fiscalía en 2016, para advertir que los bienes de Aroch Mugrabi terminaron en un listado junto a peligrosos delincuentes.

Desde entonces el proceso contra el empresario se convirtió en una secuencia de diferente temperatura y color. Casi 10 años, una década y nada que se resuelve en los despachos judiciales. En diciembre de 2015, Alberto Aroch Mugrabi, aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, aunque la Fiscalía había imputado otros dos cargos: lavado de activos y concierto para delinquir.

“La Fiscalía señaló que se registraron incrementos injustificados de sus ingresos en varias de sus empresas, que desde el 2003 registran ingresos por cerca de 470 millones y desde ahí cada año entre 650, 958, 270, 854 millones de pesos cada vez sin que haya un un soporte contable que acredite la procedencia de los recursos”, advirtió la Fiscalía cuando el empresario decidió acercarse a la justicia.

Sin embargo, meses después el empresario se retractó de esa aceptación de cargos el comunicado que emitió la Fiscalía, en ese momento, quedó como un simple recuerdo, porque el procesado decidió enfrentarse al ente acusador en un eterno juicio que una década después se mantiene entre aplazamientos y un centenar de pruebas a cargo de la misma Fiscalía.

Las víctimas de este caso advierten que han pasado meses sin ninguna actuación judicial al respecto y que existe un claro riesgo de prescripción del proceso, de que la justicia se quede en deuda con la sociedad a la hora de establecer la responsabilidad que en algún momento aceptó el empresario, pero que ahora y después de su retractación se convierte en una roca en el zapato.

A través de un derecho de petición, las víctimas le pidieron al juzgado a cargo de este proceso, que estudiara la posibilidad de pisar el acelerador, de entender los hechos y la gravedad de que el proceso termine prescrito, sin embargo, la respuesta se remitió a una serie de decretos y normas que nada curaron la angustia de los afectados.

La Fiscalía advirtió que tenía al menos 100 elementos de prueba que serían presentados a lo largo del juicio, solicitudes que siguen dándole vueltas a los escritorios del juzgado sin que hasta el momento se resuelva realmente lo importante, que la justicia haga su trabajo y las víctimas encuentren la respuesta que exige la verdad.