Víctimas solicitan vigilancia internacional del caso 01 de secuestros en la JEP

Los familiares de los Diputados del Valle del Cauca secuestrados el 11 de abril de 2002 por las FARC y asesinados el 18 de junio de 2007 publicaron un fuerte comunicado en el cual denuncian que se han filtrado las versiones voluntarias del Caso 01 y que se han utilizado para publicar notas a favor de ese grupo:

“Las FARC filtra información a la prensa buscando que ésta saque notas en su favor, en las que presentan dicha información como un acto de colaboración y humanidad de su parte, cuando lo cierto es que su obligación como comparecientes es aportar todas las pruebas posibles con el fin de reconstruir la verdad de los hechos, a perjuicio de pasar a la justicia ordinaria, en la que pueden pagar condenas de hasta más de 20 años de prisión”.

Asimismo, los familiares de los Diputados del Valle del Cauca agregaron en su comunicado que la JEP no debe hacer publica información que haga parte del proceso que está en etapa investigativa pues incurre en flagrante violación a la reserva del sumario y no puede filtrar, a la opinión pública, información reservada, que aún no ha sido trasladada a las partes.

Por lo anterior, expresaron que “los familiares de los diputados del Valle del Cauca solicitamos vigilancia internacional para que se garantice la reserva de la información de las versiones libres de los comparecientes en el caso 001 que se están adelantando ante la JEP”. Por ello agregaron que han enviado comunicaciones a Human Rigths Watch, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional para que designen veedores para el Caso 01 de la JEP.

Respecto de del Caso 01 ya se habían presentado fuertes críticas por parte de las víctimas como Ingrid Betancourt, quien cuestionó duramente que en el mismo se utilizara la expresión “retenciones ilegales” en vez de secuestros y que los miembros de las FARC hubieran utilizado a las víctimas para justificar este delito:

“Ellos hablan de “retención”, término preliminar aceptado por la JEP, que desafortunadamente incide sobre la valoración de la conducta punible al inferir que se trata de un procedimiento administrativo de carácter transitorio. Parece lógico que el término “secuestro” sea el apropiado pues indica un acto violento y delictivo de usurpación de vida. Esto conlleva a hacer una pregunta: ¿acaso en una investigación por asesinato, por ejemplo, la justicia le cambiaría la denominación al delito refiriéndose a una investigación por suspensión de actividad física permanente mientras se condena al criminal?

Las FARC se apropiaron de mi vida, de mi tiempo familiar y laboral, de mi recorrido político y de mi voz, para usarme como escudo militar, moneda de cambio y plataforma mediática. Ahora siguen haciéndolo, usándome para justificar sus comportamientos delictivos ante la JEP.”

Vea la entrevista de Ingrid Betancourt sobre el manejo del caso de secuestro