La pelea por la fortuna de Víctor Carranza

En vida, pocos se atrevieron a hacer un arqueo de la fortuna que a lo largo de su polémica existencia amasó el zar de las esmeraldas Víctor Carranza. Se decía que era uno de los hombres más poderosos y ricos de Colombia e incluso su nombre alcanzó a entrar en la lista de millonarios de Forbes, cuando la revista le calculó unos 1.000 millones de dólares en bienes en 1992. 

Pocos sabían lo que realmente tenía y lo más increíble es que diez meses después de su muerte, ni su viuda ni sus cinco hijos –que se encuentran enfrentados en la Justicia por la herencia con las otras cuatro hijas extramatrimoniales que tuvo el esmeraldero– han terminado de hacer el inventario de todos sus bienes. Precisamente, a medida que la lista de fincas y haciendas ganaderas en Villavicencio, Puerto López, Puerto Gaitán, Armero, Honda o la sabana de Bogotá, junto a lotes, apartamentos, minas de esmeraldas, empresas mineras, ganaderas y hoteles, entre otros bienes, van ingresando a lo que se debe repartir, las diferencias entre los hijos se han acrecentado. Aunque Carranza les pidió al final de sus días que no pelearan por su herencia, pues había suficiente para todos, han hecho lo contrario.

Desde joven, Carranza se enamoró profundamente de su prima Blanca Carranza, quien lo acompañaría hasta su muerte y con la que tuvo cinco hijos: Holman, Víctor Ernesto, Mery, Andrés Felipe y Arturo, este último nacido con síndrome de Down. Sin embargo, el zar de las esmeraldas mantuvo de forma paralela relaciones extramatrimoniales que al final le dejarían otras cuatro hijas más: Vivian Andrea Carranza, Iliana Catalina Carranza, Ginna Juliana Carranza y Sandra Rusinque. Esta última, una mujer de más de 40 años, siempre fue reconocida y presentada como hija del zar, a pesar de que no llevaba el apellido paterno.

La familia Carranza Carranza siempre supo que el zar de las esmeraldas tenía otras hijas, algo que él veía como absolutamente normal. Sin embargo, él mismo se encargó de que cada familia tuviera su propio espacio y los recursos suficientes para vivir de forma cómoda, más no lujosa y sin ostentaciones. Por eso, salvo algunos encuentros casuales en fincas o cuando iban a recoger la mesada, varios hermanos se conocieron durante sus últimos días de enfermedad en la Fundación Santa Fe en marzo pasado o durante su entierro.

Al final de su vida, según varias de sus hijas, Víctor Carranza les pidió que no fueran a pelear por su herencia, pues había suficiente y que ya todo estaba cuadrado. Al frente de la sucesión iba a estar Jorge Alirio Roa, su abogado y persona de confianza. “Eso sí, nos advirtió que no nos fuéramos a dejar robar”, dijo una de las hijas.

El mismo día del funeral, el 5 de abril, en una sala anexa se reunieron por primera vez todos los hijos, quienes acordaron trabajar como una familia, así nunca hubieran estado juntos, y repartir sin problemas la herencia. Al día siguiente, Roa se comunicó con las hijas y les pidió que le firmaran el poder para representarlas en la sucesión, tal y como lo habían hecho Blanca Carranza y sus hijos. Sin embargo, según ellas, la presión del abogado fue tan intensa y los ofrecimientos tan exiguos, que las tres hijas prefirieron abstenerse de hacerlo.

La menor de todas, Ginna Juliana, de 21 años, recibió una propuesta por escrito para que le vendiera sus derechos por 2.000 millones de pesos a la familia Carranza Carranza, una cifra irrisoria que fue asumida por ella y por sus otras hermanas extramatrimoniales como una mala salida. La joven universitaria no aceptó y hasta el momento no se le ha vuelto a girar la plata que a la que tiene derecho por alimentos. Sandra Rusinque, por su parte, fue notificada por el mismo Roa que la viuda de Carranza había exigido pruebas de ADN y demás trámites legales para demostrar que era hija del zar, jugada que la sacó por el momento de la carrera por la herencia.

A la vez que la familia Carranza Carranza trató de llegar a un acuerdo con las hijas del zar, su abogado Roa redactaba la demanda de sucesión de la viuda y sus cinco hijos, que finalmente fue radicada el 26 de abril del año pasado. Vivian Andrea, Iliana Catalina Carranza, Ginna y Sandra solo se enterarían de su existencia semanas después, ya que no fueron incluidas en el texto que terminó por convertirse en toda una caja de sorpresas y diferencias entre las partes.

Según la viuda y su abogado, Víctor Carranza solo dejó 25 bienes, entre ellos las fincas La Migaja, San José y varios lotes en Villavicencio, varios apartamentos y casas en Bogotá, además de las fincas Las Delicias, en Sasaima, y San Martín, en Honda. Todos los bienes del zar fueron avaluados, según la sucesión, en 10.000 millones de pesos. Las hijas, que fueron con su padre a muchos viajes a sus propiedades, y una más que trabajó con él varios años en el negocio de las esmeraldas, empezaron a desconfiar de esa sucesión.

Carranza aprendió de sus socios, en especial de Juan Beetar, que había que invertir las ganancias de las esmeraldas para que no se esfumaran, como le pasaba a los guaqueros tradicionales, en fiestas, guerras, peleas de gallos y mujeres. Este hombre de negocios, que lo relacionó con la elite política del país de los años sesenta y setenta, enamoró a Carranza de los Llanos Orientales, en especial de la zona de Puerto López, en donde se convertiría en el mayor hacendado de la región. Comprando primero grandes lotes de ganado que daban como ñapa la tierra, pues en los años sesenta los terrenos no valían nada, comprando después fincas aquí y allá para juntarlos, o haciendo que el antiguo Incora le escriturara tierras baldías, o con el cañón en la nuca, el zar de las esmeraldas logró reunir miles y miles de hectáreas en Villavicencio, San Martín, Puerto López, Puerto Gaitán y Acacías, entre otras regiones. Más de 100.000, según él último rastreo realizado en las oficinas de registro, y cerca de un millón sobre las que pastaban otro millón de reses, según el mito llanero.

Carranza puso a la inmensa mayoría de sus bienes a nombre de su esposa Blanca, con la que se casó en 1972, cuando ya le había dado cuatro hijos, ya tenía una hija extramatrimonial, Sandra, y estaba a punto de comenzar otra larga relación extramatrimonial, de la que nacería Vivian. Tras su muerte, sus hijas extramatrimoniales –salvo Sandra, que ahora busca que la Justicia la reconozca como hija legitima de Carranza– decidieron contratar al abogado Ómar Suárez para que las representara y constituir un patrimonio al que debe llegar lo que les toque de herencia a cada una: el 5,5 por ciento de los bienes de su padre o de la sociedad conyugal que tenía con su esposa.

Tras un primer y largo rastreo, los abogados encontraron a nombre de su padre o de su esposa 101 bienes, entre los que están las 10.000 hectáreas de la hacienda Moricichito estimadas en 40.000 millones de pesos, además de la finca Toaja, de 996,6 hectáreas –que vale más de 20.000 millones– en Puerto Gaitán. También están las haciendas El Porvenir, Sonora, San José o la mítica Agualinda, en Puerto López, que fueron avaluadas por lo bajo en 150.000 millones de pesos. Solo un lote urbano en Puerto López, de 12.0776 metros cuadrados, fue avaluado por los peritos de los demandantes en 60.0000 millones de pesos. Esto sin contar haciendas en la sabana de Bogotá, Armero, Honda, Sasaima, junto a hoteles y predios en el archipiélago de San Andrés y Providencia (Ver todos los bienes de Víctor Carranza).

El abogado de las hijas también presentó al juzgado, en su demanda de sucesión, una larga relación de participaciones accionarias que Carranza o su esposa tienen en empresas de esmeraldas como Tecminas, Santa Rosa, Coexminas, Banco Negro, minerales de Arboletes o Calizas del Llano, la única y más grande de la región, así como en varias empresas, como el Hotel del Llano. Finalmente, le pidieron a las autoridades rastrear las cuentas que su padre o sus empresas podían tener en Hong Kong, Panamá, Emiratos Árabes, Barbados, Islas Caimán y Suiza, países en los que se comercializaban las miles y miles de piedras que el zar exportaba desde Colombia. En la demanda, sin embargo, todos los bienes se estiman en 490.000 millones de pesos, una cifra increíblemente absurda para Roa y la familia Carranza. “Con estas y otras cifras de cientos de millones de dólares, que son una fábula, se está poniendo en riesgo a la familia y a los abogados”, dijo Roa.

Pero el listado no para ahí. Al hacer el arqueo de los bienes, los abogados de las hijas encontraron unas transacciones, hechas antes de la demanda de sucesión, que hoy están siendo investigadas por la Justicia. El 2 de abril, dos días antes de morir, Carranza les transfirió a un fideicomiso civil a nombre de Hollman, Luz Mery, Víctor Ernesto y Felipe, diez bienes que eran de su propiedad y que muchos consideran podrían ser los más valiosos del zar. Entre ellos se encuentran La Iberia, una hacienda de 743 hectáreas ubicada en Chocontá, junto a otras más ubicadas en ese municipio, como La Esmeralda, Las Quebradas y El Diamante. A esta se suman otros terrenos en Sopó, como Santa Teresita, Santa Cecilia o El Bosque, que conforman una hermosa finca que marca la entrada a este municipio y colinda con la planta de Alpina. La leyenda dice que hace años le ofrecieron 65 millones de dólares por esos predios, y Carranza se burló de la oferta.

Además de esta operación, se encontraron otras más de Blanca Carranza en favor de sus cuatro hijos, menos Arturo. El 9 de marzo les cedió las acciones del Hotel Lord Pierre de San Andrés, por 300 millones a sus cuatro hijos. También las 55.000 acciones en la sociedad Brisas de Agualinda, que maneja una gran parte de la ganadería de Carranza, por 1.100 millones. El 13 de marzo les vendió por 20 millones la mitad de la ganadería La Cristalina, además de casi la mitad de su participación en Calizas del Llano. Es decir, “que les vendió a precios irrisorios activos muy valiosos que hacen parte del patrimonio de Víctor Carranza y toda la familia, no de unos pocos hijos. Incluso, con esta jugada dejaron por fuera a Arturo, que, por ser especial, tiene una protección jurídica que le fue vulnerada”, dijo el abogado Suárez.

Estas y muchas acciones dejan el sabor de que algo no muy claro está pasando con el manejo de la herencia Carranza. Dudas que aumentan si se observa el lento proceder de la juez que tiene el caso. A esta fecha, no ha resuelto la petición para que se le entregue la cuota de alimentos a Ginna Juliana o para que defina de una vez por todas la fecha de audiencia de inventario de los bienes, hecho que llevaría a la viuda de Carranza y a su familia a declarar bajo juramento todos los bienes sobre los que tienen conocimiento. Algo que han tratado de dilatar al máximo.

Es diciente que justo cuando se está repartiendo una de las herencias más grandes y polémicas de Colombia, el Estado no tenga nada que decir ni nada que revisar. Según el representante a la Cámara Iván Cepeda, muchas de esas tierras fueron adquiridas por Carranza haciéndose pasar por campesino o colono, usando a personas cercanas para que se las adjudicara el Incora o por el temor de los paramilitares de los llanos. “Esas tierras, más que ser parte de un litigio familiar, deberían ser parte del Fondo Nacional de Reparación de las miles de víctimas que dejaron las acciones paramilitares de Carranza y que quedaron en la impunidad. Por eso le pido al Gobierno que actúe, para que reverse al Incoder las tierras que le fueron entregadas por el Estado, revise la tradición de otros y adquiera otros a los precios irrisorios que ellos dicen valer con el fin de impulsar la restitución de tierras”, dijo Cepeda.