Interbolsa parte II: los implicados demandan al Estado

Victor Maldonado no sólo está a punto de recobrar su libertad sino que inició una millonaria demanda contra la Nación.  El empresario, qiuen es uno de los grandes beneficiarios de los créditos del Fondo Premium y llegó a  ser el mayor accionista de InterBolsa, emprendió un pleito jurídico contra el Estado que ha generado indignación en las víctimas de ese descalabro. Los abogados de Maldonado llamaron a audiencia de conciliación a la Superintendencia de Sociedades a la que le reclama 320.000 millones de pesos.

Él junto con su esposa María Inés Escobar, sus hijos Ignácio y Tomás Maldonado reclaman del Estado los daños ocasionados por la intervención sobre cuatro de las empresas asociadas al escándalo de Interbolsa.

Se trata de Las Tres Palmas Ltda. y Helados Modernos, a las cuales la Supersociedades les dio orden de liquidación a comienzos del 2015; y Food Development y Latin Caribean, que fueron intervenidas en medio del escándalo.

Esta es la demanda más alta que se conoce de los protagonistas de Interbolsa contra la Nación. De hecho las pretensiones están por encima del inventario de bienes del Fondo Premium, que el Estado logró recuperar para pagarles a las víctimas.

Maldonado, que precisamente tiene programada para este 2 de enero su audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos para el inicio del juicio, podría terminar acudiendo en libertad a la conciliación, un formalismo necesario para iniciar el trámite de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.  

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Todo parece indicar que después del escándalo por los errores de la firma comisionista más importante del país que dejó cientos de víctimas, viene el segundo capítulo que es aún más cuestionable: el de las libertades de sus protagonistas y las demandas contra el Estado.

En lo relacionado a las demandas contra la Nación, otra de las pretensiones más cuantiosas avanzan viene por cuenta de Alessandro Corridori, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El italiano, protagonista central en las llamadas operaciones Repo con las acciones de Fabricato, tema que se convirtió en el talón de Aquiles que hizo derrumbar a la comisionista InterBolsa, tiene demandada a la Nación por 181.000 millones. Alega que la Superintendencia Financiera fue permisiva y actuó de manera omisiva al permitir que Interbolsa realizara operaciones ilegales.

En el mismo sentido inició acciones la Cartera Colectiva Escalonada Interbolsa Credit, en liquidación, que espera 80.000 millones de pesos del Estado. A estas acciones se suman las millonarias pretensiones de víctimas por 32.000 millones de pesos.

Mientras las entidades del Estado preparan sendas defensas en los estrados, por los lados de la Fiscalía parece inminente que no podrán atajar a varios peces grandes vinculados al caso.

Hace apenas un par de semanas, dejaron la cárcel por vencimiento de términos Juan Andrés Tirado y Rachid Maluf, que fueron gerentes del Fondo Premium; Claudia Patricia Aristizábal de Renta Folio Bursátil (empresa vinculada a Premium) y Natalia Zúñiga de Valores Incorporados, quienes estaban cobijados por medida de aseguramiento. El próximo que podría recuperar su libertad sería Maldonado.

Del escándalo estalló hace cuatro años y solo van tres sentencias, y son justamente los casos en los que los implicados aceptaron algunos de los delitos.

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Se trata de Rodrigo Jaramillo Correa, Clemencia Soto Uribe, del área comercial de la comisionista Interbolsa, y John Alexander Muñoz, exgerente de Valores Incorporados, filial de Premium. El balance no es nada alentador y mas si se tiene que cuenta que el caso comenzó con la vinculación de más de 40 personas.