Las directivas de la universidad hacen el llamado para que avancen las investigaciones, en cabeza de la Fiscalía, que buscan esclarecer el desfalco de cerca de $30 mil millones de las arcas de la institución. Foto: Universidad Metropolitana de Barranquilla.
Las directivas de la universidad hacen el llamado para que avancen las investigaciones, en cabeza de la Fiscalía, que buscan esclarecer el desfalco de cerca de $30 mil millones de las arcas de la institución. Foto: Universidad Metropolitana de Barranquilla. | Foto: Foto: Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Nación

Video | Exasesor de Unimetro se entregó ante la Fiscalía pero no sabe de qué lo acusan

En contra de Manuel Raad existía una orden de captura en la investigación por el desfalco al centro educativo.

3 de marzo de 2022

En compañía de su abogado, se entregó Manuel Raad Berrío, exasesor de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Esto después que conociera que existía una orden de captura en su contra en el marco de la investigación que se adelanta por el millonario desfalco que se registró durante años en el centro educativo.

El pasado miércoles, SEMANA reveló en exclusiva la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la captura contra el exrector de la Unimetro, Carlos Jaller; su esposa, Ivonne Acosta, y tres personas más por delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal, delitos informáticos y destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado. Es decir, la Universidad no solo era un fortín político, sino objeto de desfalco durante años.

Carlos Jaller protagonizó una pelea jurídica con varios familiares del socio fundador de la Unimetro por el control de la Universidad luego de que fuera destituido por la junta directiva como rector en el 2016. En su contra existen denuncias por el desfalco de 30 mil millones de pesos de las arcas de la institución educativa. Por estos hechos, según estableció SEMANA, están en la mira de las autoridades Ivonne Acosta, Dorina Tapia, Jorge Hernández Cassis y Manuel Raad Berrío.

En medio de esta batalla jurídica apareció el entonces senador Eduardo Pulgar Daza, quien quiso sobornar con 200 millones de pesos al juez municipal de Usiacurí (Atlántico), Andrés Rodríguez Cáez, para que fallara a favor de Luis Fernando Acosta. Por estos hechos, Pulgar fue condenado a cuatro años y medio de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia.

“No tengo claro de qué se me acusa”

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, Raad Berrío asegura que no tiene claridad de los hechos por los que es acusado, por eso se presentó para “aclarar y dar las explicaciones que sean pertinentes”. En la grabación, que dura menos de un minuto, aparece el exasesor de la Unimetro en compañía de su abogado en una sede de la Fiscalía.

Estamos convencidos de nuestra inocencia, que siempre hemos obrado con rectitud y decencia en el desempeño de nuestras funciones y deberes”, asegura Raad, mientras en el fondo suena una música instrumental con un mensaje melancólico. Antes de su entrega había publicado ya una carta con destino a sus estudiantes, amigos y familiares asegurando que saldrá adelante.

“(...) aún no tengo claro de qué se me acusa, salvo que el asunto está relacionado con mi paso como asesor externo de la Universidad Metropolitana, institución a la que serví sin descanso cerca de dos años y en la que disputas entre sus entonces directivos dieron al traste con un franco y acelerado proceso de crecimiento y fortalecimiento en todos los frentes misionales (docencia, investigación, extensión, bienestar e internacionalización)”, precisó.

En la misiva indicó que la existencia de una orden de captura en su contra representa una “injusticia”, por eso está presto a dar las respuestas necesarias dentro de las investigaciones que adelante la Fiscalía General. “Escribo esta carta privado injustamente de la libertad, tengo la conciencia tranquila y el corazón sereno pues no hay deshonra en el ser víctima de una injusticia, prefiero ello a obrar como victimario. Hoy tomé la decisión de comparecer voluntariamente ante las autoridades ante la noticia de una posible orden judicial en mi contra”.

La Fiscalía General busca identificar a todas las personas que estuvieron inmersas en los malos manejos de recursos dentro de la Unimetro, así como el valor total del descalabro financiero.