En las 14 comunidades del resguardo indígena Dokabu de Pueblo Rico, noroeste de Risaralda, hay un luto generalizado. Una tristeza de esas que acallan palabras y tratan de buscar culpables con la mirada. A esa zona de verde intenso al lado del río San Juan ahora no puede entrar ningún foráneo ni fuerzas militares. Los más de 5.000 habitantes tienen una fecha escrita con rabia y dolor: domingo, 21 de junio de 2020.

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Los relatos para reconstruir lo que pasó ese día están fragmentados en varios momentos, luego de que siete soldados del Ejército secuestraron a una niña de 11 años, la llevaron a una zona apartada y la violaron. El guardia indígena Maximiliano Queragama recuerda las 15 horas de búsqueda entre la espesa selva; el gobernador del resguardo Dokabu Juan de Dios Queragama, el rostro de desconsuelo de los familiares que suponían lo peor; y Felicinda, hermana de la menor, tiene muy presente cuando la encontraron llorando cerca de una quebrada con la ropa desgarrada.

El rumor sobre el aberrante hecho llegó al resguardo Dokabu a las diez de la mañana del día siguiente. Los más inquietos salieron a acompañar a la guardia indígena a sacar de sus terrenos al pelotón Buitre II de la Octava Brigada del Ejército Nacional, única fuerza armada en la zona.

SEMANA estuvo en el resguardo indígena en donde violaron a la menor. Las mujeres y las niñas que aún están allí tienen miedo y una sensación de dolor y rabia por lo ocurrido. 

A la menor la vieron andar el domingo por la comunidad Santa Teresa, muy cerca del corregimiento Santa Cecilia. Caminó y corrió con los otros niños del lugar. Al mediodía se bañaron en el río San Juan, jugaron a las sirenitas y luego ella subió a su casa, un pequeño rancho de tablas sin puertas ni ventanas. Su hermana Felicinda la envió a recoger unas guayabas para comer en la tarde, y se fue sola. No tenía nada que temer si nunca había pasado nada. La niña se alejó del centro poblado para conseguir los mejores frutos. En el camino se encontró con sus verdugos.

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Los hombres vieron a la tímida niña de origen indígena como una presa. Se la llevaron aún más lejos, a un lugar donde decidieron doblegarla violentamente. Le arrancaron la ropa y, uno a uno, la violaron. La tendieron en el piso, le taparon la boca para ahogar sus gritos, la sometieron a la fuerza y, en medio de un delirio brutal, arruinaron su vida. Solo un soldado se abstuvo de violarla, pero tampoco se opuso. Solo observó.

Mientras tanto la familia, al advertir la tardanza, se inquietó. Empezaron a llamarla con gritos desde la casa, esperaban que la niña volviera pronto. Pero cayó la noche y nada; decidieron salir a buscarla. Le preguntaron a algunos vecinos y recorrieron el sector próximo a la casa. En particular, la hermana mayor y la mamá de la niña, una mujer enferma y sin esposo, intuyeron que no era una pilatuna sino que algo malo estaba pasando. No obstante, su búsqueda no dio frutos a pesar de que duró hasta las tres de la mañana. Al día siguiente, desde muy temprano, retomaron la búsqueda. Fueron hasta algunas veredas todavía más apartadas e hicieron correr la voz de que la niña había desaparecido. Toda su comunidad embera entró en alerta.

La familia asegura que incluso el lunes por la mañana, al buscar a la menor, se toparon con un grupo militares y que estos dijeron que habían visto a una niña por ahí el día anterior. Nada más. Finalmente, hacia las diez de la mañana, la pequeña apareció. Su familia la encontró en shock, llorando junto a una quebrada. La llevaron a la casa y, tras calmarla un poco, empezó a relatar cómo la había violado un grupo de soldados del Ejército.

Los siete militares la mantuvieron 15 horas retenida en la selva y solo la dejaron ir tras advertirle que no podía contar nada de lo sucedido. Pero la niña no solo dio cuenta del crimen, sino que cuando su hermana le preguntó si podría reconocer a los soldados, dijo que sí. Entonces decidieron ir hasta la base militar para enfrentarlos. Allí la niña, efectivamente, identificó y señaló al menos a tres de los responsables. La familia lanzó insultos contra el Ejército en medio de una escena de lágrimas, impotencia e indignación.

También sintieron temor. “Ellos saben quiénes somos y dónde vivimos, nos pueden hacer cosas…”, dijo a SEMANA la hermana de la niña. Aún así, resolvieron denunciar lo ocurrido. Se desplazaron hasta la cabecera municipal y el mismo lunes por la tarde formularon la denuncia penal en la Unidad de Reacción Inmediata de Pereira.

A partir de ese momento la Fiscalía empezó a hacer sus indagaciones. El CTI inspeccionó el lugar de los hechos con luces fluorescentes de contraste para detectar fluidos y los investigadores practicaron una veintena de entrevistas a la familia, a pobladores y militares. Las pesquisas fueron confirmando todo. Personal médico de Medicina Legal examinó a la niña, quien quedó protegida por Bienestar Familiar.

Quince horas de angustia

Cuando cayó la noche, lideraron la búsqueda de la menor los miembros de la guardia indígena, jóvenes emberas chamí equipados con un largo bastón de mando y chalecos azules. Maximiliano Queragama coordinó el barrido del territorio. Visitaron lugares apartados y descartaron por algunas horas buscar en inmediaciones del pelotón móvil. No había caso revisar donde está la autoridad porque, como se supone en estos casos, la criminalidad trata de escabullirse de la ley.

“Nadie estaba alterado. Hicimos la búsqueda de rutina, pero no intensa, porque este resguardo es muy tranquilo. Pensamos que de pronto la niña se había ido para Pueblo Rico o estaba escondida en otra vereda”, le dijo Maximiliano a SEMANA.

Cuando reanudaron la búsqueda al día siguiente, él acompañó a la familia a preguntar a los militares si la habían visto. Les dijeron que sí, que en la víspera. De regreso al resguardo la vieron deshecha en lágrimas y temerosa. “A ella le temblaba todo el cuerpecito y no paraba de llorar. Yo pensé que tenía frío, porque esa agua es helada y ella estaba mojada”, recuerda Maximiliano. SEMANA lo acompañó de nuevo a la quebrada donde hallaron a la pequeña. El agua se desprende desde la montaña, cae y abre un camino de aproximadamente metro y medio. Hay tres árboles de troncos llenos de hongos. “Aquí no se pueden tomar fotos. Este pedazo está impuro y debe ser purificado...”, dijo Maximiliano. La quebrada ahora simboliza la barbarie para los emberas.

Después de 15 horas desaparecida, la familia y la comunidad encontraron a la niña de 11 años a orillas de este río que pasa cerca del corregimiento Santa Cecilia.

Juan de Dios Queragama, gobernador del resguardo Dokabu, estuvo presente cuando la niña empezó a relatar las aberraciones de las que fue víctima. Él estaba acompañado por la mamá y la hermana de la menor. Las vio llorar abrazadas. “Uno empieza a sentir angustia y no sabe qué hacer, porque ellas estaban bastante afectadas, incluso ahora no se ven bien psicológicamente”, cuenta.

“Las niñas y mujeres están en peligro”

Juan de Dios, tras abandonar la casa de la niña, ordenó reunir a la guardia indígena. La charla fue breve: “Las niñas y mujeres están en peligro. No pueden volver a salir solas”. Luego se fueron a encarar nuevamente a los militares. El sargento viceprimero Daniel Díaz*, comandante del pelotón Buitre II, los atendió. Los emberas no sabían que ese suboficial ya había denunciado ante la Policía de Infancia y Adolescencia a los hombres bajo su mando responsables de la violación. A pesar de la hostilidad del momento por los reclamos de la comunidad, los 29 soldados de ese pelotón se retiraron sin oponer resistencia. Regresaron a Pereira, al batallón San Mateo.

La guardia bloqueó los accesos al resguardo para impedir el regreso de las tropas. “Las niñas y mujeres están atemorizadas. No quieren ver a ningún grupo armado, porque ya pusieron nuestras vidas en peligro. Ya no se sienten seguros como anteriormente, sino que hay una sensación de que se irrespetó a una menor y a toda la comunidad”, dice Juan de Dios.

La cultura de los emberas chamí es disciplinada y hermética. Se deben a las órdenes de su gobernador, jefe máximo de la comunidad, y de la guardia indígena. En las comunidades no hablan español sino kativo, su lengua tradicional. Las casas no tienen puertas ni ventanas, porque entre la comunidad no hay qué temer y nada que ocultar. No permiten la mezcla de etnias, es decir, las mujeres y los hombres solo deben buscar pareja en el resguardo.

Por eso lo ocurrido con los militares no solo violentó a una niña, sino a una comunidad entera. “Nosotros estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender la autonomía de nuestros territorios. Los militares rompieron la confianza que les teníamos y eso no se va a remediar jamás”, subraya el gobernador Juan de Dios.

Los culpables

Estos jóvenes emberas chamí, equipados con un largo bastón de mando y chalecos azules, pertenecen a de la guardia indígena que buscó a la niña de 11 años durante más de 15 horas.

El sargento Díaz fue el primer suboficial del Ejército en darse cuenta de lo ocurrido. Escuchó un día después el testimonio de Felicinda. Le contó que a su hermana la violaron siete de sus hombres. “Yo tenía 29 soldados bajo mi mando. Y en ese momento no logro saber quién fue. El día 23 de junio llegamos al batallón San Mateo, y formo al personal, vuelvo y les pregunto e invito a los responsables a dar un paso al frente, porque lo que había pasado era muy grave”.

Los soldados regulares Luis Fernando Mangareth Hernández, Deyson Andrés Isaza Zapata, Óscar Eduardo Gil Alzate, Juan David Guaidi Ruiz, José Luis Holguín Pérez, Yair Steven González y Juan Camilo Morales Poveda, todos entre los 18 y 21 años, dieron un paso al frente. A tres de ellos ya los había reconocido la menor.

Las autoridades condujeron a los siete ante un juez y fueron acusados de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años. A seis militares los imputaron como autores, y al séptimo, en calidad de testigo. El jueves por la mañana el Ejército los expulsó de sus filas. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, y el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército, rechazaron categóricamente lo sucedido. “En medio de este acto atroz quiero decirles que, como comandante del Ejército de los colombianos, no seré laxo y seré contundente en mis actuaciones, cuando se quebranten los principios éticos y morales”, dijo el alto oficial ante la comunidad embera. Había ido a visitarlos y a presentar excusas en nombre de la institución por lo ocurrido.

El presidente Duque también se pronunció: “Aquí no podemos ser tolerantes frente a ninguna de estas conductas. Tenemos que ser drásticos e imperativos. A mí me duele que se señale a miembros de la Fuerza Pública de haber cometido la violación de una niña indígena, pero vamos a ir hasta el fondo de las investigaciones”. Agregó que si el Gobierno debía “estrenar la cadena perpetua con ellos, lo vamos a hacer”.

Este es el sargento viceprimero que tenía bajo su mando a los 29 soldados del pelotón Buitre II y quien por primera vez se refiere a lo que hicieron siete de sus hombres.

Todos los militares implicados se declararon culpables y no presentaron recurso alguno. Eso los puso ante una sentencia condenatoria que puede llegar hasta 30 años. A pesar de la prontitud y contundencia con que procedió la Fiscalía, hay un gran debate jurídico, pues importantes penalistas salieron a señalar que los soldados debieron ser acusados de acceso carnal violento y no de acceso carnal abusivo. Al respecto, el fiscal Francisco Barbosa señaló que se trata de “un matiz que no tiene relevancia desde el punto de vista del castigo, que va a ser de 16 a 30 años por parte de esos soldados. En menos de 72 horas se practicaron más de 40 actividades investigativas que fueron determinantes para poner en evidencia a los siete soldados. No vamos a ceder un ápice en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños”.

La Fiscalía solicitó enviar a los soldados a la cárcel, pero su abogado señaló que, como el caso tenía connotación nacional y había despertado una gran indignación, los responsables corrían peligro en una prisión ordinaria. El juez entonces decidió que mientras dicta sentencia, los soldados estarán presos en una guarnición militar.

Esta decisión abrió aún más la herida en el resguardo. Quieren que los siete acusados comparezcan ante la comunidad para aplicarles la justicia indígena antes de que la ordinaria los juzgue. En la cima de la montaña, en un lugar sagrado para los dokabus, hay siete cepos armados para castigar con látigos a los violadores. Luego pasarían por un acto de purificación.

“Aquí no vamos a quedar tranquilos hasta que se haga justicia. La guardia tiene sus duelos y quiere que le entreguen a los militares para también aplicarles nuestra autoridad indígena”, explica Juan de Dios. Entretanto, las niñas amigas de la menor abusada gritan en su lengua nativa: “Queremos una condena severa, porque esas personas son inhumanas”. La rabia y el dolor se pasean por el resguardo desde el 21 de junio de 2020. Para los dokabus no habrá un día más triste.

*Nombre cambiado

“Lo que había pasado era muy grave”

SEMANA habló en exclusiva con el sargento que comandaba el pelotón y denunció a los siete soldados que confesaron haber abusado de la niña embera.

El sargento Viceprimero Daniel Díaz* lleva casi 20 años en el Ejército y no duda en decir que en su larga carrera militar nunca le había tocado enfrentar una situación tan difícil como la que vivió cuando se enteró de que siete de sus soldados habían violado de una niña indígena de 11 años de la comunidad embera. El sargento es un hombre de pocas palabras, apegado a las normas y con una hoja de vida llena de felicitaciones por su desempeño. Él era el comandante del pelotón Buitre II de la Octava Brigada, el cual estaba conformado por 29 soldados, dentro de los cuales estaban los siete que aceptaron cargos por abuso sexual contra la menor de edad.

Aunque el sargento se encontraba en el batallón San Mateo en Pereira cuando ocurrió el abuso, llegó al día siguiente a realizar un control a los hombres bajo su mando. Allí se encontró con la hermana de la niña, quien le contó lo sucedido. Sin dudarlo, no intentó encubrir a sus hombres; la mayoría eran soldados que estaban prestando su servicio militar obligatorio desde hace un año. Por el contrario, fue el primero en acompañar a la familia y en poner la denuncia ante las autoridades y sus superiores. Por motivos de seguridad, prefiere mantener en reserva su nombre y su rostro. Sabe que hizo lo correcto, aunque le duele que algunos de los hombres en los que confiaba y veía como si fueran sus hijos hayan cometido un crimen tan atroz. Por primera vez habla de lo que sucedió.

SEMANA: ¿Cómo se da cuenta de lo que habían hecho estos siete soldados?

D.D: El 2 de junio yo me encontraba en una actividad administrativa. Luego llego al sitio donde opera mi patrulla móvil (vereda Piedras) y me encuentro con una familiar de una joven; me pongo a disposición de ella, me identifico como el comandante del Ejército en el área de operaciones donde estoy asignado, zona compleja con presencia de grupos armados, y ella cuenta que una menor indígena fue abusada sexualmente por algunos miembros de mi pelotón.

SEMANA: ¿Qué hace usted en ese momento?

D.D: Hago lo que a los comandantes nos han inculcado, y es ir por la parte legal.

SEMANA: ¿Cuántas personas tenía usted bajo su mando y cómo hizo para individualizar a los responsables?

D.D.: Yo tenía 29 soldados bajo mi mando. Y en ese momento yo no los individualizo, porque nadie quiso confesar quién fue. El día 23 de junio llegamos al batallón San Mateo, y yo formo al personal, vuelvo y les pregunto e invito a los responsables a dar un paso al frente, porque lo que había pasado era muy grave, estábamos hablando de una menor de edad. En mis 18 años en la institución me han inculcado eso: reconocer y dar un paso adelante cuando las cosas no están bien.

SEMANA: ¿Qué pasó después?

D.D.: Como comandante de pelotón le informo a mis superiores, les digo que hay una novedad y me pongo a disposición de la familia de la menor afectada. Inmediatamente llamo a la Policía de Infancia y Adolescencia del corregimiento Santa Cecilia y les recalco a los familiares: si hay que poner la denuncia, se hace de manera urgente, porque era una acusación muy grave. En ese momento yo no tenía certeza de si la denuncia era cierta o no.

SEMANA: ¿Qué pensó en el momento en que los familiares le hacen la denuncia?

D.D: La verdad, yo siempre confío en mis soldados. Soy un comandante que exijo para que el soldado responda. Son cosas que uno dice ‘no lo creo’, pero se tienen que investigar. En ese momento no se me vino nada a la cabeza porque no sabía si era verdad o mentira.

SEMANA: Cuando usted reportó la novedad e individualizan a los soldados, ¿qué pasó?

D.D: Yo como comandante de pelotón tengo que asumir una sanción disciplinaria. Soy consciente de que tengo que responder por lo que hagan o dejen de hacer mis hombres. Aquí se nos ha inculcado el apego a la ley, y en todo momento salvaguardar a la población civil.

SEMANA: ¿Qué puede decir de estos siete soldados regulares?

D.D.: En el tiempo que estuvieron conmigo siempre se mostraron como muchachos muy tranquilos. Son soldados que no tenían problemas con sus compañeros ni con sus comandantes. Siempre les exigí y respondían de la mejor manera.

SEMANA: En los 18 años en la institución, ¿le había ocurrido algo similar con un pelotón bajo su mando?

D.D: Nunca. Gracias a Dios he tenido una carrera muy buena.

SEMANA: Después de que son individualizados, ¿qué le dijo usted al pelotón?

D.D.: Uno como comandante de pelotón se convierte en el padre de estos muchachos. Es el directo responsable de lo que hagan. Les dije eso, que nosotros nos debíamos a la comunidad. 

Crimen, castigo y debate

“La imputación de la Fiscalía no quiere significar que haya o no consentimiento de la víctima. Estamos señalando que ocurrió un hecho delictivo que es reprochable”, dijo Carmen Torres, fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana.

La celeridad de la Fiscalía para llevar ante los jueces a los responsables del abuso sexual contra una niña indígena fue aplaudida, pero despertó un debate en torno a la manera como se presentaron los cargos. El país celebró la rapidez con que la Fiscalía logró que los autores de la violación aceptaran cargos en menos de 48 horas, en una justicia en al que los procesos toman años y hay todo tipo de artilugios, aplazamientos y burocracia. Acá hubo una sensación de justicia. Sin embargo, al conocerse los detalles de la audiencia llevada a cabo ante un juez de Pereira, surgió un debate sobre cómo la Fiscalía había formulado cargos a siete soldados.

La entidad sentó a los soldados en el banquillo por acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, un delito usado para castigar relaciones sin violencia. Eso encendió las críticas por el proceder de los investigadores.

El propio Gobierno cuestionó la imputación. “Estoy totalmente en desacuerdo, aquí hay una violación. No se trata de un abuso ni de un acceso, es violento. Si no llamamos las cosas por su nombre, después vemos al juez de garantías teniendo un tratamiento benigno”, afirmó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. En el mismo sentido se pronunció la viceministra de Justicia, Juanita López Patrón, al afirmar: “Respetamos la autonomía, es autoridad de la Fiscalía, pero sin duda se trata de un acto violento”.

Ante la polémica, la fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, Carmen Torres, explicó en La FM que la Fiscalía imputó un delito que tenía cómo sustentar ante los jueces con las evidencias recolectadas. “La imputación de la Fiscalía no quiere significar que haya o no consentimiento de la víctima. Estamos señalando que ocurrió un hecho delictivo reprochable. El fiscal del caso consideró que el delito a imputar es este y que tiene, entre sus agravantes, las circunstancias de particular autoridad que pudieron ostentar los militares”, indicó. Tanto la delegada Torres como el fiscal Francisco Barbosa han hecho énfasis en que la pena a imponer será de 16 a 30 años, sin posibilidad de beneficios por allanamiento a cargos.

En este debate jurídico hay tres cuestionamientos básicos: 1. Que el delito no corresponde a la gravedad de los hechos. 2. Que podría tener un efecto más benéfico en las penas a imponer a los soldados. 3. La tipificación podría llevar a que se caiga el caso después. Tres temas que despiertan entre los penalistas grandes argumentaciones.

Por un lado, están quienes consideran que el delito que se acomodaba con más precisión a lo que parece haber ocurrido es el de acceso carnal violento. En este sentido, el penalista Francisco Bernate advierte que la Fiscalía “desconoce que se considera violento cualquier hecho donde la menor no dé su consentimiento libre, y una niña de 11 años evidentemente no puede dar su consentimiento para acostarse con siete desconocidos”.

En la orilla opuesta está el reconocido abogado Iván Cancino, quien manifiesta que en un caso tan sonado la Fiscalía actuó en derecho y con base en las evidencias, y con el propósito de evitar someter a la menor a declaraciones y situaciones probatorias: “Nos estamos volviendo más papistas que el papa. El fiscal hizo que siete señores aceptaran un delito gravísimo que va a permitir a la víctima iniciar incidente de reparación pronto, no se les regaló nada a los soldados porque es un delito que tiene la misma pena”, dijo. Cancino, además, señaló que es un error suponer que porque les aplicaron acceso carnal abusivo hubo consentimiento de la menor, pues en el derecho penal una menor no puede consentir válidamente. En esta línea se combinan los argumentos de una justicia pronta; de una reparación más expedita a la víctima, que se evite el desgaste psicológico y jurídico del juicio y que ante la aceptación de los victimarios, las penas serán las mayores, es decir, 30 años. Frente al tema de la pena hay un relativo consenso en que podría ir hasta ese lapso por cualquiera de las dos vías.

Unos más ven otros problemas. Para el penalista Jaime Granados, la Fiscalía no imputó el acceso carnal violento, no imputó coautoría y no lo hizo a título de concurso, lo que podría haberles representado hasta 60 años. “La Fiscalía actuó rápido, pero las cosas hay que hacerlas bien y llamarlas por su nombre. La información que ha trascendido deja inquietudes y si los siete participaron, hubo una acción colectiva de miembros armados no consentida por la menor, de modo que uno responde por lo que hayan hecho los demás”, enfatizó.

Granados también critica que un juez hubiera enviado a los soldados a una guarnición militar so pretexto de su seguridad –dada la indignación nacional–, cuando el ministro de Defensa ya anunció que los retiraron del servicio.

Un caso similar se convirtió en uno de los hechos más sonados en España. El Tribunal Supremo tuvo que revocar la sentencia por acceso carnal abusivo en el caso conocido como La Manada. El tribunal consideró que cuando cinco hombres violan a una joven, el hecho implica violencia, pues el miedo incapacita a la víctima para resistir a la agresión. En Colombia el debate apenas comienza y los jueces tendrán la última palabra.